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La Corte de Apelaciones de Nueva York definirá la próxima semana si habilita al Citibank a canalizar los pagos de vencimientos de intereses de los bonos en dólares regidos por la legislación argentina en poder de acreedores fuera del país. Los jueces Barrington Parker, Rosemary Pooler y Reena Raggi escucharon los argumentos de las partes, realizaron preguntas a los abogados y se comprometieron a responder el pedido del banco antes del próximo vencimiento de la deuda, el 30 de septiembre. “Argentina va a pagar todos los vencimientos de sus bonos. Con la Ley de Pago Soberano de la deuda tenemos los instrumentos para hacerlo”, afirmó anoche a Página/12 un colaborador del ministro de Economía, Axel Kicillof, que no ocultó su pesimismo sobre el fallo de los magistrados neoyorquinos.
“Vamos a obedecerlos y si lo hacemos tenemos una pistola apuntándonos a la cabeza que probablemente se gatillará”, dijo ayer a los jueces de la Corte de Apelaciones la abogada del Citibank, Karen Wagner, al advertir sobre las “graves sanciones” a las que estaría expuesta la subsidiaria argentina del holding si no cumple con sus obligaciones. Los representantes de la entidad afirman que las órdenes del juez Thomas Griesa bloqueando los pagos de la deuda son “imposibles de implementar” para los pagos de los vencimientos de los bonos con ley local a su cargo.
Las dificultades de instrumentación fueron reconocidas por el propio Griesa que, ante los cuestionamientos, le otorgó al Citi un permiso excepcional y por única vez para transferir los fondos depositados por Argentina a finales de junio. Por eso, el representante legal del país, Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamiltonar, sostuvo ayer que los bonos en dólares emitidos con ley argentina están fuera del alcance de las órdenes de Griesa. La decisión del juez que bloquea los pagos de los vencimientos alcanzan a toda la “deuda externa emitida durante la reestructuración de 2005 y 2010”. Por eso, el Citi y Argentina advierten que los pagos cursados por el banco incluyen no sólo papeles entregados durante el canje sino, por ejemplo, instrumentos idénticos –imposibles de distinguir– emitidos como parte del acuerdo de compensación con Repsol por la expropiación de YPF. Además, como reiteró ayer Boccuzzi, las órdenes de Griesa no sólo afectan intereses no vinculados a la reestructuración, sino que los bonos con ley local son “deuda interna” y no deuda externa. Los letrados buitres rechazaron la argumentación del banco y Argentina.
Durante la audiencia en Manhattan las intervenciones de la jueza Raggi fueron las más provocativas. “¿Por qué deberíamos escucharlo? Su cliente es básicamente la persona o entidad que tiene el arma apuntando a la cabeza del Citibank”, lanzó la magistrada al abogado del país al consultarlo sobre qué determinación tomaría la Argentina si rechazan la apelación. Aunque Boccuzzi no pudo responder la consulta, desde el equipo económico explicaron que, si bien el mecanismo no está definido, los pagos de los bonos serán realizados en tiempo y forma. “Vamos a ir paso a paso. Si la Cámara de Apelaciones convalida el abusivo alcance de las órdenes de Griesa y el Citi, un banco argentino incumple con sus obligaciones tomaremos todos los pasos que sean necesarios para garantizar que los tenedores de los títulos reciban los pagos”, sostuvo un funcionario del Palacio de Hacienda a este diario. Para cancelar el vencimiento de los intereses de los bonos Par el próximo 30 de septiembre, Argentina debe transferir los 190 millones de dólares el viernes 26, un día hábil antes de la fecha de pago. Por eso, la resolución de la Corte de Apelaciones se conocerá la próxima semana.
La dinámica irónica y agresiva del trío de jueces Parker-Raggi-Pooler no es novedad. “Argentina es un deudor particularmente recalcitrante”, afirmó el mismo panel de jueces a finales de agosto de 2013 en el fallo donde convalidaron la fórmula de pago y el bloqueo a la cadena de pagos determinados por Griesa a pedido de los buitres. “Argentina prometió –al emitir deuda en los años ’90– que cada bono sería transferible y que se les pagaría a los tenedores, sin tener en cuenta si se trataba de una fundación universitaria, un denominado fondo buitre, una viuda o una huérfana”, señalaba el fallo redactado por Parker. “La decisión del tribunal de distrito [NdR: Griesa] no hace más que mantener a la Argentina su obligación contractual de igualdad de trato. No vemos abuso de discrecionalidad en ello. Creemos que es justo para un acreedor recibir lo que esperaba, y por lo tanto tiene derecho, incluso si otros acreedores, al recibir lo que piden, no reciben la misma cosa”, expresaron un año atrás. El antecedente reciente nutre las pesimistas perspectivas del Ministerio de Economía.
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