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Economía|Sábado, 21 de junio de 2014
EL GOBIERNO Y EL PRINCIPAL FONDO BUITRE SE MOSTRARON ABIERTOS A NEGOCIAR UNA SALIDA AL CONFLICTO

Ahora le toca mover su ficha al juez Griesa

Las partes buscan abrir una mesa de negociación, lo que fue celebrado por el mercado. No obstante, Economía espera que el juez habilite el diálogo al dictar una nueva cautelar que evite el embargo del próximo pago de deuda, previsto para fin de mes.

Por Cristian Carrillo

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostró ayer dispuesta a negociar con los fondos buitre beneficiados por el fallo del juez Thomas Griesa y no mencionó la posibilidad de cambiar la jurisdicción de la deuda bajo legislación estadounidense, algo que había dejado trascender el Ministerio de Economía. Horas más tarde, el propio magistrado emitió un escrito en el que reiteró que si esa maniobra se concreta será considerada un desacato (ver aparte). A su vez, el diario The Wall Street Journal informó que desde el fondo Elliott, que administra al NML (principal demandante), adelantaron ayer su predisposición a iniciar una etapa de negociación. Por lo tanto, todo parece indicar que el conflicto podría llegar a resolverse por esa vía. Los inversores en Wall Street celebraron las novedades y los papeles argentinos que cotizan en esa plaza treparon un 14 por ciento (ver aparte). No obstante, Economía espera que el juez Griesa habilite el diálogo entre las partes al dictar una nueva cautelar (stay) para evitar que el próximo pago de deuda que debe realizar Argentina el 30 de junio le sea embargado.

La primera señal que envió el Gobierno al mercado, luego de conocerse la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a expedirse sobre el caso que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre, fue la de asegurar la protección de los bonistas que aceptaron el canje. El objetivo fue darle previsibilidad a ese 93 por ciento de tenedores que había compartido el peso de la deuda y aceptado una reestructuración. Esa intención que enunció la Presidenta, y luego confirmó Kicillof, quedó sin sustento legal cuando la Cámara, en menos de 48 horas, levantó el stay y abrió el juego para que los buitres puedan ejecutar sus sentencias. El fallo de Griesa obliga a pagar 1330 millones de dólares –con los intereses devengados ascendería a unos 1500 millones– en efectivo y en una sola cuota cuando el país liquide el próximo vencimiento de deuda. En caso contrario, podrán embargarse los fondos para el pago de ese vencimiento, lo que gatillará la situación de default técnico.

Los escenarios tras el revés judicial se resumían a una estrategia para negociar, mientras se avanzaba en la posibilidad de realizar un canje voluntario de bonos con legislación estadounidense para modificar el lugar de pago a Buenos Aires y así evitar embargos y cumplir con los vencimientos de deuda. “Este tribunal dictamina que la propuesta del ministro de Economía es violatoria de las resoluciones y procedimientos actualmente en vigor en el Distrito Sur de Nueva York”, es el breve escrito que Griesa difundió ayer. Esta alternativa, sobre la que el Gobierno dejó de hablar por ahora, encuentra serias dificultades de realización. Más allá del desacato ante Griesa, analistas señalan el riesgo de que surjan nuevos holdouts (aquellos que no ingresen en este canje por jurisdicción). En total hay 28 mil millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera. Además, hay grandes fondos de inversión extranjeros que tienen imposibilitado adquirir deudas bajo otra legislación que no sea de Estados Unidos.

El camino que hoy se mantiene es el de negociar. “He dado instrucciones al ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo, que sea beneficioso e igualitario para el cien por ciento de los acreedores”, dijo la Presidenta durante el acto por el Día de la Bandera (ver página 3). Griesa es quien debe establecer las condiciones para permitir el diálogo sin riesgo de embargos con un nuevo stay, más allá del 30 de julio (treinta días después del vencimiento de los 228 millones de dólares del Discount). La posibilidad de que funcionarios del gobierno viajen hacia Nueva York a solicitar un canal de diálogo por el momento fue descartada desde el Palacio de Hacienda. Serán los representantes del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representan al país en esta causa, los encargados de trasladar, como sostuvo Cristina, el pedido de una instancia de diálogo a Griesa.

Entre el pago en efectivo que pretenden los buitres y la oferta de canje de su deuda defaulteada que presentó el país, las alternativas son variadas. El precedente que todavía da esperanza a los negociadores argentinos es que los principales fondos litigantes (NML, Aurelius y Blue Angel) generalmente aceptan bonos como resarcimiento, los cuales rápidamente venden en el mercado. Es por eso que, según señales que enviaron desde NML, existe posibilidad de negociación con el gobierno argentino, y pretenderían condiciones similares a las que ofreció el país a sus acreedores del Ciadi, de los países del Club de París y a Repsol por la estatización de YPF. En todos los casos, se requiere que Griesa ofrezca garantías para abrir el canal de diálogo.

La combinación de efectivo y bonos ya había sido propuesta al Gobierno por parte de bancos extranjeros, estudios de abogados y fondos de inversión que ingresaron en los canjes anteriores, con el objetivo de evitar un escenario de default que complique las tenencias en deuda argentina en cartera de estas entidades. Pero nunca llegaron a prosperar. Sin embargo, en las nuevas condiciones creadas por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, si la justicia finalmente habilita un escenario de negociación, el Gobierno deberá definir su propuesta. En caso de una negativa de Griesa, debería enfrentar el default o aceptar el pago de los 1500 millones de dólares y patear hacia adelante la resolución de aquellos que reclamen por la misma vía.

Los pagos por los reclamos vía cláusula de pari passu (tratamiento igualitario entre acreedores) se extenderían hasta los 15.000 millones de dólares, correspondiente al 7 por ciento de holdouts actual que no entraron al canje. Se sumaría a esto el 93 por ciento que aceptó una quita en el canje y podría reclamar la diferencia. En este último caso, el país podría alegar que la mejora que recibieron los buitres fue forzada y no voluntaria, como detalla la cláusula RUFO, que obliga a igualarles la oferta a los bonistas que ingresaron. De todos modos, esto también depende de la interpretación de un juez.

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