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El gobierno nacional, los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos y los sindicatos del sector acordaron ayer exigirles a las empresas petroleras un incremento de la inversión en exploración y producción para alcanzar el autoabastecimiento. El convenio destaca que en 15 días se establecerán las metas que deberán cumplir las firmas y se aclara que se quitarán las concesiones cuando se comprueben procesos de desinversión o inversión escasa. El documento le apunta directamente a Repsol YPF, a la que se califica como la “principal responsable global” de la caída de producción de petróleo y gas que registró el país en los últimos diez años.
El acuerdo se terminó de discutir al mediodía en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Lo firmaron los gobernadores de las diez provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Formosa, Salta y Jujuy), los sindicatos del sector, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su par de Economía, Hernán Lorenzino, entre otros funcionarios.
De Vido fue el encargado de negociar el texto en representación del Gobierno durante los días previos y ayer captó la atención de los gobernadores al dar algunos detalles del encuentro que mantuvo el lunes con el titular de Repsol, Antonio Brufau. “Fue una chicana el comunicado que Repsol YPF envió ayer (por el miércoles) a la Bolsa. En la reunión del lunes le dijimos a Brufau que no lo haga porque es una falta de respeto anunciar el descubrimiento de 22.807 millones de barriles equivalentes y poder certificar sólo 33 millones de reservas probadas. Eso equivale apenas a tres meses de consumo en Argentina”, sostuvo.
Luego afirmó que le pidió al empresario español mayores inversiones no sólo para extraer petróleo no convencional, sino también en yacimientos convencionales y dejó en claro que las provincias son las que necesitan que se produzca más porque de eso dependen las regalías que reciben. Por último, les prometió a los gobernadores que todo el dinero que ahorre el gobierno nacional al importar menos combustible será destinado a financiar obras públicas, fundamentalmente en el área energética.
Los cuestionamientos a Repsol YPF quedaron reflejados en el texto del acuerdo. Allí se remarca que en los últimos diez años la producción nacional de petróleo cayó 18 por ciento y la de gas un 11 por ciento y se identifica a Repsol YPF como “principal responsable global”, pues es la principal firma del mercado y la caída en su caso fue de 30 y 35 por ciento, respectivamente, durante el mismo período. Además, se puntean los distintos anuncios de inversión que realizó la empresa en los últimos dos años y se remarca que “dichos anuncios nunca llegaron a consolidar un plan concreto de desarrollo sustentable y creíble de producción y parecen más apuntar a una especulación bursátil”.
Al finalizar la reunión, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, fue más explícito aún con la crítica a Repsol YPF por hacer anuncios que impactan en los mercados, pero no mueven el amperímetro de las reservas y la producción. “Esto de sacar solicitadas para que sea la Bolsa la que tenga un reflejo positivo, pero el volumen de producción del país no se incremente no es lo que pretendemos las provincias productoras de hidrocarburos ni los trabajadores”, declaró.
Repsol YPF apareció en los últimos años como una empresa cercana al Gobierno y los hallazgos de petróleo no convencional fueron elogiados públicamente por varios funcionarios. Sin embargo, no es la primera vez que la relación atraviesa un período de tensión. A fines de 2006, la petrolera había puesto a la venta 37 yacimientos que no le interesaban por su baja o nula producción, pero el Gobierno abortó la operación en enero de 2007. “No puedo impedir que pongan a la venta las áreas petroleras que quieran, pero si no han sido debidamente explotadas se revocará la concesión. No vamos a permitir que obtengan beneficios de esas áreas como si fueran un activo inmobiliario”, aseguró entonces De Vido. En abril de ese año el funcionario fue más allá y declaró, en referencia a YPF, que “cuando una empresa no explora, está deshonrando la actividad”. A fines de 2007, el Grupo Petersen ingresó como accionista minoritario en la firma con el visto bueno oficial y la tensión cesó, pero los niveles de reservas y producción no variaron significativamente, tal como lo demuestran los nuevos cuestionamientos.
Ahora la situación ha vuelto a tensarse, pero, a diferencia de 2007, el Gobierno se muestra dispuesto a ejercer una mayor presión para reactivar el sector. Además de prometer que se fijarán metas de producción, en el documento se resalta que se exigirán mayores inversiones en refinación y se incentivará la participación de terceras empresas, preferentemente públicas. La razón que motiva esta batería de medidas es simple: el año pasado se importaron combustibles por 9000 millones de dólares y la proyección para los próximos años es alarmante si no se introducen cambios, lo cual inevitablemente terminará conspirando contra el esfuerzo oficial para mantener un amplio superávit comercial.
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