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“No hay riesgos de criminalizar la protesta social”, subrayó el ministro de Justicia, Julio Alak, al exponer ayer en Diputados los dos proyectos de ley para endurecer los castigos contra el financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Los dichos del funcionario responden a la inclusión de un agravante en el artículo 41 del Código Penal, el cual duplica las penas mínimas y máximas en caso de que el delito tenga connotación terrorista, y que para algunos especialistas entraña el riesgo de castigar manifestaciones sociales. Según Alak, el proyecto busca adecuarse a los estándares internacionales, mientras que la urgencia por su aprobación responde al pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que la reforma a la ley esté lista antes de su reunión a principios del año próximo.
Los proyectos fueron analizados en las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas. El punto que más críticas recogió fue el de “agravar en general” las penas –en caso de vinculación con terrorismo– y no la tipificación del delito. Desde la cartera de Justicia indicaron que no hay posibilidad de crear la figura de “terrorista nacional” e “individual” con un criterio uniforme, mientras Naciones Unidas sigue sin encontrar una manera de tipificarlo. Para evitar “interpretaciones tendenciosas”, el proyecto aclara que quedan exceptuados –como lo es actualmente– “los actos ejecutados en ejercicio de derecho constitucional, como derechos humanos y sociales”.
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