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La pelea por los dividendos de YPF está al rojo vivo. La petrolera informó ayer que el año pasado ganó 5296 millones de pesos. Su directorio aprobó por mayoría diferir la propuesta de asignación de ese dinero. Sin embargo, el director estatal de la compañía, Roberto Baratta, votó en contra de la postergación y adelantó que propondrá constituir una reserva voluntaria para inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, en lugar de distribuir esos recursos entre los accionistas como se ha venido haciendo. El representante estatal está en minoría dentro del directorio, pero si Repsol y el Grupo Petersen desestiman la propuesta oficial, el Gobierno podría apelar a otras acciones para bloquear el reparto de ganancias.
A través de un comunicado, el Ministerio de Planificación informó que Baratta propuso invertir las ganancias del año pasado en exploración y explotación para revertir la fuerte caída que registró la empresa el año pasado en la producción de gas y petróleo y en refinación de gasoil. A raíz de ello, el director del Estado también votó en contra de la aprobación de los estados contables. “No reflejaban adecuadamente la situación económica financiera de la compañía”, se informó.
La reunión de directorio se realizó en la sede central que YPF tiene en Puerto Madero. Baratta asistió junto al secretario de Energía, Daniel Cameron, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quienes la última vez, el 23 de febrero, se les había impedido el ingreso. En aquella oportunidad, la empresa argumentó que los estatutos sólo prevén la participación de directores acreditados, pero la Comisión Nacional de Valores declaró nula la reunión. De hecho, ayer el titular de la CNV, Alejandro Vanoli, se acercó al lugar para comprobar que Cameron y Kicillof no tuvieran problemas para acceder y dejó dos veedores que supervisaron el normal funcionamiento del encuentro.
Esta vez no hubo escándalo. El titular de Repsol, Antonio Brufau, quien el 23 de febrero había dicho que la empresa era objeto de “amenazas de dudoso fundamento legal”, participó por videoconferencia desde España y no hizo mención al conflicto con el Gobierno. Del lado oficial, Baratta, que la última vez había convocado a una conferencia de prensa en la puerta de la empresa para denunciar que no los habían dejado pasar, en esta ocasión se retiró sin hacer declaraciones. No obstante, en la reunión las partes se mantuvieron inflexibles en sus posturas.
Lo primero que se hizo fue analizar el informe del Comité de Auditoría que elaboró Deloitte. El representante estatal impugnó parte de las conclusiones, referidas a la memoria y los estados contables, pero igual los accionistas privados lo aprobaron. Luego se analizó el balance. La empresa detalló ahí que ganó cerca de un 10 por ciento menos que en 2010 por los conflictos sindicales que hubo en Santa Cruz y por la supresión del programa Petróleo Plus. Ese último incentivo se eliminó a comienzos de este año, pero tuvo carácter retroactivo porque a las empresas se les informó que los pedidos que habían presentado en 2011 para obtener los certificados que garantizaban exenciones impositivas, ya contempladas en los balances, no les serían entregados.
En el Gobierno reconocen que ambos hechos pueden haber impactado, pero remarcan que eso no explica, por ejemplo, lo ocurrido en Neuquén, donde la producción de gas cayó 9,7 por ciento entre 2010 y 2011 (de 29,14 a 26,32 millones de metros cúbicos por día) ni lo que pasó en Mendoza, donde la producción de crudo bajó 7,5 por ciento en el mismo período (de 96.590 a 89.420 barriles por día).
Cuando llegó el momento de definir qué destino se les va a dar a las utilidades, los representantes de Repsol y el Grupo Petersen propusieron postergar la definición para una próxima reunión de directorio. El argumento fue que necesitan un plazo adicional para evaluar distintas alternativas y lograron que la moción sea aprobada por mayoría. Baratta se opuso a que se dilatara la definición y dejó en claro que el Gobierno propondrá destinar las ganancias a inversiones en exploración y producción. El monto en discusión son cerca de 1000 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2010, aún no distribuidos, y los 5296 millones de 2011. En la empresa ayer prefirieron no hacer declaraciones, pero fuentes cercanas afirman que todavía hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Igual no será fácil. En discusiones que se dieron en otras firmas, los representantes estatales se mostraron dispuestos a aceptar un reparto del 20 por ciento de las utilidades entre los accionistas, pero YPF ha venido distribuyendo cerca del 90 por ciento en los últimos años. La brecha entre lo que acepta el Gobierno y lo que vienen retirando los socios ya generó un fuerte enfrentamiento en noviembre del año pasado. En ese momento, Repsol impuso su voluntad y la relación con el Gobierno se quebró.
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