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“Se mira y no se toca”, continúa siendo el mensaje del juez neoyorquino Thomas Griesa sobre los fondos depositados por la Argentina en junio para pagar vencimientos de deuda reestructurada. El controvertido magistrado rechazó ayer el pedido de un grupo de tenedores italianos con deuda argentina defaulteada que pretendía acceder a una parte de los 539 millones de dólares depositados en el Bank of New York Mellon (BoNY) y que se mantienen trabados por Griesa. El juez consideró que la entrega de los fondos no está autorizada bajo la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por su sigla en inglés) dado que el dinero no se encuentra físicamente en Estados Unidos, sino en cuentas de la entidad en el Banco Central argentino, tal como sucede con los pagos depositados en Nación Fideicomisos. Las titubeantes definiciones de Griesa en el litigio entre el país y los fondos buitre generaron una situación en la que el dinero se mantiene en una suerte de limbo financiero al que ni el Estado argentino, ni los bonistas, ni los holdouts, ni los buitres pueden acceder. El rechazo de Griesa convalida la posición argentina sobre el carácter inembargable de los fondos depositados en el BoNY, propiedad de los bonistas.
Luego de cuatro meses desde que el Gobierno depositara los fondos para el pago del vencimiento de capital e intereses del Discount, un título que se entregó en los canjes de deuda, el dinero sigue sin llegar a los tenedores del bono. La traba al cobro que impuso Griesa para presionar al país a aceptar una sentencia de imposible cumplimiento efectivo –legal y financiero– dejó una masa de dinero a la que fondos buitre y holdouts pretenden acceder. En este caso, se trató de un grupo de tenedores italianos con títulos públicos argentinos en cesación de pagos que presentó un escrito ante Griesa para que permita cobrarse los servicios de su deuda defaulteada de los 539 millones de dólares que –presumen– estarían en el BoNY.
El juez de Manhattan rechazó la moción de acceso a ese dinero bajo el argumento de que los fondos están fuera de Estados Unidos en las cuentas de BoNY Mellon Corp en el Banco Central. “Al tratar con lo que puede ser objeto de traspaso, la FSIA (ley de inmunidad soberana) simplemente no menciona bienes situados fuera de Estados Unidos”, justificó el octogenario juez. Este argumento en principio ampara al Estado nacional frente a un eventual reclamo similar que puedan hacer los fondos buitre.
Desde que trabó los servicios de deuda al país, Griesa recibió distintos pedidos de parte de los tenedores de deuda y de los agentes fiduciarios para que libere los fondos. La falta de definiciones del juez de primera instancia obligó a que se apelara en la Cámara neoyorquina. La Corte de Apelaciones descartó el miércoles pasado una nueva solicitud de la Argentina, que fue acompañada, entre otros, por el hedge fund Fintech, que encabeza el magnate mexicano David Martínez, que buscaba destrabar los pagos correspondientes a los títulos regidos bajo la legislación de Inglaterra y Gales.
El panel compuesto por John Walker Jr. y José Cabranes tomó la decisión que mantiene el statu quo judicial sobre la deuda externa argentina. Esta decisión convalida una insólita situación, que las impracticables órdenes de Griesa apuntalan, en la que nadie puede acceder a los fondos. Griesa había exhortado al BoNY a que le devuelva los dólares al país, algo que no puede hacerse porque desde el momento en que el Estado abonó el compromiso el dinero ya es patrimonio de los bonistas. El BoNY mantiene el acatamiento sobre el sinsentido de la orden y los tenedores siguen intentando por la vía judicial acceder a su dinero. Por su parte, las cámaras compensadoras y bancos encargados de distribuir los pagos también buscan una salida. El rechazo de la Cámara de Apelaciones de la semana pasada evapora la posibilidad de que los tribunales norteamericanos puedan restringir el alcance de las decisiones del juez Griesa, quien se excedió en su jurisdicción al impedir el cobro a bonistas con legislación de otros países.
Los tenedores de esos títulos también aguardan que la Justicia británica responda las apelaciones que fueron presentadas en Londres por grandes fondos de inversión, como Quantum, de George Soros, e Hyman Capital, de Kyle Bass. El único reclamo que hasta el momento recibió una respuesta parcialmente favorable fue el encabezado por el Citibank. La sucursal local del holding está a cargo de pagar la parte de los títulos con legislación argentina en moneda extranjera en manos de acreedores extranjeros. En dos ocasiones autorizó “por única vez” a la entidad a cursar los pagos depositados por la Argentina. El argumento del Citi que le abrió la puerta a cumplir con su obligación de pagarles a los bonistas fue que no podía discriminar entre vencimientos de Discount a tenedores de deuda reestructurada y los que se entregaron a Repsol en compensación por la estatización de YPF. Griesa convocó al Citi a una nueva audiencia para el próximo 9 de diciembre, luego de que el banco pidiera que se habilite el pago de los intereses a bonistas reestructurados que vencen el 31 de diciembre.
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