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La Corte Suprema empezó a trabajar con la Anses en la búsqueda de una solución al problema de la litigiosidad previsional. El máximo tribunal designó ayer a su representante en una comisión técnica conjunta con el organismo, cuya tarea será estudiar mecanismos que permitan reducir la multiplicación de juicios de jubilados. A la vez, los supremos pidieron a la Anses más información sobre los expedientes en trámite. Todos esos pasos son indicios de que la Corte está intentando una salida consensuada con el Gobierno, que acelere la tramitación y el pago de sentencias previsionales. De ese modo, quedaría de lado la opción de un fallo general que extienda los efectos de los casos Badaro y Eliff al resto de los jubilados en su misma condición. Para la Anses, esta última opción pondría al sistema de seguridad social en “riesgo institucional”, por el elevado costo fiscal que implicaría una medida de ese tipo.
La Corte tiene que resolver una demanda del defensor del Pueblo de la Nación, quien planteó una acción de clase para universalizar el alcance de los fallos Badaro y Eliff, de ese mismo tribunal. El primero consiguió la actualización de su jubilación por el período 2002-2006, mientras que Eliff logró el recálculo de su haber inicial. La Defensoría argumenta que de ese modo miles y miles de jubilados no se verían obligados a iniciar una demanda en cada caso, sino que accederían a los mismos beneficios que aquellos con una sola sentencia. Eso terminaría con el colapso de los juzgados de la Seguridad Social, abarrotados de expedientes, y resguardaría los derechos de los jubilados.
A fines de junio, el máximo tribunal le pidió a la Anses información detallada sobre las sentencias por liquidar y las causas en trámite. El titular de la Anses, Diego Bossio, remitió un mes más tarde todos esos datos y les pidió a los ministros una audiencia para explicar la posición del organismo. La reunión tuvo lugar hace tres semanas. Allí Bossio argumentó que el costo fiscal de un fallo como el que reclama la Defensoría es tan alto que pondría en riesgo otras políticas del Gobierno, como las moratorias previsionales, que les permitieron acceder a una jubilación a 2,5 millones de personas; la Asignación Universal por Hijo, que atiende a 3,5 millones de chicos, y el plan de distribución de netbooks a 3 millones de estudiantes secundarios de escuelas públicas.
Los ministros de la Corte se mostraron receptivos frente a esos argumentos, en especial por los avances que ha hecho el Gobierno en la ampliación de la cobertura previsional. Pero también reclamaron que la Anses dé pasos para apurar la liquidación de sentencias y no trabe juicios que podrían salir más rápido. El esquema que acordaron el tribunal y el organismo fue conformar una comisión técnica mixta que encuentre atajos para reducir la cantidad de juicios previsionales. Ayer la Corte designó a su representante en ese cuerpo.
Uno de los pedidos que formuló fue que la Anses resuelva por vía administrativa en qué casos los reclamos de jubilados son pertinentes, al menos desde el punto de vista del monto de la actualización de haberes solicitada, y en cuáles el pedido es abstracto, dado que no les correspondería ningún ajuste por los aumentos recibidos en los últimos años. La Anses estima que entre el 20 y el 30 por ciento de los juicios terminan en la nada por esta última cuestión. Lo que quiere la Corte es que en lugar de esperar a que se desarrolle todo el juicio para llegar a esa conclusión, el organismo previsional entregue el dato al principio y se evite el inicio de la causa. Así los jueces se ahorrarían de tramitar más de 50 mil expedientes.
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