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La petrolera Pan American Energy rescindió ayer los contratos de dos contratistas (Contreras y Skanska) que emplean a los denominados Dragones, una escisión del sindicato de la construcción (Uocra). Hay 800 trabajadores involucrados, aproximadamente. La compañía tomó esta decisión un día después de que el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, dispusiera la “conciliación obligatoria” para que las partes retomaran las negociaciones. La medida gubernamental reconocía de manera tácita la validez de los Dragones para negociar, a pesar de que todavía no cuentan con personería gremial. “Las condiciones de los trabajadores se negocian con las contratistas. Nosotros no tenemos incumbencia”, afirmó a Página/12 Mario Calafell Loza, responsable de comunicaciones externas de PAE, quien agregó que las contratistas Contreras y Skanska deberían haber controlado a los Dragones. Por su parte, los Dragones permanecerán en el piquete que llevan adelante en las rutas 3 y 26. “Volvimos a foja cero”, aseveró Guido Dickanson, vocero del grupo, en diálogo con este diario.
“Es como tirar más leña al fuego”, describió Buzzi, en tono crítico, cuando conoció la decisión de PAE. “Es evidente que hay quienes pretenden instalar la confusión con el propósito de alimentar el conflicto, justo cuando estamos ante la posibilidad de lograr una salida pacífica y duradera”, denunció. “Las empresas deben abstenerse de tomar cualquier medida que afecte la actual situación”, agregó el mandatario. Es decir, marcó a la compañía como responsable de la “agudización” del conflicto.
La empresa tomó la decisión de rescindirles el contrato a Contreras y Skanska por considerarlas responsables por no haber controlado a “sus trabajadores”, es decir, los Dragones, ante los hechos de violencia ocurridos dentro del yacimiento Cerro Dragón. Pero además, PAE alega que nunca negoció directamente con los trabajadores de la construcción. El hecho de que Buzzi haya decretado la conciliación obligatoria ponía en igualdad de condiciones a los Dragones y PAE para llevar adelante las negociaciones salariales. Ante esa decisión, la empresa decidió desprenderse de las contratistas.
Sin embargo, según la versión de los trabajadores, en años anteriores tenían de interlocutor directo a Ricardo Gómez Maidana, ex responsable de relaciones laborales de PAE. Hoy ocupa la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a cargo de Néstor Di Pierro.
“Con él podíamos negociar, ahora nos pusieron un cuatro de copas”, afirmó Dickanson. “Volvimos a foja cero, estamos peor que antes. Esto se inició por un reclamo de dignidad salarial y ahora no tenemos garantía de nuestra continuidad laboral. Por eso vamos a seguir con el piquete”, agregó el vocero de los Dragones.
Uno de los responsables gremiales dentro de Contreras, la contratista “acusada” por PAE, es Luis Gortari. Este dirigente era aliado de los Dragones hasta que pasó a integrar las filas de la Uocra. Gortari está vinculado con el Conejo Silva, un dirigente sindical de Uocra dentro de la contratista Edvesa, la única que no tiene Dragones en sus filas. Este dirigente fue sindicado por algunos trabajadores como el propulsor de la presencia de algunos “infiltrados” durante los días que duró la toma en Cerro Dragón. Este grupo no identificado produjo desmanes en la propia Contreras.
Otro punto relevante de este conflicto tiene que ver con la Ley de contrato de trabajo. Para el diputado Héctor Recalde (FpV), especialista en derecho laboral, “PAE es solidariamente responsable con los trabajadores tercerizados”. “La cantidad de contratistas dentro de PAE habla de un modus operandi para liberarse de la responsabilidad de tener trabajadores en planta permanente. Pero con el actual marco normativo, la responsabilidad solidaria está. Tienen que hacerse cargo”, interpretó.
La empresa PAE afirma que no quiere negociar con los Dragones porque no tienen un “vínculo laboral permanente” con la empresa. Es decir que son requeridos sólo para desempeñarse en obras que tienen un plazo de finalización. En este sentido, aducen que las obras de infraestructura dentro de los yacimientos han disminuido desde que el Gobierno suspendió el programa Petróleo Plus, “el único subsidio o beneficio que recibimos del Estado”, según los voceros de la compañía. Por año, el Estado nacional le entregaba a PAE 1700 millones de pesos en concepto de incentivos fiscales derivados de este programa, el cual fue discontinuado en los primeros meses de este año.
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