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En Estados Unidos se publica un sitio web llamado The Robing Room, cuya particularidad es “juzgar a los jueces” (http://www.therobingrom.com). Es una especie de encuesta online que arroja puntuaciones sobre todos los magistrados con jurisdicción en ese país. El juez Thomas Poole Griesa tenía en 2009 un puntaje de 3,7 sobre 10. Además de las calificaciones, los visitantes del sitio pueden dejar sus comentarios: “Es holgazán e irresponsable”; “Se debería haber retirado hace mucho”; “Una persona desagradable”. Al margen de ello, Griesa ha tomado como una causa personal los reclamos de los fondos buitre. Es que desde 2003 a la fecha se ha convertido en el juez más permeable a los intereses de los “buitres”.
Griesa es hijo de un banquero. Nació en 1930, durante la crisis de Wall Street, en Kansas City (Wisconsin), el centro de los Estados Unidos, tierra de republicanos y conservadores. Como abogado recibido en Stanford, se dedicó a temas navales hasta que, en 1972, el entonces presidente Richard Nixon lo propuso para el cargo de juez federal en el distrito Sur de Nueva York. En 1993, la Suprema Corte del Estado lo designó juez en Jefe, cargo que ocupó hasta 2000, cuando recibió la categoría de miembro senior del sistema judicial, un estatus para jueces casi retirados que trabajan menos horas, pero con iguales beneficios económicos que cualquier otro magistrado. Su carácter de “senior” no le impidió dedicarse a tiempo completo para fallar en contra de la Argentina.
El primer fallo llegó en 2003, dando lugar al reclamo de tres empresas por más de 8 millones de dólares. Pero sus resoluciones más emblemáticas llegaron a partir de la presión de los principales fondos buitre que operan contra la Argentina: Elliot y NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel.
En 2007, este magistrado tomó la decisión de avalar demandas colectivas contra la Argentina (acciones de clase). En aquel entonces había 120 juicios, por un total de 2500 millones de dólares. Actualmente sumarían 3500 millones, a valor nominal, a lo que habría que sumarle intereses. En enero de 2009, Griesa falló a favor de los buitres por un volumen cercano a los 2200 millones de dólares, mientras que el año anterior había decretado el embargo de los fondos de las ex AFJP, por otros 2500 millones de dólares, cuando todavía el Congreso argentino estaba en pleno tratamiento de la nacionalización de dichos fondos.
“Lo que le molesta a Griesa es que la Argentina está cuestionando la jurisdicción y los alcances de sus fallos. Ya es una cuestión personal. El sistema norteamericano funcionó siempre así, y ahora hay países que lo están cuestionando, no sólo la Argentina”, afirmó a Página/12 un economista argentino con asiento en Washington.
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