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En medio del debate parlamentario por el proyecto de ley de exteriorización de capitales en moneda extranjera, o “blanqueo”, en la última semana hubo varias novedades vinculadas con el tema, pero no debidamente procesadas. Es decir, no se las relacionó con el proyecto en cuestión desde el punto de vista de la gravedad de los asuntos involucrados (por la magnitud del dinero “en negro” que circula en la economía argentina y las consecuencias que ello tiene), la responsabilidad de ciertos actores (empresas multinacionales que “fugan” divisas mediante los muy conocidos, pero poco investigados precios de transferencia) y el impacto que pudieran tener sobre la gestión fiscal (la insistencia en la supuesta protección a empresarios sospechados de evasores y el ocultamiento de otros grandes evasores con denuncias cajoneadas hace años). Jorge Gaggero, un meticuloso analista de políticas fiscales y miembro de la Red de Justicia Fiscal (TJN), de Cefid.Ar y asesor del CELS, analizó justamente estos tres temas durante una exposición en 2012 en la Universidad Essex, Gran Bretaña, que él mismo recordó y difundió en estos días. Conviene repasar algunas de las cuestiones allí planteadas para tener una mayor aproximación al escenario en el que se plantea el actual blanqueo, como modo de medir su necesidad pero, a la vez, advertir sobre sus riesgos.
El blanqueo es un intento de revertir el proceso de aceleración de fuga de divisas que viene manifestándose desde fines de 2011, tal como lo sugiere el propio proyecto de ley desde sus fundamentos. Esta fuga tiene sus antecedentes en la práctica de “sectores empresarios y las personas más ricas”, de dolarizar sus activos o transferir su patrimonio al exterior, que se inicia en forma masiva en el país en la primera parte de la década del ’50, durante el primer peronismo, recuerda Gaggero en el trabajo citado. Pero estas prácticas “ganaron escala y se hicieron permanentes a principios de la década del ’70”, aun antes del segundo peronismo (1973/76). Lo más notable es que el proceso de mayor aceleración de la fuga se haya dado en los ’90, durante la década de la convertibilidad, en la que “el sector privado argentino duplicó su tenencia de activos externos, que ascendieron de 50 mil millones de dólares a aproximadamente 100 mil millones, de 1991 a 2001, representando el 35 por ciento del PIB al momento del derrumbe de la convertibilidad”.
Los resultados demuestran que el fenómeno no está ligado exclusivamente a las condiciones de “confianza” o mal llamada “seguridad jurídica” para los inversores, sino a una conducta propia de los sectores rentistas, que más lo aplican cuanto más facilidades existan para dolarizarse o fugar activos. En los años posteriores a la convertibilidad, hasta 2010, Gaggero señala que “la cartera de activos externos creció a una tasa similar a la de crecimiento del PIB”. Fueron años de fuerte crecimiento económico, y fuerte salida de capitales. “Según cálculos conservadores de las autoridades, los activos externos del sector privado sumaban en 2010 unos 173 mil millones de dólares, equivalentes al 36 por ciento del PIB”.
La variación de activos externos de los residentes privados argentinos tuvo, sin embargo, dos períodos bien diferenciados en estos años. En el primer quinquenio posterior al fin de la convertibilidad, se verificó una entrada neta positiva de capitales de residentes argentinos, “que permitió –en gran medida– la financiación de la reactivación productiva en las particulares condiciones de entonces: ausencia casi total de crédito bancario interno y de financiamiento externo”, apunta Gaggero. Es decir, en las peores condiciones financieras (“Argentina se había caído del mundo”, según el lema de la ortodoxia financiera), los sectores empresarios y “personas más ricas” traían su plata al país. Y sin que nadie les ofreciera tasas exorbitantes ni seguros de cambio.
En los años siguientes, particularmente a partir de 2008, se verifica una huida masiva de activos hacia el dólar, que reconoce causas internas y externas, subraya Gaggero. Hay un primer episodio que abarca desde aquel año, inicio de la crisis financiera internacional con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, hasta principios de 2010. El segundo capítulo se inicia poco antes de la reelección de Cristina a la Presidencia, en octubre de 2011. A los factores externos –crisis global y “fuga hacia la calidad”–, se les suman aspectos internos como “problemas económicos y de gestión”.
Los tres hechos de la semana que se vinculan con este diagnóstico, que de alguna manera dibuja el plano sobre el que se asienta el proyecto de blanqueo de activos externos, son: las afirmaciones del titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, respecto de la incidencia de los activos en dólares billete que están físicamente en el país (que estimó en el orden de los 40 a 50 mil millones); la denuncia contra la multinacional Dart respecto de la maniobra evasiva con importaciones a filiales de la misma empresa por valores varias veces inferiores a los de mercado; y por último, la distinta vara con la que se manifiestan en la prensa los casos sospechados de fuga y evasión de Lázaro Báez (empresario santacruceño) y el de los más de 400 empresarios denunciados por un ex agente de J. P. Morgan de fugas multimillonarias de dólares, entre los que se encuentran los titulares de las principales corporaciones empresarias en rubros industriales (alimentación, siderúrgica, energía) y de comunicación (telefonía y medios).
Los dichos de Sbatella, primero publicados en una entrevista de Página/12 del último domingo y luego expresados en entrevistas radiales, apuntaban a señalar la trascendencia que tiene el volumen de capital “no declarado” que existen en forma líquida en la economía argentina y que, para circular, lo hace mediante otras operaciones no declaradas, para no ser descubierto. Así justificó el blanqueo, para darles posibilidad a esos capitales de ingresar al circuito legal. Además, explicó que mientras esos capitales se mantuvieran no declarados y en dólares, representaban una presión adicional para lograr una devaluación y sacar ventajas de su traspaso a la economía local. En ese sentido, lo describió como un factor “potencialmente desestabilizador”.
Dentro de esos capitales no declarados en dólares, Sbatella mencionó a los que podrían estar en cajas de seguridad. Eso sólo bastó para que aparecieran quienes interpretaran que “el Gobierno dice que quienes poseen capitales en caja de seguridad son desestabilizadores”, encendiendo la alarma para sacar de allí los dólares antes de que llegara el agente expropiador enviado por las autoridades. Una forma nada creativa, pero todavía eficaz de minar cualquier intento del Gobierno de combatir la fuga de divisas. No casualmente quienes realizan la operación son los “consultados” de siempre, ya se trate de un diputado, un ex secretario de finanzas o un constitucionalista.
El segundo hecho es la denuncia y allanamiento a la planta industrial de Dart, fabricante de vasos térmicos en el país. Más que por la empresa en sí, o por su pertenencia al titular de un fondo buitre que litiga contra Argentina, lo que debiera haber llamado la atención es que la operación denunciada es una de las formas más alevosas y antiguas de fugar divisas y evadir impuestos, utilizada por algunas de las firmas que más facturan en el país. No es éste el caso de Dart, pero desde hace décadas se denuncia que cerealeras, terminales automotrices, concesionarias de servicios públicos y una multitud de empresas de primera línea compran, venden o contratan servicios en el exterior con filiales a precios que pocas veces se controlan. La sospecha, en varios casos comprobada, es que cuando facturan al exterior lo hacen por debajo del valor real (simulando menos ganancias para evadir e ingresando al país menos divisas porque el resto lo dejan afuera sin declarar), y cuando compran o importan lo hacen por encima del valor real. No deja de ser una curiosidad que en pleno debate sobre fuga de divisas se hable más de cajas de seguridad que de estos otros protagonistas.
El tercer hecho es el de los listados de evasores y lavadores denunciados. Hernán Arbizu, ex responsable del agente financiero J. P. Morgan para las grandes cuentas de Argentina, denunció maniobras de fuga de divisas no declaradas de unos 480 clientes, entre personas y empresas, por sumas millonarias. Presentó pruebas y se autoinculpó explicando cómo y para quién realizó las maniobras. Lo que en estos días se cuenta de Lázaro Báez, moviendo bolsas de consorcio llenas de plata de un lado para otro, sería de ser cierto apenas una forma artesanal de hacer lo que Arbizu lograba moviendo su “mouse”. Una gestión tributaria exitosa requiere también de la confianza y severidad en el tratamiento del delito fiscal, sin importar a quién le toque, advierte Gaggero. Y no se trata sólo de medir la cercanía al Gobierno del denunciado. Ese listado de poderosos, en el que figura la plana principal de asociaciones de empresarios de mayor capacidad de influencia en el país, permanece dormido en despachos judiciales desde hace cinco años. No le será fácil al proyecto de ley en el Congreso cambiarles la conducta a “empresarios y personas ricas” mientras que quienes son denunciados sigan gozando del beneficio de no ser molestados.
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