Economía|Viernes, 30 de mayo de 2003

Por Cledis Candelaresi

A contramano del rechazo a un aumento tarifario que demostró hasta ahora el ministro de Planificación, Julio De Vido, un documento del postulante más firme a la Secretaría de Energía, Daniel Cámeron, sugiere la necesidad de la recomposición en los precios que reciben los productores de gas y los generadores de electricidad. Un informe preparado por quien fuera el principal responsable del gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz para el área energética, y puesto en manos de las empresas del sector pocos días antes de que el ex gobernador fuera consagrado como nuevo presidente, sugiere que, de no accederse a estos ajustes, se correrían riesgos de desabastecimiento por desaliento a las inversiones. Página/12 reproduce aquí algunos de los aspectos centrales de esa propuesta, que en gran medida reitera argumentos esgrimidos por las empresas del rubro. Hay, sin embargo, un punto que, de ponerse en práctica, generaría no pocos ruidos en el ambiente empresario energético: el trabajo plantea la conveniencia de impedir que una misma firma pueda participar simultáneamente en más de un segmento del negocio energético, lo que choca de frente con los intereses en el sector eléctrico y gasífero de al menos algunas de las principales empresas operadoras, de origen español, estadounidense y brasileño, entre otras.
El plan de Cámeron para el sector de energía llegó a manos de consultoras y empresas del sector impreso en hojas con el membrete “Kirchner Presidente”. Cámeron, quien ha tejido buenas relaciones con las petroleras a partir de su trabajo como gerente en el Organismo Federal de Provincias Hidrocarburíferas (Ofephi), incluyó en su análisis una estimación de las pérdidas sufridas por las empresas a raíz de la devaluación, arribando a un perjuicio para los productores de petróleo, gas y energía eléctrica de 2133 millones de dólares por la pesificación de sus contratos y la obligación de afrontar costos en moneda dura.
Con respecto a “la falta de incentivos” para los productores, el estudio señala:
- El valor del gas en boca de pozo está 56,32 por ciento “por debajo de lo razonable” y el de la generación eléctrica, 58,01 por ciento.
- A partir de la pesificación, no hay estímulos para desarrollar reservas de gas y, de mantenerse la situación actual, “se encuentra comprometido el abastecimiento del invierno del año 2003”, o a lo sumo el de 2004.
- En energía eléctrica, “la situación de riesgo se presentará dentro del segundo o tercer año”, teniendo en cuenta que a partir de la recuperación de la actividad económica la demanda crecería entre el 6 y el 9 por ciento anual, mientras que la producción permanecería estancada.
Los argumentos de Cámeron son prácticamente un calco de los que han esgrimido ante la gestión de Eduardo Duhalde las empresas del sector, empezando por Oscar Vicente, el vice de Pérez Companc, holding cuya división Energía pasó a manos de Petrobrás. Desde el grupo local se pregonaba la necesidad de redolarizar los contratos que las productoras gasíferas han celebrado, al menos, con sus clientes exportadores, dado que si éstos tienen ingresos en divisas, sería justo que afrontaran sus pagos también en dólares.
Cámeron considera que la distribución de gas y electricidad son segmentos monopólicos y regulados y, por este hecho, merecen un tratamiento especial, aunque admite que también fueron afectados por la devaluación. “Hubo un quiebre de la ecuación económica de estos contratos y hay necesidad de renegociar los mismos”, subraya el texto.
En el capítulo de la “Propuesta”, el candidato a colaborar con Julio De Vido recomienda “fijar para la producción de gas y electricidad “un sendero de precios que, en el término de 12 a 18 meses, permita una rentabilidad razonable”. A renglón seguido aclara que esto no significa, necesariamente, un aumento “a todos o a una parte de los usuarios residenciales”. La idea prevaleciente sería la de no afectar a lossectores de más bajo consumo y hacer recaer el aumento sobre grandes consumidores y usuarios comerciales e industriales, semejante a la propuesta que Lavagna hiciera en la anterior gestión por dos veces y fuera rechazada otras tantas en la Justicia.
A esa tarea inmediata, añade otras de mediano plazo, como la de impedir a quienes participan en un segmento de la cadena del negocio del gas o de la electricidad participar en otros. En su versión más extrema, este principio impediría a Petrobrás producir y transportar gas y a la española Endesa o a la estadounidense AES generar y distribuir electricidad, por ejemplo. Los marcos regulatorios actuales contemplan restricciones de ese tipo, aunque con una salvedad: la simultaneidad de roles es admisible si no se ocupan posiciones dominantes en cada segmento.

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