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La apelación presentada por el Gobierno ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se expida sobre el litigio que enfrenta el país con un grupo de fondos buitre sumó ayer su primer acompañamiento formal. El grupo de bonistas que ingresaron a la reestructuración, denominado Exchange Bondholder Group (EBG), liderado por Gramercy Management, hizo punta con un escrito en el que solicita a la Corte que se los considere como “parte interesada” en el litigio debido a sus tenencias en deuda argentina. El escrito resalta la preocupación de los bonistas que aceptaron el canje, cuyos pagos podrían verse interrumpidos por un eventual default técnico si se obliga al país a cumplir con las sentencias de primera y segunda instancia. La Cámara de Apelaciones de Nueva York había rechazado incluir a este grupo como parte interesada en el litigio. El pedido de Gramercy se conoce 48 horas después de la presentación argentina ante la Corte para que se reviertan los fallos de los juzgados de Distrito que obligan al Estado argentino a pagarles los demandantes sin quita y en efectivo los 1330 millones de dólares que reclaman por sus tenencias en títulos que entraron en cesación de pago en 2001.
Esta semana, el Gobierno jugó su última carta en el conflicto al elevar a la Corte estadounidense la apelación al fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que obliga a pagarles los fondos buitre; sentencia que fue convalidada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones. El objetivo de la presentación oficial es que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y revise el monto y la modalidad de pago. Los fundamentos esgrimidos en la presentación hacen hincapié en que la sentencia de Griesa violenta la inmunidad soberana del Estado argentino consagrada por la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FISA, por sus siglas en inglés) y en los errores conceptuales que el juez supuestamente cometió en ambos fallos al considerar que se incumplió la cláusula pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores). También advierte sobre la falta de equidad de la medida para el 93 por ciento de los tenedores que ingresó al canje y aceptó una quita, y del riesgo de default de los títulos vigentes de pago. Esto último es lo que motiva a los fondos que ingresaron al canje y mantienen deuda argentina a acompañar la defensa del Gobierno.
“El pedido de revisión (writ certioriari) tiene el objetivo de remediar los enormes daños que amenazan de forma inminente a terceras partes afectadas como resultado de las órdenes judiciales. Estos plantean cuestiones fundamentales de importancia nacional en relación con el correcto alcance del poder equitativo del Poder Judicial Federal y constitucional, para poner en peligro los intereses de propiedad privada de algunos ciudadanos, para el beneficio privado de otros”, según la apelación del EBG. A diferencia de los que presentan sus amicus curiae (amigos del juez) en apoyo a una posición, la presentación que lidera Gramercy implicará defender una de las posturas –en este caso, la argentina– en un eventual juicio. “Así como Paul Singer es parte interesada por contar con bonos argentinos en default, Gramercy lo es por sus tenencias en títulos reestructurados y en peligro de default”, explicaron fuentes del fondo a Página/12.
El escrito de Gramercy resalta que el fallo de Griesa no sólo violó el Acta de Inmunidades de los Soberanos extranjeros sino que, también, fue en contra de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este último argumento no fue utilizado por el equipo económico y de abogados que presentó la apelación argentina. “Los miembros del grupo –añade el escrito de 32 páginas y 65 apéndices– tienen derechos constitucionales fundamentales que los protegen de la acción de gobierno que se apodera de sus bienes en beneficio de otros ciudadanos privados”, y agrega: “A la fecha, (la Argentina) ha honrado completamente sus obligaciones”.
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