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Con evidente malestar y en tono amenazador, el juez Thomas Griesa volvió a encabezar una audiencia donde no se registraron avances para resolver la prolongada disputa entre Argentina y los fondos buitre. El encuentro de una hora en la Corte del Distrito Sur de Nueva York le sirvió para reclamarle al Gobierno por el contenido de los avisos legales a los bonistas difundidos anteayer. El magistrado consideró que Argentina realiza “afirmaciones falsas y engañosas”. Indicó que, si no cesan esas “afirmaciones falsas”, podría declarar a la Argentina en “desacato”. De concretarse esa advertencia podría implicar multas o afectar a los abogados contratados por el país, aunque las implicancias cuando se trata de un Estado soberano son imprecisas. Finalmente, el juez reconoció las dificultades para implementar su fallo e “instó” a las partes a negociar. “Griesa nuevamente no resolvió nada y aportó confusión”, lamentó ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof.
“El juez mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero pagado por Argentina a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Estos recursos, que son propiedad de los bonistas, continúan congelados en la cuenta que el Banco de Nueva York posee en el Banco Central de la República Argentina”, reiteró anoche el Palacio de Hacienda a través de un comunicado oficial. En ese texto, el equipo económico recordó que distintos fondos de inversión con títulos argentinos afectados por el bloqueo judicial iniciaron reclamos al juez y acciones legales contra el Banco de Nueva York en diferentes tribunales con el objetivo de recibir sus fondos.
“Más allá de las nuevas presiones y contradicciones en las que incurrió el juez, Argentina sostiene su posición. La República continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el ciento por ciento de sus acreedores”, afirmó Economía. “El juez Griesa insiste en presionar a la Argentina para que realice ofertas en violación de sus leyes y de sus contratos y con el riesgo de que dispare la cláusula RUFO”, advierte el Palacio de Hacienda.
“Sólo un pago hecho de acuerdo con la orden del tribunal es legítimo, y tal cosa no ha sucedido”, consideró ayer el juez distrital de 84 años designado en la presidencia del republicano Richard Nixon. Durante la audiencia que lo tuvo como principal expositor, Griesa insistió que “el depósito en el Bank of New York no es un pago”. Y añadió que la información de Argentina sobre el pago “es engañosa, no hubo tal pago”. “El pago parcial de obligaciones de Argentina no constituye el pago de todas sus obligaciones legales”, insistió el magistrado.
Los dichos del juez contradicen sus afirmaciones realizadas el 23 de julio. Ese día se realizó una audiencia llamada para responder los pedidos de aclaración de los encargados de procesar los pagos y bonistas afectados por sus decisiones. Aunque el magistrado ignoró el motivo de la convocatoria, afirmó que “Argentina intentó pagar los intereses de sus bonos. Ese intento fue inapropiado. Pero efectivamente el dinero fue abonado”. “El juez Griesa continúa contradiciéndose a sí mismo –y a los hechos evidentes– al sostener que Argentina no pagó”, afirma el comunicado de Economía difundido ayer.
A lo largo de su intervención, Griesa lamentó y cuestionó el contenido de la “nota legal” destinada al 92,4 por ciento de los acreedores que publicó Argentina en medios locales e internacionales. Frente a las advertencias del juez, el abogado del estudio Cleary, Gotlieb Steen & Hamilton que representa le indicó al juez que “Argentina es un Estado” que tiene la necesidad de informar y comunicar a su población. Asimismo, el letrado Jonathan Blackman apuntó contra las “difamaciones y mentiras” del lobby financiado por el fondo buitre NML Capital. El mismo argumento fue reiterado por Economía en el comunicado.
Durante el encuentro, Griesa reconoció elípticamente la existencia de dificultades para implementar su sentencia. Y como considera que una solución sólo puede hallarse mediante una negociación, reafirmó el rol del mediador. Ayer, el “special master” impuesto por el tribunal y cuestionado desde el Gobierno por su parcialidad buitre, Daniel Pollack, estuvo presente en la audiencia y al finalizar el encuentro emitió un comunicado. Allí, Pollack afirmó: “Mi intención es convenir y conducir futuras negociaciones hasta que se alcance una solución, sin importar el tiempo que demore”. El costoso abogado que Argentina intentó desplazar frente al fracaso de sus gestiones declaró que “he continuado mi trabajo para encontrar una solución a los temas que dividen a las partes”. Por decisión del juez, las facturas por sus “servicios” son cubiertas a medias entre Argentina y los demandantes.
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