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La Justicia Federal le ordenó a la AFIP continuar una investigación contra la cerealera Molinos, acusada de eludir el pago de impuestos a través de la “utilización fraudulenta de un convenio de doble imposición entre Argentina y Chile”. La Sala I de la Cámara Federal de San Martín dispuso que los tribunales federales de San Isidro continúen evaluando las pruebas recogidas durante un allanamiento en la sede central de Molinos, realizado meses atrás. El año pasado, el gobierno nacional dio de baja dos convenios tributarios con Chile y Suiza, a partir de la cual varias empresas, entre ellas Molinos, eludían el pago de impuestos. Por otro lado, el ente recaudador recordó que la cerealera debe 200 millones de pesos que surgen de la aplicación de la ley Martínez Raymonda.
La planificación fiscal les permite a los grandes grupos económicos locales y multinacionales estructurar sus negocios para abusar de las zonas grises que deja la legislación. La elusión fiscal y el uso de paraísos fiscales son algunas de las maniobras a las que apelan las compañías para reducir el pago de tributos de un modo aparentemente legal, aunque fraudulento. “La planificación fiscal nociva desarrollada por el grupo económico concentrado constó de dos etapas. Por un lado, Molinos subfacturó las exportaciones efectuadas a través de empresas intermediarias o traders del grupo, radicadas en jurisdicciones de baja tributación que no intercambiaban información fiscal con nuestro país. De esta manera ahuecó la base del Impuesto a las Ganancias en la Argentina”, explicó Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, a través de un comunicado.
“Molinos interpuso en Chile una sociedad ‘Plataforma’ con el único objetivo de evitar el pago del Impuesto a las Ganancias por las utilidades repatriadas a nuestro país”, agregó el titular del ente fiscalizador. Por este mecanismo, la firma repatrió utilidades por más de 400 millones de pesos sin pagar Impuesto a las Ganancias en la Argentina y tampoco en Chile. “Esto configuró una clara maniobra nociva de doble no imposición”, sostuvo la AFIP.
La empresa Molinos también es investigada por una deuda superior a los 200 millones de pesos que surge de la aplicación de la Ley 26.351 (Martínez Raymonda). A fines de 2007, el Gobierno aumentó los derechos de exportación, que en el caso de la soja pasaron de 27,5 al 35 por ciento. Según denunció la AFIP, las exportadoras habrían realizado una presentación anticipada de las Declaraciones Juradas para poder abonar las retenciones con la alícuota antigua (27,5 por ciento), pero sin haber efectuado la compra de granos y cereales como indicaba la ley. La trampa estuvo, además, en que a los productores sí les habían descontado un 35 por ciento de retenciones. En total fueron 20 multinacionales que habrían evadido 1700 millones de pesos.
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