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Las modificaciones impositivas impulsadas por el gobierno de Daniel Scioli no logran avanzar en la Cámara de Diputados bonaerense. Después de una extensa jornada de negociaciones entre las autoridades provinciales y los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) con el Frente Amplio Progresista (FAP), donde se analizaron distintas alternativas, el oficialismo no pudo construir el quórum necesario para tratar los cambios. La presión de las cámaras patronales agropecuarias sobre la oposición bonaerense, FAP, radicalismo y demás bloques, volvió a frustrar el tratamiento legislativo del proyecto. La iniciativa actualiza el valor fiscal de los campos, introduce modificaciones en ingresos brutos y sellos y amplía la capacidad de endeudamiento de la provincia. El gobierno nacional le reprochó a Scioli la estrategia política utilizada para implementar la reforma fiscal. Las autoridades provinciales estudian distintas alternativas pero, por ahora, continúan negociando para avanzar con el proyecto original.
El gobierno bonaerense buscó durante todo el día concretar un acuerdo con el FAP para sesionar. El FpV posee, junto con sus aliados de Nuevo Encuentro, 45 legisladores y requiere 47 para iniciar el debate legislativo. La actualización en el valor fiscal de la tierra, congelado hace 15 años, le permitirá recaudar a la provincia 300 millones de pesos sobre un total de 2600 millones adicionales proyectados con la reforma en su conjunto (ver aparte). Aunque el impacto de las modificaciones no pone en riesgo la rentabilidad agropecuaria –con el incremento, el impuesto inmobiliario rural promedio pasará de 46 pesos a 76 pesos por hectárea–, la principal preocupación de Sociedad Rural, Federación Agraria y Carbap es que un grupo relevante de propietarios de campos deberán pagar bienes personales y ganancia mínima presunta a nivel nacional.
Las concesiones reclamadas ayer por el FAP –partido que encabeza en la provincia Margarita Stolbizer del GEN– para dar quórum eliminan esas posibilidades, al tiempo que estiran los plazos para efectivizar los cambios en el impuesto inmobiliario rural. Los legisladores del FAP pedían que las modificaciones del tributo se asemejen a las propuestas por el gobernador Antonio Bonfatti en la provincia de Santa Fe. Las idas y vueltas de ayer contabilizaron conversaciones telefónicas entre el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, y uno de los líderes del FAP, Hermes Binner, para avanzar en un acuerdo que nunca llegó. “Pusieron excusas todo el día, en virtud de los cambios que planteaban, la reforma la hubiera aprobado hasta Mauricio Macri”, ironizaba anoche un ministro bonaerense.
A través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el gobierno nacional le recordó a Scioli que ya está facultado, por la Ley Impositiva 2012, para realizar el revalúo fiscal de las propiedades inmobiliarias sin necesidad de una nueva legislación. Si la provincia utiliza ese mecanismo, la actualización en el valor fiscal de la tierra se implementaría sobre la estructura vigente del impuesto y la magnitud del aumento será mayor, no se incorporarían los elementos de progresividad y tampoco la reducción en las alícuotas propuestas por las autoridades provinciales. La titular de la cartera de Economía de la provincia, Silvina Batakis, respondió que, incluso si deciden seguir el camino sugerido por Lorenzino y se hace el revalúo por decreto, el Código Fiscal provincial establece la necesidad de una ley para poner en marcha la revaluación.
Hay propiedades que tienen un precio de mercado de 10 mil dólares la hectárea, pero poseen un valor fiscal que no supera los 400 dólares por hectárea. Si se implementan los cambios, la valuación fiscal –el monto utilizado para determinar cuánto se paga de impuesto– aumentará hasta representar en promedio el 50 por ciento de su cotización de mercado.
En el equipo de Scioli no se resignan a lograr la aprobación de las modificaciones y, por ahora, descartan desdoblar la iniciativa para tratar por separado los cambios estrictamente tributarios y la ampliación de la capacidad de endeudamiento, aunque ese punto cuenta con el apoyo de los legisladores radicales. En el gobierno provincial no ocultan su malestar con los intendentes de la UCR quienes, si bien apoyan el proyecto que les brindará financiamiento a los municipios, no muestran voluntad ni capacidad para interceder en favor de la reforma.
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