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El sistema de renuncia voluntaria a los subsidios que el Estado nacional dirige a los servicios de luz, agua y gas contabilizaba al cierre de esta edición 7827 usuarios, una suba de 72 por ciento respecto de la cifra con la cual cerró la primera jornada que estuvo en funcionamiento. “La quita en subsidios a los servicios públicos para sectores de clase media y media alta no es para hacer caja para el Gobierno, sino para redireccionar recursos hacia provincias que no cuentan con esos servicios”, señaló ayer el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Los recursos públicos liberados a partir de la reducción de los subsidios serán destinados al financiamiento de obras de infraestructura, aseguró el funcionario. El pedido de quita del beneficio estatal puede realizarse a través de la página web del Ministerio de Planificación, a través de una línea telefónica gratuita o en forma personal en las oficinas de las empresas distribuidoras.
Desde el sector energético defendieron la renuncia voluntaria. “Somos muy optimistas en cuanto a que la gente va a adoptar una actitud solidaria. Recién empezó, y estos procesos tienen un período de aprendizaje. Esperamos que el sistema adopte un ritmo mayor en unos días”, afirmó Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía. “Hay que terminar con la hipocresía de muchos que han estado reclamando que se reduzcan los subsidios y ahora, cuando el Gobierno y las empresas empezamos a hacer un esfuerzo para lentamente ir reduciéndolos, aparecen las críticas. Es importante no alarmar a la población. El 90 por ciento de los clientes de Edenor y Edesur pagan 30 pesos por mes. Los porcentajes puedan sonar altos, pero en términos de pesos los valores van a ser razonables”, dijo.
Por su parte, Alejandro McFarlane, presidente de Edenor, indicó que “hasta ahora se dio el primer paso. El mecanismo que eligió el Gobierno fue quitarles subsidios a determinados clientes. A lo mejor continúa con pasos distintos y mantiene los subsidios a otros”. El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), Pablo Reale, también elogió la medida y dijo que se inscribe en la nueva etapa de “sintonía fina” anunciada por la presidenta Cristina Fernández esta semana en la conferencia de la UIA. El dirigente pyme negó que pueda tener efectos recesivos sobre la economía.
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