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Las jubilaciones de “privilegio” que cobran jueces y diplomáticos, con haberes de hasta 70 mil y 60 mil pesos, respectivamente, tienen los días contados. El Gobierno decidió terminar con esos regímenes, que le generan al Estado un déficit de casi 500 millones de pesos al año. La novedad, anticipada por Página/12, fue transmitida ayer en el Congreso por el titular de la Anses, Diego Bossio. “Les pido que vean de qué modo se puede terminar con los sistemas de privilegio del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación”, les encomendó el funcionario a diputados y senadores reunidos en una comisión bicameral. El radicalismo y el peronismo disidente anticiparon allí mismo su acompañamiento a la iniciativa, que en los próximos días tomará forma concreta como proyecto de ley. Una vez sancionada, magistrados y embajadores dejarán de percibir haberes que en promedio son diez veces superiores a los de la media general, aunque quienes ya disfrutan de esos beneficios no los perderán por contar con “derechos adquiridos”.
La presidenta Cristina Kirchner había adelantado que la revisión de los regímenes de privilegio sería un tema de la agenda legislativa de este año. Lo dijo el 1º de marzo, cuando fue a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Desde ese momento, la corporación judicial viene intentando negociar una salida, que consiste básicamente en aceptar la pérdida de otro privilegio, el no pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces, a cambio de preservar las jubilaciones de 22.000 pesos por mes que cobra la mayoría. Las palabras de Bossio ayer en el Parlamento dejaron pocas esperanzas a esos lobbistas.
El otro tema que planteó el titular de la Anses con la misma potencia fue darle un corte a las sentencias judiciales que generan retroactivos millonarios y haberes recalculados por arriba del tope general, de 12.359 pesos en este momento. Para demostrar las consecuencias de ese funcionamiento de la Justicia en materia previsional, Bossio reveló el monto de la jubilación más alta que se paga hoy en el país: 112.121 pesos mensuales. El jubilado que percibe ese haber logró escalar hasta esa cifra tras un fallo judicial en su favor. Según dijo el funcionario, se trata de un banquero. Este diario pudo saber que es uno de los máximos directivos de Adeba, la asociación de bancos privados de capital nacional.
Bossio expuso estos temas ante la Comisión Bicameral de Control de la Seguridad Social. No bien arrancó dejó en claro que ambas cuestiones –los sistemas de privilegio y los fallos de la Justicia– serán corregidas a corto plazo, dado que existe la decisión política de la Presidenta de movilizar a la mayoría oficialista en el Congreso en esa dirección. El director de la Anses trasladó a los legisladores la responsabilidad de redactar los proyectos de ley correspondientes, pero sin duda éstos contarán con la orientación del Poder Ejecutivo.
“Vengo a explicar una situación que me pidió la Presidenta”, dijo Bossio. “Es la de los regímenes jubilatorios que generan privilegios en la Argentina”, siguió. “Son desigualdades que no debe convalidar el Estado, sobre todo en algunos sectores que ni siquiera pagan el Impuesto a las Ganancias”, completó, apuntando a los jueces. Magistrados y diplomáticos cobran haberes muy superiores a los del resto de los argentinos: 22.077 pesos en promedio los primeros, 27.560 pesos en promedio los segundos, con máximos de 67.937 y 58.312 pesos, respectivamente. Esto es porque aportan y cobran sin los topes que rigen para el sistema general, cuya jubilación media es de 2233 pesos por mes, mientras que la máxima llega a 12.359 pesos.
Esa falta de topes termina beneficiando a los jueces y miembros del Servicio Exterior, ya que sus aportes no alcanzan para cubrir los gastos anuales que ocasionan sus jubilaciones. En consecuencia, el Estado se ve obligado a cubrir el déficit, de 433 millones de pesos en el caso del Poder Judicial, y de 62 millones en el de los diplomáticos. Bossio mencionó los otros sistemas especiales, como los de investigadores científicos, docentes y no docentes universitarios y empleados de Luz y Fuerza. Sin embargo, dejó al margen a los cuatro de los cambios en estudio, ya sea porque no generan déficit o porque en los últimos años incorporaron los topes, como el caso de Luz y Fuerza.
Desde que Página/12 anticipó en enero pasado que el Gobierno analizaba modificar el régimen de los jueces, numerosos magistrados apuraron los trámites jubilatorios antes de perder los beneficios.
Una derivación probable de los cambios en marcha es que los obispos también resignen sus jubilaciones de privilegio. Bossio indicó, en respuesta a la consulta de un legislador, que los eclesiásticos cobran el 70 por ciento de los haberes de los jueces, por lo que el fin de las ventajas para éstos arrastraría a los miembros de la Iglesia.
El diputado Juan Carlos Díaz Roig (FpV), presidente de la Comisión de Previsión de la Cámara baja, planteó en la audiencia terminar con los topes en los aportes, pero mantener los topes en las jubilaciones, y unificar en ese régimen a todos los jubilados. Sin embargo, el Gobierno no estaría de acuerdo con esa salida y mantendría los topes en ambos casos.
El Poder Ejecutivo también resolvió buscarles la vuelta a las sentencias judiciales en materia de jubilaciones. Bossio planteó que el Poder Judicial está excediéndose en sus funciones, asumiendo criterios de legislación que no le son propios, en lugar de aplicar las leyes existentes. “Hay jueces que están colegislando, generando prestaciones que no existen y fallos que alteran la lógica de solidaridad y sustentabilidad que debe tener el sistema previsional”, advirtió. Además, mostró que la mayoría de las sentencias favorecen a sectores de ingresos medios y altos. El Gobierno trabajaría en el Congreso para modificar aspectos procesales, a fin de evitar que los magistrados avancen con sus fallos más allá de determinados límites. Las sentencias que determinan haberes mayores al máximo general –de 12.359 pesos– provocan un déficit anual de 272 millones de pesos.
Bossio aprovechó para aclarar las cifras de los juicios en trámite de naturaleza previsional: son 266.146, de los cuales 233.697 son por reajustes de haberes, menos de la mitad de los que indican algunas fuentes judiciales. A su vez, hay 18.400 sentencias firmes que restan liquidar.
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