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El incremento en las facturas de gas y agua por la quita de subsidios pide ser evaluado en perspectiva: el 44 por ciento de los hogares argentinos no tiene tendido de gas y el 16 por ciento carece de agua de red. Esos porcentajes son más altos si se concentra la medición en los sectores populares, que entonces enfrentan peores y más onerosas condiciones de acceso a los servicios públicos. La ausencia de gas de red es absoluta en el nordeste del país, por eso ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recordó que el Gobierno trabaja en la construcción del Gasoducto del Norte, para que el tendido llegue a Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Esa falencia estructural se verifica incluso en la propia ciudad de Buenos Aires. Página/12 visitó un barrio de Lugano donde una familia de cuatro personas gasta 160 pesos por bimestre para tener gas de garrafa, ocho veces más que la factura de un departamento chico en el centro de la ciudad antes de la quita de subsidios anunciada en marzo.
Según datos del Censo 2010, el 44 por ciento de los hogares no tiene acceso al gas de red (5,3 millones de hogares) y el 16 por ciento carece del servicio de agua de red (2 millones de hogares). En Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes no hay tendido y en otras ocho provincias (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Salta y Santa Fe) menos del 50 por ciento de los hogares tiene acceso a ese servicio.
Para atacar la falta de gas de red en el norte del país, Capitanich explicó que “hay un cronograma de inicio de obras previsto que tiene que ver con la red troncal y la red secundaria para el acceso a gas domiciliario. Es una obra que tiene una trascendencia significativa para nuestra región”. En tanto, en Misiones el 30 por ciento de la población no tiene agua de red, situación que se replica en áreas de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y también en la provincia de Buenos Aires.
“Existe el plan Garrafa para Todos, que tiene asignados subsidios por 1700 millones de pesos por año. Eso implica garantizar a las familias el acceso a las garrafas a 16 pesos. Sin ese subsidio, la garrafa tendría un precio de 52 pesos. Nosotros buscamos garantizar que las garrafas lleguen a través de los distintos puntos de venta, que son 500 en todo el país”, indicó Capitanich en su conferencia de prensa matutina.
En la ciudad de Buenos Aires, el 92,2 por ciento de los hogares tiene gas de red. Buena parte de los 90 mil hogares porteños sin ese servicio están ubicados en villas y asentamientos. En parte por eso, vecinos, legisladores y organizaciones sociales y políticas reclamaron días atrás por la ausencia de una política de urbanización de las villas del Gobierno de la Ciudad. Página/12 charló con María y su marido, José Luis, quienes viven desde hace varios años con sus dos hijas, de cinco y diez años, detrás del kiosco que atienden de día en la villa 20, en Lugano.
Para cocinar, en el barrio no hay otra que recurrir a la garrafa, que subió de 20 a casi 40 pesos a fines de febrero, a pesar de que debería conseguirse a un precio mucho más bajo. “Dos garrafas al mes te permiten usar de vez en cuando el horno para no hacer tanto humo”, dice María. Son 160 pesos por bimestre, ocho veces más de lo que se paga en un departamento chico en pleno centro porteño. Para tener luz, los vecinos se “cuelgan” y sufren de vez en cuando semanas enteras sin el servicio. Hay agua potable y cloacas, aunque la presión en las canillas es muy débil. No pagan luz ni agua, y lo sufren: “No tenemos una boleta para que los comercios nos acepten comprar en cuotas. Queremos pagar por los servicios”, dicen.
José Luis consiguió un empleo registrado a fines de los ’90, un par de años antes de conocer a María. Ella vino desde Bolivia con la promesa de recibir 150 dólares por mes, pero se topó con otra realidad: le sacaron el documento y la tuvieron dos años en un taller clandestino sin poder salir. Una vez que se escapó se fue a vivir a una villa en San Justo.
El Gobierno dijo que el dinero que dejará de destinar a subsidios al gas y el agua los reasignará en la Asignación Universal por Hijo y el plan Progresar, instancias de presencia estatal que no agotan muchas otras necesidades estructurales de los barrios más carenciados.
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