Página/12 :: Economía :: No registrado

En los procesos sociales que la literatura convencional define como económicos, el análisis estático constituye la principal falencia para su evaluación. Es usual en economistas con visibilidad mediática que la presentación de cifras oficiales relacionadas al universo laboral, la producción o el mercado de cambio los precipite a brindar sentencias categóricas. Luego, inmediatamente gatillan sus predicciones, arte que se ha probado que no dominan. En esas afirmaciones tajantes sobre el dato coyuntural y en esos pronósticos de pitonisa no consideran el recorrido pasado, para tener perspectiva histórica, ni las condiciones estructurales, para contextualizar, que permitirían una mejor comprensión de determinado fenómeno socio-económico. Esto resulta clave para elaborar un mejor diagnóstico y, para los hacedores de política, para permitir una intervención más eficaz. La situación del empleo no registrado, que popularmente se denomina “en negro”, brinda la posibilidad de realizar ese ejercicio más complejo que los rústicos análisis que dominan el espacio público.

El empleo no registrado constituye una de las principales expresiones de la precariedad laboral. A ese trabajador no le hacen los descuentos jubilatorios sobre la remuneración que percibe, lo que implica que no se encuentra declarado y, por lo tanto, en su vida laboral no cuenta con el beneficio de una obra social, asignaciones familiares, seguro por desempleo, cobertura por invalidez y muerte. Esta práctica fuera de las normas realizada por empresas se desarrolla ante las limitaciones de los controles estatales, que aumentaron en los últimos años pero resultan insuficientes por la heterogeneidad y variedad del trabajo no registrado. El sector informal en la economía está integrado por unidades de baja productividad relativa y precaria inserción económica, además de actividades ilícitas que por su naturaleza no pueden ser regularizadas. También tiene mucha relevancia el particular tipo de contratación que presenta la actividad de las trabajadoras del servicio doméstico.

Las principales características del empleo informal son las siguientes:

- Más mujeres que varones por el peso del sector servicio doméstico.

- Jóvenes hasta 24 años y mayores de 59 años. Entre estos últimos la mayoría cobra jubilación, o sea ese trabajo es un ingreso complementario.

- Afecta a los sectores con menor nivel educativo.

- La rotación es más elevada, o sea la permanencia en el mismo lugar de trabajo es menor.

- Tienen una jornada laboral más reducida.

- Remuneraciones más bajas.

- Habitan en hogares pobres.

Respecto de este último punto, es motivo de controversia entre especialistas determinar si el hecho de tener un empleo no registrado provoca la caída de los trabajadores bajo la línea de pobreza; o si determinadas condiciones estructurales por provenir de un hogar pobre provocan que se inserten en sectores productivos que en general cuentan con puestos de trabajo no registrados.

La población económicamente activa se estima en alrededor de 17 millones de personas y con una tasa de desempleo del 7,4 por ciento, existen cerca de 15.670.000 ocupados, de los cuales 12 millones son asalariados. Según el último dato oficial, el empleo irregular se ubica en el 34,1 por ciento en el primer trimestre de este año. Esa cifra porcentual equivale a unos 4,0 millones de trabajadores. Esa tasa continuó mostrando una tendencia descendente, sin embargo en valores absolutos la cantidad se mantiene constante. Esto sugiere que gran parte de los nuevos empleos que se crean son “en blanco”, sin un proceso de conversión de los actuales empleos “en negro” hacia la registración, lo que define entonces como un núcleo duro de informalidad de difícil perforación. Esos trabajadores están distribuidos de la siguiente manera:

- 900 mil empleadas domésticas.

- 1,9 millón en unidades económicas hasta cinco ocupados.

- 1,2 millón en establecimientos desde seis operarios.

El servicio doméstico es la actividad productiva que concentra a la mayor cantidad de asalariados no registrados, seguido por comercio, industria manufacturera y construcción. En conjunto, estas ramas de actividad agrupan algo más de las dos terceras partes del empleo no registrado localizado en las áreas urbanas, que a nivel nacional equivale a 2,7 millones de personas. Un elevado porcentaje de estas unidades productivas desarrollan actividades precarias de bajo rendimiento que, en general, se encuentran al margen de la economía declarada. En ese grupo, el empleo no registrado suele ser interpretado por especialistas en temas laborales como una problemática específica de la economía marginal, en la cual las políticas de inspección suelen tener una eficacia limitada o directamente no son factibles de realizar. En cambio, los 1,2 millón de asalariados no registrados en establecimientos de más de cinco ocupados componen el grupo donde esa situación estaría vinculada con la decisión de los empleadores de no declarar a sus trabajadores para no afrontar el pago de contribuciones patronales y previsionales del empleado. En estos casos, ese comportamiento está asociado a la evasión tributaria: la empresa produce o vende por un monto que sólo puede justificar con una determinada plantilla, pero como desembolsan impuestos por una suma menor al giro de la actividad, conforma un plantel de personal en condiciones legales acorde a esa magnitud de producción, manteniendo en la irregularidad el resto. Por la visibilidad que presentan los establecimientos de más de cinco trabajadores, las inspecciones pueden rendir frutos concentrándose en ese objetivo.

Esta descripción permite plantear a cuánto puede disminuir ese tipo de modalidad laboral del actual 34,1 por ciento. En un contexto de continuidad del crecimiento económico, el mejor horizonte se encuentra en un rango del 22 al 26 por ciento, en un escenario donde se reduce hasta casi la eliminación de contratos irregulares en unidades productivas de más de seis empleados y disminuyendo el porcentaje de precariedad en el servicio doméstico. Una investigación de Diego Schleser de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, del Ministerio de Trabajo, reconstruyó la serie de la tasa de empleo no registrado armonizada excluyendo a los beneficiarios de planes de empleo, durante el período comprendido entre 1980 y 2007, para el área metropolitana del Gran Buenos Aires. Una de las evidencias que refleja ese ciclo es que la tendencia creciente del empleo irregular se mantuvo tanto en fases expansivas como recesivas, y bajo regímenes económicos diversos de carácter desregulador y aperturista, así como en modelos más proteccionistas y con mayor intervención estatal. Se observa que el índice se incrementa prácticamente en todos los años desde 1980 hasta 2004. Desde ese año ha empezado a reducirse lentamente, hasta alcanzar el mencionado 34,1 por ciento. Dicha reducción de la tasa, a pesar de sus limitaciones, constituye el proceso más relevante de mejora operada sobre ese problema del mercado laboral desde 1980, cuando la informalidad era del 22 por ciento.

Esa tendencia positiva, a un ritmo mucho más suave que el crecimiento global de la economía, plantea el desafío de instrumentar políticas específicas conociendo las particularidades de ese mercado, además de saber que existe suficiente evidencia empírica que coloca el empleo informal estructural en un porcentaje elevado de la población ocupada.

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