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La Presidenta de la Nación defendió la regulación del sector petrolero y el decreto que la reglamenta, el número 1277 firmado esta semana. Anticipó que el tema no hará entrar en tensión la relación del gobierno nacional con los mandatarios provinciales y anunció la recomposición del precio del gas en boca de pozo, que representará un incremento en el ingreso de las empresas de 900 millones de pesos al año y de 119 millones en las arcas de las provincia, por mayores regalías. El incremento, que lleva el precio del metro cúbico de gas para suministro de GNC de 15 centavos por metro cúbico a 60 centavos (300 por ciento de aumento), será otorgado a cambio del compromiso de inversión por parte de las firmas que lo extraen. Cristina Fernández aludió a esos y otros temas durante un discurso difundido por cadena nacional, en la inauguración de la planta de hidrotratamiento de gasoil en la destilería La Plata, que permitirá ampliar la producción de dicho combustible en su variante “premium”, con menos azufre y en un volumen “que permitirá desde ahora reducir a cero” la importación de dicho producto, precisó Miguel Galuccio, titular de YPF, cuya presentación precedió al discurso de la Presidenta.
El decreto 1277 creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. Al frente de ésta fue designado Axel Kicillof, secretario de Política Económica, lo cual había desatado una oleada de interpretaciones y versiones acerca del “súperpoder” que le otorgaba el cargo, en desmedro –supuestamente– de la capacidad de gestión de Galuccio, del rol del ministro de Planificación y de los derechos constitucionales de las provincias. Cristina ironizó ayer acerca de estas versiones, apuntando que, como el nombre del funcionario suena de origen ruso, “ayudó a generar la idea de que habíamos creado un soviet o algo así”. Delante de todos los aludidos por las versiones, la Presidenta describió las facultades de la comisión y defendió el rol de promover las inversiones a través de la planificación estatal, según los postulados de la ley de expropiación de YPF.
Repasó parte de la experiencia internacional en el tema. Tomó los casos de Brasil y Colombia. El primero cuenta con una agencia nacional del petróleo, que realiza un seguimiento del precio de los combustibles, fija tarifas de transporte y distribución de gas natural, además de contar con Petrobras, sociedad mixta bajo control estatal, con un rol relevante en todos los eslabones de la cadena. En el caso de Colombia, fiscaliza completamente la producción, fija los precios de exportación a los fines fiscales y administra la información técnica y económica del sector. Dos países que “usualmente son dados como ejemplo de mucha inversión extranjera aplican una regulación completa: los que tenían algún temor por el decreto 1277, que lo disipen”.
Inmediatamente, Cristina destacó que la primera medida adoptada por la comisión había sido una recomposición del precio del gas en boca de pozo que se destina a la venta minorista de GNC para vehículos. Estimó que el salto del precio de 15 centavos a 60 por metro cúbico les va a significar a las empresas que lo extraen un beneficio anual de 900 millones de pesos en rentabilidad extra, pero también aclaró que las beneficiarias deberán responder con la puesta en marcha de planes de inversión para incrementar la producción. Recordó que el proyecto de perforaciones en yacimientos gasíferos que encara actualmente YPF representan “las primeras en quince años”, y que el abastecimiento de GNC al mercado automotor representa en torno a ocho millones de metros cúbicos diarios. “Es el equivalente al gas que debemos cortarle a la industria en los meses en que falta gas, para no desabastecer a los hogares.” Pidió que los automovilistas que usan GNC –mucho más barato que los combustibles líquidos– sean conscientes de esa condición ventajosa.
En referencia a los combustibles líquidos, recordó que hasta el año pasado se observaban “largas colas” en estaciones de servicio de todo el país que se solían atribuir a deficiencias en la importación. Desde que el Estado se hizo cargo de YPF, con la intervención no bien se votó la ley, “sabemos que era porque no se utilizaba a pleno la capacidad de refinerías, como una suerte de plan para generar malestar en la sociedad”. El uso de la capacidad de producción, que estaba por debajo del 82 por ciento, hoy está en el límite del 100 por ciento, según había anunciado Galuccio y reiteró la Presidenta.
Las instalaciones inauguradas ayer representan una ampliación de la capacidad de producción de gasoil “premium” de YPF, sustituyendo el volumen que hasta ahora se importaba. Cristina destacó que este incremento también aportará a un mejor equilibrio de la inserción de YPF en el mercado, “para la que siempre quedaban los combustibles baratos, como el GNC, y otros se quedaban con los más caros, los premium”. La inversión realizada ascendió a 1429 millones de pesos, de los que 420 millones fueron aportados por el Estado a través del programa Refino Plus.
Cristina también destacó el acuerdo de sindicación de acciones con las provincias, que compromete a éstas y al Estado nacional a votar en bloque en asamblea de accionistas (51 por ciento en total) por cincuenta años. “El acuerdo establece los derechos de las provincias, cómo vamos a hacer para que las provincias incorporen yacimientos al patrimonio de YPF para hacer una empresa más fuerte.” Contra todas las especulaciones de que la política energética provocaría un enfrentamiento entre la Nación y las provincias, la Presidenta subrayó que “éste es un gobierno en el que convive un proyecto de Nación en el cual las provincias tienen un lugar irreemplazable e insustituible”.
En cuanto a la relación con Galuccio, Cristina repasó los distintos titulares que a lo largo de los últimos días refirieron cortocircuitos y la intención de renunciar del CEO de la petrolera. “Quisieron limar su imagen”, advirtió, desmintiendo esas versiones y destacando el compromiso del directivo con el proyecto en marcha.
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