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La reciente intervención y auditoría de la empresa que gerencia el Belgrano Cargas es el paso previo para desplazar a sus operadores actuales. Según pudo saber Página/12, el Gobierno ya tomó la decisión de hacerse cargo de la extensa y estratégica red ferroviaria de cargas. Sin embargo, todavía no está definido si gestionará el servicio de manera directa o en sociedad con un privado. En paralelo, los equipos de Interior y Transporte y Economía están trabajando en un conjunto de modificaciones regulatorias para la actividad carguera que intensificará los controles estatales.
En 2006 el Belgrano Cargas se declaró en estado de emergencia. Ante el fracaso de su privatización, el gerenciamiento del ferrocarril pasó transitoriamente a una Sociedad Operadora de Emergencia (SOE). Esa empresa, que opera por cuenta y orden del Estado, se repartió entre el sector privado y los gremios. La mayoría accionaria de la gerenciadora quedó en manos de los grupos empresarios: Shima –conformada por la dupla Macri-Capelli y Sanhe Hopefull Grain & Oil, el principal productor de aceite de soja de China– quedó con el 51 por ciento, Emepa y Roggio con participaciones de 24,5 por ciento cada una, mientras que Unión Ferroviaria, La Fraternidad y Camioneros se quedaron con 6,66 por ciento cada uno. En el Gobierno consideran que la privatización del Belgrano Cargas y la actual gestión privada “fracasaron”.
En línea con la Ley de Reordenamiento Ferroviario, el decreto 1771/08 dispuso que las dos empresas estatales Sofse y ADIF se hagan cargo del ferrocarril. La SOE representaba una solución transitoria mientras se avanzaba en el proceso de terminación del contrato de concesión, pero su desintegración fue postergándose. La decisión de avanzar coincide con el arribo de las primeras vías, vagones y locomotoras desde China correspondientes al Plan Integral de Renovación del Belgrano Cargas. En 2013 llegarán 1700 kilómetros de vías para renovar, 200 vagones y 50 nuevas locomotoras.
Entre el Ministerio de Interior y Transporte que encabeza Florencio Randazzo y el equipo del viceministro de Economía, Axel Kicillof, barajan tres alternativas posibles para el Belgrano Cargas. La primera posibilidad es avanzar en línea con el decreto 1771/08 y que la operatoria quede en manos del Estado a través de la Sofse, empresa que ya opera otros trenes de pasajeros en el interior del país. La segunda propuesta contempla la creación de una nueva empresa estatal dedicada exclusivamente a la explotación de ese servicio.
Finalmente, la última alternativa es la de celebrar una sociedad mixta donde el Estado preserve el control del paquete accionario pero la parte privada lleve adelante el gerenciamiento comercial. Allí quien pretende quedarse con el negocio y desplazar a sus actuales “socios” es Emepa. El holding de Gabriel Romero es propietario de Ferrovías y Ferrocentral y también forma parte de las empresas que operan transitoriamente los ferrocarriles metropolitanos.
Los 90 días de la intervención anunciada la semana pasada no sólo permitirán resolver el futuro del ferrocarril sino realizar una “auditoría profunda” sobre el funcionamiento financiero y operativo de la SOE así como sobre el estado de situación de la infraestructura.
Desde mediados de año, la Secretaría de Transporte restringió los fondos que puede ejecutar la SOE mensualmente de 22 a 9 millones. Los recursos acumulados darán aire a quien se haga cargo, pero la limitación fue un primer paso para restringir los abusos en materia de redireccionamiento de subsidios y sobreprecios. En ese sentido fuentes oficiales enfatizan que la responsabilidad de las irregularidades acumuladas en esa concesión recaen sobre toda la SOE y no sólo sobre su accionista mayoritario.
Mientras avanza la auditoría, Transporte y Economía están terminando de delinear modificaciones para la regulación del transporte ferroviario de cargas. Hoy, las escasas exigencias para las empresas privadas están definidas por los contratos de concesión, cuyas obligaciones entraron en un terreno gris desde que la Ley de Emergencia Económica ordenó la renegociación de los contratos. La iniciativa que está en estudio contempla una mayor capacidad de regulación para el Estado con el objetivo de mejorar la competitividad de las economías regionales y evitar prácticas de discriminación comercial. En ese sentido, uno de los objetivos es lograr que las prestadoras del servicio no impongan tarifas restrictivas para los fletes que imposibiliten el acceso de algunos productos a ese medio de transporte.
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