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La Unión Europea reiteró ayer que avanzará, en el corto plazo, con una “respuesta” a la decisión argentina de expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol. El responsable de la nueva advertencia fue el comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht. Sin embargo, el bloque europeo carece de mecanismos concretos para reclamar a Argentina por la expropiación. El funcionario europeo enmarca el reclamo sobre la petrolera en su cuestionamiento a las políticas de administración comercial desplegadas por el gobierno argentino desde 2009.
Las autoridades europeas ya participaron en tres presentaciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) donde cuestionan las distintas herramientas formales e informales aplicadas por Argentina para asegurar el superávit comercial. Según señalan desde Cancillería, esas iniciativas están impulsadas por Estados Unidos. Por eso, en el equipo económico consideran posible que la UE quite al país del Sistema General de Preferencias (SGP) el beneficio que reciben un conjunto de empresas exportadoras de commodities agrícolas y químicos y presente la medida como una represalia al país aunque, de hecho, se trate de una posibilidad que baraja la Comisión Europea desde 2010 por considerar que Argentina es hoy un país de ingreso medio y “no requiere” ese tipo de beneficios en materia de aranceles para sus exportaciones.
A fines de abril, De Gucht aseguró que haría todo lo posible para respaldar al gobierno de Mariano Rajoy en su búsqueda por una “compensación total” para la petrolera. Ayer, frente a funcionarios brasileños, el comisario de Comercio de la UE expresó su preocupación frente a “los riesgos que representa la creciente tendencia hacia el proteccionismo en América latina”. El político belga recordó que “por muchos años ha existido un debate sobre la apertura de los mercados en la región y en las últimas semanas hemos visto cómo se recalentó ese debate con la movida de Argentina contra las acciones de una empresa española”.
Haciendo uso del manual neoliberal, el europeo advirtió que la medida traerá consecuencias a Argentina en materia de atracción de inversión extranjera directa, lamento que hizo extensivo a Bolivia por la reciente nacionalización de una transportadora eléctrica en manos de una firma española. Según recordó De Gucht, la decisión del gobierno argentino no solo afectará al país, sino que también “es un problema para la Unión Europea, porque nuestras empresas están directamente afectadas”. “Es por eso que en el corto plazo estaremos dando una respuesta a las acciones argentinas en el caso Repsol”, aseguró.
Finalmente, el ex canciller de Bélgica buscó el apoyo de los brasileños presentes en el encuentro bilateral al apelar a las tensiones comerciales entre Argentina y Brasil. En ese sentido, De Gucht consideró que la expropiación de las acciones de Repsol en YPF constituyen un problema para Brasil, ya que “el país tiene mucho que perder ante la creciente tendencia hacia el proteccionismo en la región. Vale la pena recordar que el 20 por ciento de las exportaciones brasileñas son hacia otros países de América latina”.
La herramienta formal que tiene Repsol para reclamar es recurrir a la Justicia argentina y luego al Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial. Así lo dispone el Tratado Bilateral de Inversión firmado con España en 1992 (ver página 7), rémora del andamiaje neoliberal que permaneció inalterado a lo largo de la última década. Sin embargo, la UE carece de un mecanismo directo para reclamar por la expropiación en términos formales.
Además, la UE también está restringida por la Organización Mundial del Comercio para tomar medidas comerciales contra un determinado país. Por eso en el equipo económico consideran plausible que la Unión Europea avance en el desplazamiento de Argentina del Sistema General de Preferencias (SGP). Se trata de la misma decisión que ya tomó Estados Unidos, aunque por razones diferentes.
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