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El gobierno argentino difundió anoche la presentación completa que realizó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que denuncia a los Estados Unidos por considerar que su Poder Judicial viola la soberanía de nuestro país al impedir el cobro por parte de los acreedores del pago de deuda efectuado antes del último vencimiento, el 30 de junio. En el texto, se remarca que la potencia del Norte viola la obligación de no aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico contra otro Estado, prevista en el artículo 20 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, y de obrar de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales que conciernen a la Argentina. “Como consecuencia de tales violaciones, surge para los Estados Unidos de América la obligación de cesar su comportamiento ilícito y de reparar todos los daños ocasionados a la Argentina en virtud del derecho internacional general”, remarca el texto. Anoche, fuentes del gobierno estadounidense dejaron trascender a través de agencias internacionales que la Corte de La Haya “no es el tribunal apropiado”.
En el escrito, el Gobierno destaca que desde 2005 le viene pagando puntualmente al 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje. Sin embargo, en la actualidad no está pudiendo hacerlo porque “las decisiones del Poder Judicial de los Estados Unidos de América han prohibido que el dinero depositado en tiempo y forma por la República Argentina –la que dio así cumplimiento a su obligación de pago a los tenedores de bonos reestructurados– sea efectivamente cobrado por éstos”. Sostiene también que la Justicia de ese país exige que se les reconozca a los fondos buitre la totalidad de la deuda que reclaman, con intereses. Luego remarca que ambas decisiones “han sido adoptadas de manera abusiva, excediendo su jurisdicción y competencia, de manera contraria al derecho internacional y lesionando incluso, en forma manifiesta, los derechos de la inmensa mayoría de bonistas que participaron de la reestructuración, privilegiando a una ínfima minoría”.
En el texto se cuestiona puntualmente “una arbitraria e inédita interpretación de la cláusula pari passu, en base a la cual, absurdamente (la Justicia estadounidense) ha concluido que para seguir pagando la deuda reestructurada la Argentina deberá pagar, en forma previa o simultánea, el total de las sumas reclamadas por dichos fondos”. Luego se afirma que la sentencia del juez Griesa es “de cumplimiento imposible” y critica que el juez haya decidido habilitar algunos pagos mientras mantiene bloqueados otros. “De ser correcta la disparatada interpretación del pari passu que formuló el juez Griesa en su sentencia, no tendría explicación la actual situación de inmovilización de los fondos, que se encuentran en un verdadero limbo jurídico, ya que una parte ha sido distribuida sin aplicar el ‘pari passu Griesa’, y la otra ha quedado retenida sin fundamento ni encuadre jurídico”, dice el texto.
En el escrito se destacan luego los motivos que llevaron al default de 2002, la reestructuración de deuda posterior, con los canjes de 2005 y 2010, y el cumplimiento puntual de las obligaciones surgidas de esa reestructuración, hasta la actualidad, cuando la Justicia estadounidense les dio lugar a los reclamos de los fondos buitre. También se detallan las acciones que han venido llevando adelante los fondos buitre y la posibilidad inédita que se les presentó a partir de “la interpretación arbitraria de la cláusula pari passu”. “Las decisiones del Poder Judicial estadounidense afectan la soberanía argentina, y en particular la inmunidad soberana, en dos órdenes. Primero, pretenden dejar sin efecto la decisión soberana del país de reestructurar su deuda pública. Segundo, al imposibilitar el cobro de las sumas depositadas por la República Argentina por aquellos acreedores que aceptaron la reestructuración de sus créditos, viola la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de la República”, remarca el gobierno argentino.
A partir de lo expuesto, Argentina le solicita a la Corte de La Haya que intervenga en el caso, juzgue y declare que los Estados Unidos han violado: a) La obligación de respetar la soberanía de Argentina, en particular sus inmunidades soberanas; b) La obligación de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado miembro de la Organización de Estados Americanos prevista en el artículo 20 de la Carta de esa Organización; c) La obligación de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que Argentina ha aceptado. Por último, se afirma que como consecuencia de los incumplimientos reseñados los Estados Unidos han comprometido su responsabilidad internacional frente Argentina y por lo tanto a) deben disponer lo necesario para dejar de inmediato sin efecto las decisiones de su Poder Judicial que resultan violatorias del derecho internacional en relación con la presente demanda, en particular que se abstengan de inmovilizar fondos depositados por la República Argentina para el pago de su deuda pública y de adoptar cualquier medida, de cualquiera de los poderes del Estado, que pudiera tener el efecto de frustrar o interferir con el proceso de reestructuración de la deuda pública de la República Argentina; y b) deben reparar plenamente a la República Argentina todos los daños causados por los incumplimientos del derecho internacional que le resulten atribuibles en relación con la presente demanda, cuyo monto será determinado en una fase ulterior de este procedimiento.
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