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La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, formalizó su adhesión al régimen de regulación de importaciones que comenzará a operar la AFIP desde febrero. Según establece la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría se pronunciará sobre pedidos de compra al exterior en un lapso “no mayor a los quince días”. Sin embargo, no se aclara si esa resolución podrá frenar el ingreso de productos o será sólo formal. De acuerdo con la información aportada por fuentes oficiales y empresarias, Moreno evaluará la capacidad de reemplazo por producción local que tienen los bienes que se pretenden importar. En caso de no poder sustituirse, buscará que los importadores generen negocios de exportación para compensar su ecuación comercial, de forma similar a la operatoria que ya se utilizó en diversos sectores, desde maquinaria agrícola y la industria automotriz, hasta edición de libros. En general, en todos los casos prima un criterio más comercial que industrial. Empresarios brasileños y del ámbito local se quejaron del nuevo esquema de importación.
La Declaración Jurada Anticipada de Importaciones que creó la AFIP requiere a los empresarios que informen al organismo recaudador sobre sus planes de compra al exterior en forma previa a realizar la orden de pedido. Esa información será distribuida entre distintos organismos que adhieran al régimen. La lectura de una parte amplia del abanico empresarial es que Moreno y su par de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, tendrían un rol central en el esquema. Ayer la resolución 1/2012 de Comercio Interior formalizó la incorporación de Moreno. “Resulta necesario que –la Secretaría– realice análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente”, indica la norma, y agrega que el “acceso de Comercio Interior a esa información posibilitará la tipificación de las estructuras de costos de los bienes que conforman el mercado”.
Comercio Interior deberá pronunciarse, frente a la intención de compra de cada importador, en un lapso no mayor a los quince días. Sin embargo, ni la resolución publicada ayer ni la que dio origen al nuevo sistema explicitan en qué consiste el “pronunciamiento” oficial sobre cada operación. Es decir, si la declaración jurada deberá ser aprobada para efectuarse la importación. La presunción empresaria es que el esquema servirá para que Moreno pueda frenar operaciones que considere dañinas para la producción local o evitables por ser bienes de consumo de lujo. El criterio sería cuidar los dólares comerciales, en un escenario internacional complejo, más que procurar la adopción de un determinado perfil industrial.
El reclamo empresario contra la medida sumó el apoyo de industriales de Brasil nucleados en la Confederación Nacional de la Industria. “Aumenta la inseguridad jurídica y representa una amenaza a los sistemas de producción de las empresas brasileñas con filiales en la Argentina”, criticó la entidad patronal en un comunicado. “La crisis económica mundial no puede servir de pretexto para una ola proteccionista entre socios comerciales. Significa un retroceso para el comercio del Mercosur”, agregó, a pesar de las incógnitas aún vigentes. Más allá de la queja, previsible en el sector empresario que supone que se verá afectado por la medida, Brasil mantiene un superávit comercial estructural con Argentina. En el acumulado de 2011 hasta noviembre, el saldo a favor del país vecino fue de 4023 millones de dólares. Entre 2006 y 2010, la diferencia asciende a 16.803 millones. Son argumentos que Argentina suele presentar al gobierno de Brasil para justificar las medidas de administración de comercio.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) solicitó la suspensión del nuevo régimen “para abrir una instancia de consultas, que permita incluir situaciones no contempladas”. La norma de la AFIP no estaría tomando en cuenta, según la entidad, “compras ya realizadas a través de créditos irrevocables, que no fueron embarcadas, y las mercaderías compradas que no podrán ser cargadas antes del 31/01/12 y que fueron objeto de pago parcial o total anticipado”. En cambio, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, dijo que la medida “permitirá proteger a la industria nacional, aunque deberá hacerse con cuidado para que no se demoren insumos necesarios para la producción”.
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