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Economía|Jueves, 31 de julio de 2014
EL GOBERNADOR NEUQUINO RECHAZA EL PROYECTO DE REFORMA PETROLERA

Sapag se atrinchera en el pozo

“Con este articulado como está redactado hoy, no estoy de acuerdo”, aseguró. El mandatario quiere que la empresa provincial petrolera continúe participando como socio de los proyectos privados, pese a que no invierte.

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“Los neuquinos no queremos ser convidados de piedra”, aseguró Sapag.

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, se volvió a manifestar ayer en contra de la reforma de la Ley de Hidrocarburos que impulsa el gobierno nacional. “Se me dice que los gobernadores tenemos que firmar el proyecto de ley para elevarlo al Congreso. Lo voy a firmar si estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, fírmenlo y mándenlo ustedes. Con este articulado como está redactado hoy, no estoy de acuerdo”, aseguró. La diferencia principal que separa a Neuquén de Nación continúa siendo el lugar que se les asigna a las petroleras provinciales en la propuesta de reforma de la ley. “Cuando dicen que la empresa pública provincial no puede participar, eso está librado al criterio del inversor. Si a YPF le molesta, estamos dispuestos a negociar con YPF y retirarnos de algunas áreas, a cambio de la compensación económica debida”, aseguró.

El objetivo del Gobierno es sellar un acuerdo que incentive las inversiones en el sector, fundamentalmente poniéndole límite al acarreo que llevan adelante las empresas provinciales de energía al asociarse en proyectos sin poner dinero, sino sólo el área para explotar. Así llegaron a tener una participación en los bloques productivos licitados que va del 5 al 15 por ciento según el caso. Esto es posible porque las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo. El derecho se los otorgó la reforma constitucional de 1994 y en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner avanzó con el cumplimiento de ese mandato al firmar el decreto 546, donde se estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos serían fijadas por las provincias. En noviembre de 2006, el Congreso fue más allá al sancionar la ley 26.197, que les transfirió los yacimientos.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no cuestiona el dominio jurisdiccional de las provincias. De hecho, los funcionarios nacionales cada vez que pueden recuerdan que fue el kirchnerismo quien consolidó ese esquema. Sin embargo, le apuntan al acarreo. El titular de YPF, Miguel Galuccio, fue el primero en manifestarse en contra de esa modalidad en el mes de mayo. “El acarreo va a dejar a muchos proyectos por debajo de la inversión y por ello creo que, desde el punto de vista energético, nos debemos una discusión sobre este tema”, aseguró entonces. Las principales provincias petroleras se oponen porque consideran que esa medida afectaría seriamente sus ingresos. Por eso resisten.

Sapag ayer lo volvió a dejar en claro. “Los neuquinos descubrimos el recurso, lo pusimos de manifiesto, recibimos el dominio de la Constitución del ’94 y queremos ser protagonistas de la historia. No queremos ser convidados de piedra”, aseguró. Luego dejó en claro que está dispuesto a renegociar con YPF, a quien ve detrás de la movida oficial. Igual las provincias saben que Nación sigue firme con intención de modificar ese punto y, aunque no lo dicen públicamente, reclaman algún tipo de compensación para aceptar la reforma.

El proyecto oficial también descarta la posibilidad de que las provincias reserven áreas para sus empresas estatales. Ese punto también es rechazado por gobernadores como Sapag y Martín Buzzi, porque lo ven directamente como un avance sobre el dominio jurisdiccional que tienen sobre el recurso.

Desde Nación responden una y otra vez que el Gobierno no quiere perjudicar a las provincias, sino incentivar la inversión. Para demostrar ese compromiso no sólo recuerdan la ley 26.197, que transfirió los yacimientos a las provincias, sino también la Ley de Recuperación de YPF, que repartió el 51 por ciento de las acciones que se le expropiaron a Repsol entre Nación (51 por ciento) y las jurisdicciones productoras de hidrocarburos (49 por ciento), lo que le permitió al Estado Nacional tener el 26 por ciento de YPF y a las provincias otro 25 por ciento. “Esta presencia de las provincias petroleras como accionistas de YPF implica que van a participar de las ganancias que obtenga la empresa por una mayor producción, además de que se beneficiarán con más regalías e incrementarán su recaudación de impuestos”, aseguró el ministro de Planificación, Julio De Vido, el lunes pasado.

Incluso desde el Gobierno recuerdan que en Neuquén, por ejemplo, la situación mejoró en los últimos dos años por la fuerte inversión que viene realizando YPF, algo que, prometen, se podría acelerar aún más con la reforma. La propia empresa aclaró a mediados de mes que la producción de crudo en Neuquén, la provincia petrolera más importante del país, alcanzó en junio los 67.098 barriles diarios, lo que marcó el nivel de extracción más alto en ocho años. A su vez, la producción de gas trepó a 22,54 millones de metros cúbicos diarios, la cifra más elevada desde enero de 2011. Si se suma la producción de YSUR (ex Apache), el crudo producido llega a 73.462 barriles de crudo y 26,43 millones de metros cúbicos de gas diarios.

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