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El Gobierno garantizó la continuidad de las fuentes laborales de los empleados de la imprenta Donnelley, que cerró sus puertas de forma sorpresiva el lunes pasado dejando a cuatrocientas personas en la calle. Además de avanzar con la denuncia contra la empresa por lo que consideran “una quiebra fraudulenta”, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se comprometió a mantener los puestos de trabajo y hacer lo posible para que la planta siga trabajando, en una reunión que compartió ayer con autoridades nacionales y provinciales y representantes de la Federación Gráfica Bonaerense. Además, recibió a delegados de Smata para avanzar en el mismo sentido con la autopartista Lear, que interrumpió su producción luego de un conflicto gremial.
Sendas reuniones tuvieron lugar ayer por la tarde en el Salón Norte de la Casa Rosada y participaron, además de Capitanich, los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi, y de Seguridad, Cecilia Rodríguez. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde funcionan ambas empresas, estuvo representado por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango; mientras que en nombre de los trabajadores concurrieron dos entidades sindicales: la Federación Gráfica Bonaerense, por parte de Donnelley, y Smata, para el caso Lear (a pesar de las diferencias entre el sindicato y los delegados de base en la autopartista).
En primer término, en la reunión con los gráficos el Gobierno ratificó que no habrá desalojo de la imprenta, que hoy sigue funcionando en el marco de una conciliación obligatoria. “La prioridad es mantener las fuentes de trabajo y, en lo posible, que la planta siga funcionando”, aseguraron a Página/12 fuentes gubernamentales. En ese sentido, y en paralelo a la denuncia para que se investigue el cierre de la empresa, que se sospecha fraudulenta, el Gobierno presentó ante la Justicia comercial un pedido para que se le revoque la quiebra por considerar que no hay motivos. Otras alternativas que se barajan para Donnelley son encontrar otro inversor privado para que se haga cargo o adoptar la forma de una cooperativa.
En el caso de Lear, hubo un compromiso del Gobierno de que la planta volverá a abrir las puertas el martes que viene, tras el fin de semana largo. Del encuentro participaron autoridades de Smata, pero no delegados de la comisión interna de la fábrica, con quienes el sindicato mantiene un conflicto aparte. En la primera semana de agosto, la empresa anunció el cierre durante quince días de su fábrica de General Pacheco, como reacción a las protestas por la reincorporación de sesenta trabajadores despedidos.
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