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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) difundió ayer un comunicado en el que destaca los últimos avances de la Argentina en el combate al lavado de activos y financiación del terrorismo. El organismo fue creado en 1989 por el G-7 y su propósito es desarrollar políticas que ayuden a combatir este tipo de acciones delictivas. La entidad hizo especial referencia al decreto presidencial que establece la creación de un marco para la congelación de activos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, los avances no alcanzaron para definir una visita de sus representantes a la Argentina, lo que permitiría quitarla de la lista de países con seguimiento intensivo. La entidad sigue reclamando condenas y sanciones. El encuentro podría ser definido en la reunión del GAFI de octubre, para una visita antes de fin de este año.
Las políticas publicadas por el GAFI se resumen en 40 recomendaciones en relación con el lavado de dinero que, junto con las especiales (9) para prevenir el financiamiento al terrorismo, constituyen el estándar internacional. A pesar de esto, países integrantes del G-7, como Estados Unidos, mantienen en su territorio paraísos fiscales o jurisdicciones offshore, una cuestión que es llevada a discusión en cada oportunidad por los representantes argentinos. “Ahora tenemos autoridad para hablar de estas cosas”, señaló a este diario el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
El GAFI difundió en 2009 un reporte sobre la gestión de la Argentina contra operaciones sospechosas de lavado de activos durante el período 2004-2009. En la evaluación se concluyó que el país no cumplía con 47 de las 49 recomendaciones. El Gobierno presentó un plan de acción, que incluía esos señalamientos, tras lo cual logró un período de gracia, mientras se le realizan revisiones trimestrales. Esto le valió que además fuera incluida en una lista de seguimiento intensivo. El país realizó una serie de reformas para ponerse en sintonía con los pedidos del GAFI. “Hemos cumplido plenamente con el plan de acción que presentamos en febrero de 2011, aprobado inclusive por el GAFI, para superar deficiencias detectadas en forma previa”, explicó a Página/12 el ministro de Justicia, Julio Alak.
La semana pasada, una comitiva argentina asistió al plenario del GAFI, en la ciudad de Roma. Estaba compuesta por Alak, Sbattella, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena. Los representantes argentinos asistieron con la intención de que se aceptara la invitación al país para relevar in situ antes de octubre los avances en materia de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. El documento del GAFI con el resumen del seguimiento destaca las “importantes medidas” adoptadas por el gobierno argentino. El texto subraya además las nuevas resoluciones de la UIF y del Ministerio de Justicia sobre presentación de informes de los sujetos obligados.
De todos modos, la entidad identificó un conjunto de jurisdicciones con “deficiencias estratégicas”, pero lo contrapuso al “compromiso político (del país) para abordar las deficiencias identificadas”. “Lo que nos piden es efectividad de la ley: presos, condenados, procesados y decomisos. Pero ése es un tema de los magistrados y, aunque lo pretendan, no vamos a interferir con la Justicia”, relató Sbattella. En octubre próximo, el GAFI vuelve a reunirse y entonces decidirá si hace la visita a la Argentina este año, lo que permitiría sacarla del seguimiento intensivo.
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