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La oligarquía pampeana argentina ha desarrollado, a lo largo de 200 años, distintas formas de impedir que recaiga sobre sí el peso impositivo que se corresponde con su capacidad contributiva. La alianza de este sector con la dirigencia política representante de la clase dominante (en particular con la dictadura), las políticas tendientes a favorecer el perfil agroexportador de la Argentina, los cuantiosos beneficios con los que han sido favorecidos y el aprovechamiento de cada una de las crisis sufridas en nuestro país contribuyeron, aún más, a su concentración económica. Asimismo, dado su respaldo económico y político han usufructuado, históricamente, de un significativo poder de lobby. En un país donde la política, desde la dictadura y transformismo político mediante, ha sido el resultado de la resolución de las disputas entre las distintas fracciones del capital, estos recursos le han permitido ejercer una posición central en el devenir económico argentino. En el último tiempo han sumado además, la complicidad de otros actores (como algunos medios de comunicación) que les han facilitado gozar de cierta simpatía social contradictoria con los intereses que representan.
En este contexto, lo vivido la última semana en la Legislatura bonaerense a raíz del tratamiento del impuesto inmobiliario rural remite al recuerdo aún fresco del conflicto por la Resolución 125 y pone nuevamente en relieve las dificultades que encuentra un gobierno al intervenir en la economía y confrontar con las corporaciones. Resulta casi irrisorio el debate respecto del monto que significa el aumento de este impuesto para los propietarios, dada la revaluación de sus terrenos. Por eso es razonable pensar que lo que se está disputando es mucho más que eso.
En primer lugar, la provincia liquida el impuesto inmobiliario por partida (y enjuicia también por partida). No lo hace por titular. Esto produjo, sobre todo a partir de 1982, una fuerte subdivisión de terrenos y el consiguiente aumento en la cantidad de partidas. De esta forma, se evita la progresividad del impuesto.
En segundo lugar, al ser un impuesto provincial, la progresividad está limitada a las propiedades existentes dentro de una misma jurisdicción.
Y finalmente, la complejidad de las formas de propiedad de la región pampeana impide asimismo conocer íntegramente la concentración. El impuesto inmobiliario considera sólo dos formas de propiedad: la individual y la societaria. Sin embargo, existen otras, como el condominio (muy habitual por las herencias de los terrenos), el grupo societario, el grupo económico y el grupo agropecuario. En este aspecto, como plantea el economista Eduardo Basualdo en Estudios de Historia Económica Argentina: “La distorsión que acarrea la visión tradicional radica en que la superficie de tierra que les pertenece a las formas de propiedad a las que excluye arbitrariamente... se les atribuye a sólo dos formas de propiedad con lo que termina atomizando en múltiples propietarios la superficie que en realidad le pertenece a uno solo. Esto provoca una desconcentración arbitraria de la concentración de la propiedad real de la tierra”.
En definitiva, el conflicto por el impuesto inmobiliario rural resulta una acabada expresión de cómo la oligarquía terrateniente argentina ha imposibilitado desde el inicio de la historia de nuestro país, pero sobre todo en los últimos años, el avance de mecanismos redistributivos. Romper esas barreras es también sintonía fina.
* Director del Centro de Estudios Mariano Moreno.
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