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Esta semana se presentó el proyecto de reforma de la ley para regular el mercado de valores en la Comisión de Finanzas y Presupuesto del Congreso. La iniciativa busca reemplazar a la actual Ley de Oferta Pública, que data de 1968, otorgando mayor poder de regulación al Estado, lo que despertó duras críticas por parte de algunos hombres de negocios. “Es una ley que va a salir, y con amplio consenso”, asegura el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El autor y precursor del proyecto explica en una entrevista a Página/12 los alcances de la medida y rebate los argumentos esgrimidos por el establishment que se opone al cambio. Uno de los puntos que más resistencia genera es el mayor poder de policía de la CNV, aduciendo que será utilizado para presionar a las empresas enemistadas con el Gobierno. “Se generaron muchos fantasmas al respecto, pero cualquier sanción requiere de un proceso previo”, señala.
–¿Cómo será el proceso previo a la sanción?
–El esquema, que existe desde 2001, implica una instancia de investigación separada de la sumarial. En la CNV hay una gerencia de investigaciones que se ocupa de analizar las denuncias que se reciben del público o son de oficio (que detecta la CNV). En función de eso se investiga y se resuelve la apertura formal de un sumario administrativo, el cual puede derivar en un apercibimiento, multa o absolución. Esto significa que siempre, para aplicar una multa, tiene que haber un sumario. Hay una instancia abreviada, que sólo se aplica si el investigado acepta haber cometido un error, lo que deriva en un llamado de atención. Hasta ahora el proceso abreviado nunca se utilizó.
–¿Y en caso de disconformidad?
–Hasta ahora la apelación está en cabeza de la cámara comercial y estamos cambiando de fuero, porque es una anomalía que un ente del Estado tenga como alzada la Justicia comercial, como si fuese un tema entre privados. En realidad, el Estado tiene un fuero que es el Contencioso Administrativo Federal, como tienen el Banco Central o la UIF, porque tiene carácter federal. Muchos de los que se oponen a la ley o medios hegemónicos buscan tergiversar esto.
–¿Cuántas investigaciones hay en marcha?
–Tenemos más de cien investigaciones y en lo que va del año se realizaron quince sumarios.
–Las investigaciones requieren que se elimine el secreto bursátil, lo que también generó muchas críticas desde el establishment. ¿En qué consiste?
–La racionalidad conlleva a que los organismos del Estado puedan entregar información entre sí para que exista una mejor regulación de los conglomerados financieros. Esto también tiene que ver con que el G-20 está impulsando que todos los organismos reguladores puedan interactuar, y con la normativa local actual era imposible ese intercambio de información. Lo que muchos presentan como un avance del Estado sobre las empresas, en realidad se trata de una regulación racional sobre conglomerados financieros. El secreto no desaparece, sino que se traslada. Por ejemplo, la información que fluya entre la CNV y el Banco Central sigue siendo secreta para el resto y sólo puede ser entregada cuando haya una investigación en marcha.
–¿Hubo un pedido concreto de organismos para que se levante el secreto bursátil?
–Sí. Existe un compromiso con la organización internacional de comisiones de valores para tener antes de enero próximo esta situación salvada. De lo contrario, se corre riesgo de ingresar a la “lista negra” de ese organismo. También es parte del plan de acción que se presentó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y es un pedido del Banco Mundial.
–En el proyecto de reforma se habla de desmutualización del mercado. ¿Cuál es la implicancia para quienes inviertan?
–El principal cambio radica en el hecho de que haya más operadores. En el mediano plazo, el objetivo es que la gente pueda operar directamente en el mercado. Pero primero tenemos que asegurar la participación de actores no tradicionales que puedan ser operadores y, para ello, eliminamos la obligatoriedad de tener que ser accionistas del mercado. Para que entre un nuevo jugador, tiene que salir otro. Es decir vender su acción, limitando el número de jugadores.
–¿Cuáles serán los requisitos para ser agente?
–Según principios internacionales, se van a establecer criterios vinculados con el riesgo. Actualmente, con los mercados autorregulados, los requisitos patrimoniales de todos los agentes son iguales, ya sea que operen casi nada o miles de millones de pesos. Con la reforma, la CNV va a plantear requisitos mayores para los que operen más, donde el riesgo es mayor. También se establecerán distinciones según la categoría de los agentes. Por caso, los agentes de compensación, quienes entregan dinero o títulos a esos inversores, deberán cumplir también requisitos prudenciales y de capital. La idea no es excluir a nadie.
–El proyecto elimina toda autorregulación. ¿Qué rol les quedará a las Bolsas?
–La autorregulación se termina en el hecho de que la CNV será la que dicte las normas de regulación y las sanciones. Pero también está dispuesto que puede delegar en los mercado responsabilidades, como las normas de negociación en el ámbito de las Bolsas. Los mercados tendrán entonces la función de promoción de instrumentos, mientras que las sociedades de Bolsa cumplirán el rol de asesoramiento.
–¿Cómo se regularán las comisiones?
–Tenemos que esperar la sanción para avanzar en la reglamentación. No obstante, en lo que tiene que ver con la estructura de costos, apostamos a bajarlos y simplificar los trámites, para que la gente pueda acceder con menos condiciones. Pero lo vamos a revisar en función de los cambios en la estructura del mercado.
–¿Cómo se va a financiar la nueva estructura de la CNV?
–Estamos discutiendo con Economía y Jefatura de Gabinete la tabla con los nuevos aranceles y tasas que se aplicarán sobre todos los mercados. Esto tiene que ver con el financiamiento de la CNV, porque con la ley se requerirán más profesionales y recursos para poder cumplir con la tarea de control. Estos fondos van a provenir del arancelamiento, pero sin incrementar el costo de la operatoria. También se prevé una posibilidad de ampliar partidas presupuestarias.
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