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Producción: Tomás Lukin
Por Sebastián Etchemendy *
El crecimiento masivo del trabajo no registrado (TNR), es decir, aquel en el que el empleador no inscribe correctamente a su trabajador según la Ley de Contrato de Trabajo y no paga los aportes y contribuciones a la seguridad social ni al sistema de riesgos del trabajo, es una de las tantas herencias nocivas del neoliberalismo. Desde 2003 un modelo de tipo de cambio administrado y estímulo a la demanda, con más protección del mercado interno, desempleo a la baja y negociación salarial colectiva en vez de individual, incentivó la creación de empleo registrado. Además, se restauró la inspección del trabajo nacional y se fueron dictando leyes que protegen y promueven la registración en colectivos vulnerables como los trabajadores rurales y domésticos, antes librados al crudo mercado. Así, el TNR bajó de casi el 50 por ciento de los asalariados 2003, al 33 por ciento en la actualidad.
El Congreso acaba de sancionar una ley que da otra vuelta de tuerca en esa pelea. El primer eje de la legislación es el aumento sustancial de la capacidad del Estado nacional para sancionar a los empresarios incumplidores. Lo hace de dos maneras. En primer lugar el Ministerio de Trabajo recupera las facultades plenas para controlar la normativa laboral en todo el territorio nacional. Antes de esta ley el Ministerio de Trabajo y AFIP sólo podían controlar si hay inscripción del empleador en la seguridad social. Pero no podían verificar y sancionar directamente fraudes en la registración plena del trabajador acorde a la ley, condiciones de trabajo (horarios, pago adecuado de beneficios), encuadramiento y cumplimiento del convenio, y seguridad laboral, todas condiciones muy ligadas al trabajo precario o en negro. Esto era materia exclusiva de las provincias.
La segunda forma en que se eleva claramente la sanción es la creación de un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). El registro de los empleadores fraudulentos busca dos objetivos principales. Uno, la “sanción social”. El Registro será público en la red y a él tendrán acceso sindicatos, medios, “opinión pública”, etc. Pretende imponer la idea de que tener trabajo no registrado, trabajo infantil o trata para trabajo forzoso, o sea, quitar derechos a los trabajadores, debe convertirse en un lastre empresario, como lo son las “faltas” económicas, como deudas, embargos, etc., en el “mercado”. Segundo, mientras esté en el Registro, el empresario no podrá acceder o tener concesiones o licitaciones en el Estado, créditos de bancos públicos, o cualquier tipo de subsidio estatal. Y si el empleador reincidiera en el no registro del trabajador en un plazo de tres años, las sanciones de la AFIP recrudecen: no podrá deducir gastos de personal del pago de ganancias y si se trata de un empleador o empresario monotributista, se le quita esa condición. Así, la legislación introduce un cambio sustancial en la capacidad de fuego del Estado.
El segundo eje de la ley son los incentivos económicos. Se dirigen, en primer lugar, a las microempresas más precarias. Hoy las empresas de cinco trabajadores o menos engloban el 60 por ciento del trabajo no registrado. La ley crea un Régimen Permanente de Seguridad Social para Microempresas. Se trata de unidades con cinco trabajadores o menos que no sean sociedades anónimas, limitadas por facturación. Los límites por tipo societario y ventas apuntan a evitar que el beneficio vaya a las empresas más grandes y rentables, y en cambio se oriente al pequeño comercio, taller, etc. El Régimen otorga 50 por ciento de descuento permanente en las contribuciones patronales por cada trabajador actual y futuro, y un límite a lo que las ART les pueden cobrar, que no puede superar el promedio del mercado en cada sector –hoy las ART cobran en la microempresa primas por trabajador que doblan a las que obtienen en el resto del mercado.
Además, la ley reorienta los beneficios para la contratación de nuevos trabajadores que hoy existen para todas las empresas, no importa su tamaño (50 por ciento de descuento en contribuciones patronales el primer año, 25 por ciento el segundo), hacia las pymes y las micro: en el caso de las microempresas el nuevo trabajador pagará ahora 0 por ciento de contribuciones patronales el primer año y 25 por ciento el segundo, en el caso de las pymes y medianas hasta 80 trabajadores, 50 por ciento el primer y segundo año. Es decir, salvo para las microempresas que no son SA, la ley no crea ningún descuento de cargas patronales nuevo, y reorienta los actuales a las empresas más chicas.
El principal resultado de esta ley estará en los nuevos puestos de trabajo registrados que se logre crear. Pero institucional y culturalmente, el campo popular ya ganó el día en que se sancionó, porque hay mayor capacidad estatal para controlar la voracidad empresaria a lo largo del país, y porque existen nuevas normas que apuntan a iluminar socialmente que el empleador que no registra a un trabajador le está quitando derechos.
* Doctor en Ciencia Política - Asesor del Ministerio de Trabajo.
Por Brenda Brown y Mariana Fernández Massi *
El 21 de mayo pasado, el Congreso aprobó la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral en miras de hacer frente a uno de los problemas más importantes que atraviesa el mercado de trabajo argentino: el no registro de trabajadores en la seguridad social. La ley prevé una serie de medidas para desincentivar la contratación informal, entre ellas se destacan: la reducción de contribuciones patronales, medidas de fortalecimiento de la fiscalización e inspección del Estado y diversas modalidades de sanción para las empresas que violen la nueva legislación. Además, será el Ministerio de Trabajo quien tendrá la potestad de controlar el cumplimiento de la ley a nivel nacional, eximiendo de esta función a las provincias, quienes se caracterizaron por imponer condiciones menos rigurosas.
Tanto en el anuncio del proyecto de ley como en la posterior difusión, se hizo referencia al problema de la “informalidad” laboral. En efecto, bajo este concepto, se suelen entremezclar dos aspectos. Por un lado, el “sector informal” refiere al empleo creado en establecimientos de baja productividad, poco competitivos y que utilizan tecnologías obsoletas, así como también a ciertas actividades por cuenta propia –un caso paradigmático de este sector es la venta ambulante—. Por otro lado, en las últimas décadas se ha planteado la necesidad de hablar de “economía informal” e incluir en el análisis a aquellos trabajadores que son asalariados en empresas medianas o grandes, y que aun así no están registrados.
Mientras el concepto de sector informal considera características propias de la estructura productiva, el de economía informal se define a partir de la regulación del mercado de trabajo. La necesidad de distinguir ambos enfoques no es un capricho académico: la forma en la cual definimos el problema habilita ciertas propuestas de solución y anula otras. La ley sancionada adopta el segundo enfoque, pues comprende sólo a trabajadores asalariados excluyendo a cuentapropistas, que a fines de 2013 representaban el 34 por ciento del total de los ocupados. Además, reconoce que la mayor tasa de no registro se da en las unidades productivas pequeñas y, por ende, a estas se le ofrecen mayores incentivos en forma de desgravaciones fiscales.
Ahora bien, aquella redefinición de informalidad que incorporaba a los asalariados no registrados puso en evidencia nuevas causas del problema. Las medianas y grandes empresas son muy visibles para las autoridades de control y, por ende, es esperable que los niveles de no registro sean muy bajos. Sin embargo, las estrategias de tercerización y subcontratación ofrecen una vía indirecta para contratar fuerza de trabajo eludiendo el costo asociado a la seguridad social. Bajo esta mirada, reducir las cargas patronales de las pequeñas empresas redunda en el abaratamiento indirecto del costo laboral de las grandes empresas.
La ley no promete acabar con la informalidad, sino reducirla en 5,5 puntos porcentuales, un objetivo modesto, pero acorde a los instrumentos que propone. El problema de la calidad de empleo en Argentina requiere de acciones más contundentes ya que la irregularidad en el contrato y los bajos salarios son sólo algunas de las desventajas a las que se enfrentan los trabajadores informales. Por un lado, para mejorar la calidad del empleo es necesario importantes cambios en la matriz productiva que no se resumen sólo en abogar por mayor industrialización –la industria argentina, mal que nos pese, también crea malos empleos– ni se plasman en un proyecto de ley, sino que es necesario un cambio en el modo de desarrollo. Por otro lado, aún hay modificaciones relevantes por hacer en la regulación del mercado de trabajo, entre ellas sancionar una nueva normativa que limite las formas de tercerización.
El incentivo a la registración a través de la disminución de aportes patronales no es una novedad en la legislación argentina. Sin embargo, esta ley es superadora respecto de las anteriores, pues: restituye las tareas de control e inspección al Estado nacional, crea el registro de empleadores que violan la legislación laboral, y otorga los beneficios en forma selectiva para nuevas contrataciones y por un tiempo acotado. Aun así, no terminaría de resolver esta problemática laboral. En este sentido, si el único problema de calidad del empleo fuese el registro en la seguridad social, sería el momento de plantear la universalización de sus prestaciones. Consideramos que el no registro es un síntoma de otros problemas tales como los bajos salarios, la inestabilidad contractual, la sobrextensión de la jornada laboral, etc. En este sentido, es necesario avanzar hacia medidas más contundentes que transformen la estructura productiva y alteren los intereses que la comandan.
* Investigadoras CEIL-Conicet.
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