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Se suele decir que el petróleo es la metáfora de la riqueza en las sociedades industriales –lo que antes fue el oro– y, por eso mismo, la llave ante la idea de una nación autónoma.
Cuando en 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, que con su sanción declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización muchas fueron las voces que al grito de “¡peligro!” hablaron inmediatamente de confiscación, imprevisibilidad y fuga de inversiones extranjeras.
“Esta decisión va en contra de los intereses de los argentinos. Vamos a estar peor en un año que hoy”, dijo en aquel entonces el líder del PRO, Mauricio Macri, al referirse a la expropiación del 51 por ciento del patrimonio de Repsol-YPF. En el mismo sentido, el senador radical Ernesto Sanz señalaba: “No hay desarrollo de inversiones, ésta es una medida fruto de la improvisación”.
Periódicos norteamericanos como The Wall Street Journal y The Washington Post no dudaron en utilizar sus editoriales para defenestrar la iniciativa del gobierno nacional al tiempo que propusieron la expulsión de Argentina del G-20. Pero las voces de alarma no provenían sólo de medios del exterior; un diario de circulación nacional tituló un editorial “YPF, una confiscación, no una expropiación” y eligió como primera frase del artículo una afirmación tan ponzoñosa como falsa, al decir: “El derecho de propiedad se acercó un paso más hacia su desaparición en nuestro país”.
Con el recuerdo del momento de la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera –momento de quiebre frente a la política neoliberal y privatizadora impulsada desde principios de los años ’90– esta semana, los diputados nacionales nos preparamos para votar la compensación económica para Repsol: un acuerdo que fue producto de una negociación justa y transparente.
No sorprende que los mismos sectores que reaccionaron enfurecidos hace dos años y que sin pruritos hablaban de “confiscación” y de “imprevisibilidad de los mercados”, hoy alcen la voz para objetar el pago, tendiendo un manto de sospecha sobre el sistema de tasación utilizado.
Como dice el refrán, “palo porque bogas y palo porque no” a quienes calificaron en aquel entonces de populista la medida de expropiación; hoy les respondemos con números. Desde la estatización del 51 por ciento de las acciones de YPF se lograron los siguientes resultados: la inversión creció 130 por ciento entre 2011 y 2013; los equipos de perforación aumentaron de 25 a 69 y se esperan 15 más antes de fin de año. La pérdida de reservas se revirtió y los quiebres de stock se redujeron en un 70 por ciento.
Frente a la opinión que acusaba de “falso nacionalismo”, contestamos que en estos dos años se repatriaron 40 profesionales argentinos de nivel internacional para ocupar altos cargos en YPF.
Y por último, a quienes advirtieron que se daría al mundo una mala imagen de país, les recordamos que un país fuerte es aquel que respeta sus instituciones democráticas y que, desde ellas, fija una política de Estado que preserve sus recursos naturales y asegure su soberanía.
* Diputada nacional FpV.
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