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Economía|Jueves, 14 de junio de 2012
Europa elimina ventajas arancelarias para Argentina y Brasil

Un castigo por haber mejorado

A partir de 2014 se excluirá del sistema de preferencias del Viejo Continente a las naciones cuya renta per cápita haya superado los 4000 dólares durante los últimos cuatro años. En el caso argentino, el impacto será menor.

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La lista de países beneficiados con preferencias arancelarias de Europa se reducirá de 176 a 75.

El Parlamento Europeo aprobó ayer retirar a partir de 2014 las ventajas arancelarias a una serie de países cuya economía mejoró en los últimos años, entre ellos Argentina y Brasil. La medida, votada por la Eurocámara en una sesión plenaria realizada en Estrasburgo, supone la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas diseñado para apoyar el crecimiento de países en desarrollo con la supresión total o parcial de los derechos arancelarios que pesan sobre sus exportaciones a la Unión Europea. De este régimen se benefician en la actualidad 176 países, pero con la modificación, la lista se reducirá a 75. En el caso argentino, la medida afecta a menos del 20 por ciento de las exportaciones que van dirigidas al Viejo Continente.

Desde el 1º de enero de 2014 no podrán acogerse a las preferencias arancelarias aquellos países cuya renta per cápita haya superado los 4000 dólares durante los últimos cuatro años, lo que afectará a la Argentina, Brasil, Rusia y Arabia Saudita. Por el contrario, Pakistán, Filipinas y Ucrania podrán solicitar acogerse al SGP. La lista definitiva la redactará la Comisión Europea antes de que entre en vigor el nuevo reglamento y reducirá el valor de las importaciones que disfrutan de las ventajas de 60.000 millones de euros en 2009 a 37.700 en 2014, según datos de la Eurocámara.

Las modificaciones pactadas también permitirán introducir normas más estrictas para proteger la industria textil europea y ampliará la lista de productos para incluir algunos minerales, como el óxido de aluminio, el cadmio o el plomo. El nuevo sistema de preferencias arancelarias será “más transparente, más predecible y más generoso para los países que permanecen en él”, dijo el eurodiputado sueco ponente del informe aprobado ayer, Christofer Fjellner (PPE), en un debate previo al voto.

El Consejo Europeo y los eurodiputados habían acordado el 22 de mayo revisar el sistema de preferencias arancelarias y confirmaron la decisión el pasado 31 de mayo, aunque el acuerdo aún restaba ser aprobado en el pleno de la Eurocámara. El objetivo de esta regulación es centrar las ventajas aduaneras que concede la UE mediante su sistema SGP en los países más necesitados y excluir a los que hayan alcanzado una renta media-alta, según los datos del Banco Mundial.

El objetivo de las preferencias arancelarias –establecidas en 1968– fue mejorar la competitividad de las exportaciones de los países en desarrollo, por medio de aranceles más bajos que los negociados en el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). En la actualidad, las importaciones totales bajo las distintas variables de SGP tienen una participación de alrededor del 4 por ciento en las importaciones comunitarias totales, mientras que las importaciones totales originarias de los 176 países con acceso a estas preferencias representan más del 50 por ciento del total.

La participación de las importaciones preferenciales en el total es menor al 20 por ciento. La mayor parte de las ventas corresponde a posiciones exentas de aranceles y a posiciones que no están incluidas en el SGP. Por lo tanto, la amenaza de suspender parcialmente a la Argentina del régimen preferencial no afectaría en gran medida al comercio con la UE. En el caso de Argentina, la decisión de Europa se suma a la demanda que presentó ante la Organización Mundial del Comercio por la aplicación de supuestas trabas a las importaciones. El bloque cuestiona el uso de las licencias no automáticas, la exigencia informal de balancear las importaciones con exportaciones y el sistema de “ventanilla única electrónica” que aplica la AFIP desde comienzos de año para tener un mayor control sobre el comercio exterior. La resolución de este tipo de disputas suele demorar cerca de tres años en promedio.

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