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Desde el 31 de octubre, cuando entró en funcionamiento el sistema de control para las operaciones cambiarias, hasta ayer se realizaron 181.754 transacciones, entre importaciones y compras minoristas sin destino particular. Las compras fueron por 3700 millones de dólares, más de 15.000 millones de pesos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, precisó que menos del 1,5 por ciento del total de las operaciones fueron rechazadas. Se trata de personas y empresas que no pudieron comprar por presentar irregularidades fiscales o no haber entregado la declaración jurada. A su vez, el funcionario informó que las dependencias del organismo recaudador analizaron 2411 presentaciones de personas y empresas cuya consulta había arrojado “inconsistencias”, siendo habilitadas a comprar divisas aunque no por el monto deseado. Quienes visitaron las oficinas del organismo recaudador actualizaron sus datos, documentaron que recibieron fondos adicionales por la venta de inmuebles, herencias, premios, préstamos o indemnizaciones y regularizaron su situación para adquirir una mayor cantidad de moneda extranjera.
En un encuentro con medios gráficos, Echegaray aseguró ayer a Página/12 que el sistema de fiscalización no tiene fecha de vencimiento ni se relajará el control: “¿Cómo vamos a dejar al mercado cambiario sin un soporte tecnológico que garantice que los flujos sean legales? Retirar el esquema planteado implica alentar el uso de fondos en negro para la compra de divisas”, sostuvo el funcionario. Acompañado por los directivos de la AFIP, Echegaray precisó que “desde que comenzó a funcionar el sistema, no se modificó nada, no existieron fallas de implementación”. No obstante, el titular del organismo recaudador señaló que “no todos los bancos y casas de cambio pusieron el mismo énfasis y esfuerzo en la implementación de la medida”. El funcionario dijo que la “AFIP no pone un cupo. Les dice a bancos y casas de cambio cuál es el flujo de fondos líquidos formales que posee una persona disponibles para comprar dólares”.
Durante la semana pasada el Banco Central dio a conocer los distintos individuos que no son alcanzados por la medida, como quienes utilicen fondos provenientes de préstamos hipotecarios otorgados en moneda local y aquellos que apliquen a la compra de divisas los recursos resultantes del cobro de jubilaciones y pensiones percibidas en el exterior. Las comunicaciones de la autoridad monetaria que dispusieron esas excepciones precisan que caducarán a fin de mes.
Sin embargo, Echegaray consideró que “el Banco Central va a prolongar sin inconvenientes esos casos. La gente que saca préstamos hipotecarios en pesos no va a tener problemas para comprar dólares. El sistema prevé que el banco informe esa situación porque es un ingreso que nosotros no tenemos computado”. Los empleados públicos de trece provincias cuyos aportes no están integrados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hoy pueden destinar el ciento por ciento de sus salarios a la compra de dólares, cuando los sistemas se compatibilicen su capacidad de compra de dólares será determinada como el resto de los individuos.
Desde que entró en vigencia hace 9 días, 2411 personas físicas y jurídicas cuya consulta arrojó el resultado “insuficiente capacidad económica financiera” para la adquisición del monto deseado visitaron las dependencias de la AFIP y regularizaron su situación con la documentación correspondiente. Entre esos individuos, 138 vendieron inmuebles, 138 recibieron una herencia, legado o donación, 332 obtuvieron un crédito bancario no hipotecario, 12 ganaron premios en juegos de azar, 222 fueron indemnizados por despidos y 243 indemnizados por accidentes. Además, 730 individuos recibieron el pago anticipado de dividendos. Los casos correspondientes a jubilaciones y pensiones del exterior ascendieron hasta los 543. Si bien esos ingresos están exceptuados por la comunicación del Banco Central, Echegaray explicó que muchas de las jubilaciones, que superan el ingreso mínimo para el pago del Impuesto a las Ganancias, no estaban declaradas por sus beneficiarios. Por eso están siendo actualizadas y adecuadas en las bases de la AFIP. Echegaray evitó comentar sobre las tensiones en el mercado cambiario que generó la medida, pero aseguró que “la medida empuja a la formalización. Las tensiones que nos preocupan y ocupan son las de los trabajadores que ahora les van a exigir a sus empleadores que los pongan ciento por ciento en blanco”.
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