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La Cámara de Diputados convertirá en ley el miércoles el proyecto de reapertura del canje de deuda, que tendrá los mismos beneficios que se otorgaron en las reestructuraciones realizadas en 2005 y 2010, y que fueron aceptadas por el 93 por ciento de los bonistas. Mañana a las 16 está prevista una reunión de las comisiones de Finanzas y Presupuesto para aprobar el dictamen que habilitará el debate. A su vez, el jueves el Senado convertirá en ley el proyecto que grava acciones que no cotizan en Bolsa para compensar parte de la recaudación que el Estado dejará de percibir al elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
En Diputados, el oficialismo no sólo contaría con la mayoría propia y de los bloques aliados, sino que sumaría la adhesión del radicalismo y de algunos integrantes del peronismo opositor, reflejando lo que ocurrió en la votación del proyecto en el Senado. El proyecto, enviado hace dos semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo. La iniciativa apunta a “llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos” que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. El artículo segundo del proyecto establece que los “términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10”, en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.
Otro artículo importante, el número siete, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y el cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo. Se trata de un artículo clave, de cara al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si toma o no el caso.
El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje. Desde el radicalismo, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Miguel Giubergia, adelantó que su bloque “no va a poner palos en la rueda para abrir un nuevo canje de deuda” aunque cuestionó a los funcionarios que llevaron adelante las últimas negociaciones vinculadas con los fondos buitre.
En el Senado, por su parte, el proyecto para gravar la renta financiera obtuvo dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal el jueves pasado. Allí se propone la eliminación de la exención sobre las acciones de empresas, aunque se estableció que sólo tributarán un 15 por ciento aquellas que no cotizan en Bolsa, y el 10 por ciento sobre los dividendos. Además, se incluye el tributo para empresas extranjeras que realicen entre sí compra y venta de paquetes accionarios de empresas argentinas.
El proyecto apunta a reemplazar parte de los fondos que dejarán de recaudarse al quedar eximidos de Ganancias los salarios brutos de hasta 15.000 pesos –de trabajadores casados y solteros–, medida que comenzó a regir desde el primero de este mes. La medida tiene el respaldo del bloque del Frente para la Victoria, en tanto que la oposición integrada por el radicalismo, el peronismo disidente y el Frente Amplio Progresista decidió rechazar esta propuesta diseñada por el gobierno nacional, que fue sancionada por diputados el miércoles a la noche.
En ese sentido, fuentes del bloque radical anunciaron que presentarán un dictamen de minoría propio y adelantaron que será similar al despacho propiciado por partidos opositores para que se amplíe el mínimo no imponible a todas las escalas y se actualice en forma semestral.
El proyecto fue defendido el jueves pasado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien destacó que se apunta a financiar los cambios instrumentados por el gobierno nacional en Ganancias, que disponen que los trabajadores, tanto casados como solteros, que perciben hasta 15.000 pesos brutos queden exentos de ese tributo. En tanto que los empleados que cobren hasta 25.000 pesos brutos tendrán una rebaja menor de sus salarios al elevarse en esa categoría en un 20 por ciento el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
Echegaray explicó ante los senadores que la iniciativa que grava con un 15 por ciento las acciones de empresas que no cotizan en Bolsa, y establece un tributo del 10 por ciento sobre los dividendos, busca lograr “un nivel de equilibrio”. Echegaray argumentó que “se optó por gravar la venta de acciones que no cotizan en Bolsa que se estiman puede dar por año entre 650 y 700 millones de pesos con una alícuota del 15 por ciento” y recordó que “antes se hacía compraventa de acciones que al Estado no le dejaban un peso”. El funcionario señaló que se descartó gravar los plazos fijos porque “eso es ahorro argentino” y “es contraproducente”, y destacó el hecho de que se “equiparen las empresas nacionales con las de capital extranjero” en el pago de este gravamen.
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