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El régimen de asignaciones familiares (RAF) tiene como objeto hacer posible el desarrollo adecuado de las familias, sea mediante el pago de una suma mensual por hijo y una ayuda escolar anual en marzo de cada año o proporcionando asistencia especial a las mujeres durante el embarazo y por un tiempo después del parto. El RAF brindó durante décadas un amplio apoyo monetario a vastos sectores sociales, pero no incluyó a las familias más postergadas, privándolas de su derecho a “la compensación económica familiar” (artículo 14 bis). Esta discriminación se agravó a partir de la reforma constitucional de 1994, que encomendó al Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato...., en particular respecto de los niños, las mujeres....”, y “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia” (artículo 75).
El Poder Legislativo ignoró esta normativa, y cuando el presidente Carlos Menem reemplazó por decreto de necesidad y urgencia el régimen vigente –que tenía trece prestaciones– por otro con sólo cuatro, luego corrigió ese desatino mediante la Ley 24.714 –en la que se establecieron ocho–, pero mantuvo la exclusión mencionada. Procuramos la enmienda de esta iniquidad mediante notas y proyectos de ley. En el presentado en la Cámara de Diputados el 8 de abril de 2009 planteamos que sin dilaciones el Congreso debía extender el RAF a los trabajadores no registrados, empleadas en casas particulares y desocupados, comenzando con la asignación por hijo. Insistimos en la Anses y desde estas columnas el 22 de julio (“Un imperativo ético impostergable”).
Ante la desidia del Congreso –con mayoría opositora al gobierno nacional–, la Presidenta incorporó por DNU la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). Remitido a la Comisión Bicameral Permanente (CBP), la diputada Marcela Rodríguez (CC) y el diputado Julián Obiglio (PRO) plantearon su invalidez. De haberlo logrado, los 3,5 millones de menores que mensualmente perciben la AUH seguirían esperando.
El 27 de julio de 2010 propusimos en otro proyecto de ley continuar con la asignación prenatal (que se abona durante el embarazo), la asignación por nacimiento y la asignación por ayuda escolar anual. Insistimos en el suplemento Cash del 6 de noviembre de ese año (“Un año de la AUH”), y ya cercano al inicio del ciclo lectivo 2011 sin cambios, solicitamos a la Presidenta su aprobación. Recibimos una respuesta favorable, efectivizada parcialmente por un DNU que incorporó en la Ley 24.714 la Asignación por Embarazo para Protección Social (AEPS), extendiendo así a las mujeres más desamparadas la asignación prenatal, que les fue inicuamente negada durante 37 años. Remitido a la CBP, la diputada Marcela Rodríguez (CC), el diputado Juan Tunessi (UCR), la senadora Liliana Negre de Alonso (AFJ) y los senadores Ramón Mestre y Luis Naidenoff (UCR) plantearon la invalidez del DNU. Si lo hubiesen logrado, las mujeres que han percibido la AEPS y las que actualmente la están cobrando (alrededor de 65.000) nada habrían recibido.
En su carácter de secretario general de la CGT, Hugo Moyano solicitó a la Presidenta, entre otras cosas, que se evalúe eliminar los techos existentes para el cobro de las asignaciones familiares o, de un modo subsidiario, que se eleven los topes previstos y se unifique en la asignación más alta para todos los trabajadores, sin distinción de ingresos. También pidió que se actualice la asignación por ayuda escolar anual, pero nada dijo sobre la privación de este derecho a los menores que reciben la AUH y asisten a la escuela y de la asignación por nacimiento a las mujeres que han accedido a la AEPS. Ante esta omisión planteamos de nuevo el otorgamiento de ellas, aumentar el valor de los topes y de las prestaciones y establecer un mecanismo de actualización semestral.
En septiembre de 2012, la Presidenta fijó el límite de ingresos aplicable al grupo familiar de los trabajadores registrados en 14.000 pesos, con la condición de que ninguno de los integrantes supere los 7000 pesos (anteriormente no podían exceder los 5200), y el pasado 30 de mayo los subió a 16.800 y 8400 pesos, respectivamente. También incrementó los montos de las prestaciones (35,3 por ciento la AUH, la asignación prenatal, la AEPS) y estableció un suplemento adicional por única vez de 340 pesos para quienes percibieron la asignación familiar por ayuda escolar correspondiente al período lectivo 2013. Tales medidas significarán un incremento en la inversión social anual de 16.803 millones de pesos, que contribuirá a proseguir reduciendo los elevadísimos niveles de pobreza e indigencia que tuvimos en la crisis de 2001/02, como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas en los ’90.
Frente al insistente pedido de ampliar la asignación por hijo a todos los menores (incluyendo las familias con ingresos elevados o exorbitantes) estimo, con apoyo en nuestras normas supremas y en razones de equidad, solidaridad y justicia social, que primero debería extenderse la asignación por nacimiento a las mujeres que perciben la AEPS y la asignación por ayuda escolar anual a los menores que cobran la AUH, que son claramente las personas más necesitadas.
* Integrante de Carta Abierta.
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