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El mecanismo de pago dispuesto por el juez de primera instancia, Thomas Griesa, que fue convalidado ayer en la Corte Suprema de Estados Unidos, obliga al país a pagarles a los fondos buitre 1500 millones de dólares en un pago y en efectivo. Para garantizar su cumplimiento, el fallo prohíbe a las entidades financieras encargadas de canalizar en Nueva York los vencimientos de capital e intereses de la deuda argentina con el 92,4 por ciento de los acreedores a realizar esas transacciones si no se implementa la sentencia. Aunque ambigua, en su discurso Cristina Fernández dio a entender que no pagará en esas “condiciones extorsivas” a los buitres. Desde la visión del equipo económico entienden que se trata de una decisión materialmente impracticable y de consecuencias ruinosas para la sustentabilidad de la economía nacional. En cambio, CFK reiteró la voluntad negociadora del país a través de la re-reapertura del canje, una opción que fue descartada en reiteradas oportunidades por los buitres. El 30 de junio se deben desembolsar 532 millones de dólares por bonos Descuento emitidos bajo legislación extranjera. La mandataria aseguró que esos vencimientos serán pagados. Para eso, ordenó al Ministerio de Economía a cargo de Axel Kicillof que “disponga todos los instrumentos y estrategias necesarios para que todos los acreedores reciban su dinero”. Una de las posibilidades es cambiar la jurisdicción de pago a través de un canje voluntario. Si los pagos no se cursan de acuerdo con los parámetros establecidos al momento de su emisión, la deuda externa del país pasaría a ser considerada por las empresas calificadoras de riesgo en “default técnico”. Ese escenario tiene potenciales efectos financieros y geopolíticos, aunque no implicaría una crisis socioeconómica como la registrada en 2001-2002. El cese de pagos involuntario no emergerá en forma inmediata a fin de mes. Pero es probable que se registre incluso si el equipo económico garantiza los pagos mediante una mecánica alternativa como el canje de la jurisdicción.
Las precisiones sobre la estrategia de pago para los bonistas comenzarán a develarse a partir de hoy. Según indicaron a Página/12 desde el Palacio de Hacienda, Kicillof brindaría una conferencia de prensa para detallar los pasos a seguir. Poner a disposición de los buitres la re-reapertura del canje en condiciones de quita, reducción de intereses y extensión de plazos similares a los de 2005 y 2010, como dio a entender CFK, representa el paso más “sencillo” aunque infructuoso ante el sistemático rechazo de los fondos como NML Capital de Paul Singer. La Ley Cerrojo que impedía una nueva operación fue suspendida por tiempo indefinido en septiembre del año pasado. La implementación de un nuevo canje no avanzó. El objetivo no era lograr que ingresara el 7,6 por ciento de los acreedores en default, en su mayoría buitres que por su naturaleza “carroñera” rechazan participar y buscan cobrar el ciento por ciento de sus acreencias. La posibilidad, que se puso sobre la mesa a fines de 2012, era un guiño hacia la Justicia norteamericana sobre la voluntad de pago argentina, aunque no logró los resultados deseados.
Como apuesta fuerte de esa estrategia, el entonces equipo económico encabezado por Hernán Lorenzino propuso llevar a cabo un canje voluntario de los bonos regidos por legislaciones extranjeras –Estados Unidos, Inglaterra y Japón– por otros títulos. Esos nuevos papeles serían emitidos con ley local y pagados en las mismas condiciones financieras pero en Buenos Aires, para sortear las restricciones de Griesa. En ese momento se explicó que, quienes así lo desearan, podrían sostener el mecanismo de pago vía Nueva York, aunque quedarían expuestos a embargos.
La deuda emitida bajo legislación extranjera asciende a 28 mil millones de dólares. Ese stock representa alrededor del 30 por ciento del total de los pasivos externos. El cambio voluntario de los títulos no requiere una ley, sino que se trata de un procedimiento técnico que deberán implementar la Caja de Valores de Buenos Aires y la Secretaría de Finanzas. Pero esa alternativa también fue paralizada el año pasado. En ese momento, ningún acreedor tenía incentivos para participar de dicha operación de cambio de jurisdicción de los bonos. Aunque es un proceso sencillo desde lo operativo, es difícil obtener la participación masiva de los inversores minoristas. Además, existen algunos fondos de inversión extranjeros que, por sus reglas internas, no pueden comprar títulos que no se rijan por la ley norteamericana.
También se analizó informalmente la posibilidad de que los dólares de los pagos queden depositados en una cuenta custodia a nombre de cada acreedor en Buenos Aires sin convocar a un canje voluntario. Ninguna de las opciones barajadas previene un default técnico. En todos esos escenarios, Argentina se vería forzada por un fallo judicial a incumplir con las condiciones de pago acordadas al momento de la emisión de los bonos. Aunque el país garantiza sus desembolsos con las reservas internacionales del Banco Central, las agencias calificadoras de riesgo considerarían a partir del 30 de julio (hay un mes para remediar las irregularidades en los pagos) que la deuda argentina está en situación de default técnico, dificultando el flujo de inversiones extranjeras, así como los desembolsos de nuevas líneas de financiamiento de organismos internacionales.
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