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La Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Norberto Berner, está estudiando las distintas herramientas legales para evitar cualquier tipo de aumento en los abonos y facturas de la telefonía celular. Si bien este sector cuenta con precios desregulados, está bajo análisis la aplicación del artículo 34 de la resolución 490/97 que establece, en relación con los precios, que “la autoridad de aplicación podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, establecer excepcionalmente algún tipo de restricción o disponer alguna autorización previa”. Esta normativa ya se utilizó en 2001, cuando las compañías de telefonía celular intentaron modificar de manera unilateral los contratos con sus clientes. La Secretaría de Comercio interior, a cargo de Guillermo Moreno, también podría solicitarles a los prestadores un informe sobre sus estructuras de costos para que expliquen los motivos por los cuales aumentarían los precios de sus servicios.
Según confirmaron a Página/12 tanto Movistar como Personal, su intención era aumentar sus abonos entre un 7 y 10 por ciento. Consultadas por este diario por las posibles sanciones del Gobierno, ambas empresas contestaron casi al unísono: “No tenemos comentarios para hacer”. Las empresas Claro y Nextel también aumentarían las tarifas de sus planes.
“Las empresas reconocen que existe un deterioro en la calidad del servicio. Nos venimos reuniendo con cada una de ellas (Movistar, Personal y Claro) entre dos y tres veces por semana para terminar de definir el reglamento de calidad. Por un lado, reconocen que tienen que hacer más inversiones, pero por el otro pretenden trasladar el costo de esas inversiones a los usuarios. Si trasladás el costo a tus clientes, no estás invirtiendo. La rentabilidad de las empresas y la mala calidad de los servicios brindados vuelve vergonzante cualquier posibilidad de aumento”, afirmó a Página/12 Berner.
Las discusiones que se están dando en la elaboración de la letra chica de la resolución 5 –Reglamento de Calidad– apuntan a que las empresas ofrezcan mayores parámetros de calidad a sus clientes y a su vez se generen las inversiones para optimizar el uso de la red de telecomunicaciones. Las empresas argumentan que existe saturación del espectro radioeléctrico y que el Estado debería abrir nuevas licitaciones de espectro como una forma de solucionar los problemas existentes.
Sin embargo, con el estado actual de las redes, las empresas no han dejado de crecer en número de clientes, venta de equipos celulares y rentabilidad. Así se desprende de los balances presentados en la Bolsa de Comercio local. La empresa Personal (Telecom) tuvo ingresos durante el primer semestre del año por 7583 millones de pesos, es decir un 22 por ciento más que en el mismo período del año pasado. A esto hay que sumarle las ganancias por la totalidad de los servicios brindados por la empresa (voz y datos). Por su parte, Movistar (Telefónica) obtuvo ingresos por 1217 millones de euros, un 24,1 por ciento más que el primer semestre de 2012 medido en moneda local. “Si bien no están regulados los precios, está regulada la calidad. El sector tiene una altísima rentabilidad. Por eso creemos que no pueden trasladar el costo de su adecuación a los clientes”, agregó Berner.
Como el sector de las telecomunicaciones continúa desregulado, a pesar de que existen varios proyectos de ley para declarar a la telefonía celular servicio público, la Secretaría de Comercio está analizando distintas herramientas legales para evitar cualquier aumento de precios, en momentos en que continúan las negociaciones para aplicar la resolución 5.
“Los precios, cargos de activación y prestaciones adicionales correspondientes a los servicios incluidos en el presente Reglamento serán libres y de exclusiva responsabilidad del prestador. La Autoridad Regulatoria podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, establecer excepcionalmente algún tipo de restricción o disponer alguna autorización previa”. Esto es lo que dice la resolución 490/97, que podría utilizarse para frenar posibles incrementos de precios. Esta norma fue utilizada en 2001 por el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar para frenar la aplicación del CPP (abono llamada paga). Inclusive, la resolución utilizada por el ex funcionario (resolución 122/2001) le permitiría al Estado solicitar todos los planes comerciales de las compañías para su previa evaluación y aprobación.
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