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El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará el próximo 9 de diciembre los cambios en las estadísticas oficiales que va a suponer la publicación del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC-Nu). En el Gobierno esperan que ese día el Fondo empiece a debatir la difusión de un informe que probablemente sea positivo y que se daría a conocer tiempo después. Sin embargo, la medida de censura aplicada por el FMI, que pesa sobre la Argentina desde febrero, no se tocará hasta entrado el año que viene. Es decir que la palabra final del Fondo llegará recién cuando el nuevo índice de precios, que reemplaza al cuestionado IPC-GBA, esté en funcionamiento. También a comienzos del año que viene se estrenará la base 2004 para el cálculo del Producto Bruto Interno (PBI).
En el Gobierno plantean que el trabajo con el Fondo fue positivo y que eso se va a reflejar en el informe del directorio. Algo de eso también dejó entrever el propio organismo en declaraciones recientes de parte del vocero, Gerry Rice. Ante una consulta en una ronda de prensa, Rice contestó que el staff del Fondo tuvo “conversaciones constructivas con las autoridades nacionales en las reuniones para mejorar los datos oficiales de la nueva medición y del PBI, incluyendo los intercambios sobre el desarrollo del nuevo Indice de Precios al Consumidor a nivel nacional”.
La consideración preliminar positiva del Fondo sobre la cuestión estadística se explica por una serie de exigencias de parte del organismo que el Indec pudo cumplir. La primera fue haber arrancado en marzo de 2012 con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (Engho), que indagó a 37 mil hogares de todo el país acerca de gastos diarios e ingresos. La última se había realizado entre 2004 y 2005. Es el principal insumo para el IPC-Nu.
Un año después, siguiendo con el cronograma comprometido al FMI, se terminó la encuesta. En abril se presentaron a los técnicos los primeros resultados de la encuesta en relación con los gastos, y en junio se ofrecieron datos finales. Luego se agregó la información sobre ingresos. “El procesamiento de los datos de una encuesta de esta magnitud lleva de 18 a 24 meses, y nosotros lo hicimos en mucho menos”, indicaron en el Indec.
Después, la titular del Indec, Ana María Edwin, junto al director técnico, Norberto Itzcovich, y otros técnicos, se sentaron a discutir a nivel metodológico el armado del índice. Surgieron entonces intercambios acerca de las ponderaciones de los productos en las canastas, que serán seis, en función de una subdivisión socioeconómica del territorio nacional. El Fondo propuso cambiar la forma de medir los productos con alta estacionalidad y el tratamiento de los “valores extremos”, que son precios que escapan a la media. El Indec tomó las sugerencias.
La presencia del FMI en materia metodológica fue importante en todo el proceso, y la predisposición del Indec a los cambios, también. De ahí que el organismo se manifieste en forma favorable al Gobierno, luego de las graves críticas que dedicó a las estadísticas públicas, en sintonía con el descrédito que el IPC-GBA tiene en sectores académicos, sindicales y empresariales, que terminaron en la declaración de censura a principios de año, con el riesgo de que el país quede incluso afuera del Fondo.
Ayer el directorio del FMI recibió de parte de la titular del organismo, Christine Lagarde, el informe sobre el caso argentino. “Puedo confirmar que la dirección del Fondo envió el informe al Directorio Ejecutivo, acerca de la respuesta de la Argentina a las preocupaciones expresadas sobre la calidad de los datos oficiales entregados al FMI para el Indice de Precios al Consumo del Gran Buenos Aires y el Producto Interior Bruto (PIB). Se ha fijado para el 9 de diciembre un encuentro tentativo del directorio para discutir este informe”, dijo Rice a través de un comunicado.
El Gobierno especula que en diciembre o enero habrá una declaración favorable sobre el curso metodológico que tomó la operación IPC-Nu. Sin embargo, la resolución política del asunto, que es la definición sobre la declaración de censura, no tendría lugar hasta que el nuevo índice se publique. “Por más bueno que sea el informe del directorio no va a decir que se levanta la censura”, aseguran en el Ministerio de Economía.
El nuevo IPC contó también con el asesoramiento de varios institutos de estadísticas de otros países y contará con la participación de 23 provincias y una serie de universidades. Será confeccionado en un edificio del Ministerio de Economía en lugar de las oficinas del Indec de Diagonal Sur.
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