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La reforma a la Ley de Abastecimiento, llevada adelante respetando el proceso legislativo y aceptando las sugerencias del sector privado, no tiene como objetivo “confiscar cosechas”, como ciertos actores del sector sugieren. El dato surge de un análisis básico del contenido de la ley.
En las últimas semanas, en paralelo a su debate en el Congreso Nacional, surgieron críticas de ciertos actores del sector agropecuario a la Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, que finalmente fue sancionada en septiembre.
Las observaciones giran en torno de la supuesta intención del gobierno nacional de “apropiarse” de la cosecha del año entrante, alertando que su sanción conllevaría el fin de la propiedad privada. Los mismos actores indicaron que la ley es inconstitucional, a la vez que efectuaron críticas al proceso legislativo que culminó en la sanción de la norma.
En primer lugar, vale recordar que la nueva ley modifica una ya existente, aclarando puntos de debate sobre su aplicación. Más aún, la nueva ley morigera muchas de las herramientas previstas por la ley anterior, restringiendo ciertas modalidades de intervención del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, es necesario señalar que, siguiendo la saludable práctica del debate parlamentario, el proyecto ingresado por el Ejecutivo recibió modificaciones durante su tratamiento en comisión, incluso algunas sugeridas por el sector privado. Más específicamente, los legisladores aceptaron la sugerencia de organizaciones empresarias acerca de excluir del ámbito de aplicación de la norma a “los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPymes), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4 y 5 de la ley 25.156”.
De acuerdo a la ley 25.300 y sus modificatorias, se considera PyME en el sector agropecuario a las firmas que facturan hasta 54 millones de pesos al año; en servicios, hasta 63 millones; en el sector construcción, las que facturan hasta 84 millones de pesos; en industria y minería, hasta 183 millones, y en comercio, hasta 250 millones.
Vale la pena entonces hacer el ejercicio de qué se necesita en el sector agropecuario para alcanzar dicha facturación y, de esa forma, estar alcanzado por la ley. Para el caso de producciones pampeanas, asumiendo que el establecimiento en cuestión produce soja (50 por ciento), maíz (25) y trigo (25) y tomando los rendimientos y precios promedio de los últimos tres años, se llega a la conclusión de que para alcanzar un nivel de facturación mayor a 54 millones de pesos se necesitan más de 10.300 hectáreas.
De acuerdo con el censo agropecuario 2002, en la provincia de Buenos Aires hay 104 explotaciones agropecuarias con superficie mayor a las 10.000 hectáreas, lo que representa el 0,3 por ciento de las más de 34.000 explotaciones registradas y el 9 por ciento de la superficie. En Santa Fe, el número de explotaciones de más de 10.000 hectáreas alcanza el 0,26 por ciento de las explotaciones y ocupa el 12 por ciento de la superficie. Esas proporciones son del 0,22 por ciento de los establecimientos y el 8 por ciento de la superficie para la provincia de Córdoba.
Para el sector cárnico, tomando producción de invernada, precios promedios y una carga animal de 1,6 animal por hectárea, se necesitan aproximadamente 8900 hectáreas ganaderas y 5500 cabezas para alcanzar una facturación de 54 millones de pesos anuales. Un productor avícola necesitaría 150 naves de 12x100 metros y un productor porcino necesitaría 95 naves de 180 metros cuadrados. En tanto, en el sector lechero, con 1,3 EV por hectárea y una producción diaria promedio alta, de 20 litros por vaca, el tambo debería tener más de 2000 hectáreas para poder alcanzar una facturación de 54 millones de pesos. Cabe aclarar que en el sector cárnico y lácteo la capacidad de “retener” la producción es casi nula.
Resulta claro entonces que la modificación a la Ley de Abastecimiento poco tuvo o tiene que ver con una supuesta intención del Gobierno de incautar la producción agropecuaria: es una herramienta ineficaz para tal fin, aplicable a escasos establecimientos que cubren una baja proporción de la superficie agropecuaria total del país.
Parece más razonable suponer que el objetivo de la ley es el que manifestó el Gobierno cuando puso la reforma a consideración del Congreso: la necesidad de contar con herramientas para reducir los diferenciales de precios entre las puntas de las cadenas de productos, así como la intención de defender al consumidor, afectado por prácticas comerciales existentes en las cadenas de distribución y comercialización.
* Subsecretario de Agricultura de la Nación.
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