El sistema previsional que Domingo Cavallo nos legó es una trampa. Las AFJP tienen una masa total de 44 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil millones de pesos/dólares se los transfirió el Estado. El 66 por ciento fue convertido en el 2001 en títulos del Estado gracias a una operación convenida con Cavallo y movilizada por un desmesurado afán de ganancia: podrían haber pesificado sus fondos pero optaron por comprar los títulos que, al ser de alto riesgo, tenían rendimientos muy altos.
Hay cuatro pasos para que los rehenes de las AFJP dejen de serlo.
Primero, reponer los fondos. Una posibilidad de compensar la pérdida por la quita derivada de la oferta oficial para los títulos de la deuda, y para evitar que los afiliados pierdan sus ahorros, es que las AFJP restituyan al sistema la mitad de los montos cobrados en comisiones, que fueron en total 8600 millones de dólares. Así volverían 4300 millones de dólares. Sumados al saldo sobreviviente a la quita, conformarían la actual base sustentable. Esta operación no solo repararía la situación de los afiliados sino que les permitiría a las AFJP seguir en el sistema. De otro modo, con el panorama actual, se quedarían sin clientes, ya que sus afiliados se mudarían al sistema de reparto si el Estado reabre la puerta. Hay que tener en cuenta que muy probablemente los afiliados (en forma individual o conjunta) inicien juicios en los que responsabilicen penalmente a los directivos de las AFJP por la mala inversión que hicieron con sus aportes. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad está trabajando en una presentación colectiva.
El segundo paso es abrir la opción de volver al sistema de reparto, alternativa con la cual los damnificados hoy no cuentan. El proyecto en tal sentido, con media sanción de Diputados, duerme desde hace un año en el Senado. Hace unos días, en un fallo lamentablemente apelado por la ANSeS, la jueza María Emilia Postolovka se pronunció en el caso Cascone. Pidió reabrir para el afiliado la opción para volver al sistema de reparto basándose en que la AFJP lo había convencido a través de una publicidad falsa y engañosa. La jueza declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley 29.241 que impide al afiliado de las AFJP volver al sistema de reparto. Sostuvo que este impedimento “constituye una arbitrariedad y un límite al libre ejercicio de elegir el sistema por el cual es Estado debe otorgar los beneficios de la seguridad social”. Como dice el laboralista Héctor Recalde, en la Argentina uno se puede divorciar de su cónyuge pero no de la AFJP.
El tercer paso es citar al ex ministro Domingo Cavallo. Debe retornar al país para responder por la crisis del sistema previsional. Debe rendir cuentas por el establecimiento del sistema en 1993/94 y por convenir en el 2001 con las AFJP la compra de los títulos defaulteados con el dinero de los afiliados.
El cuarto paso consiste en mantener la Prestación Básica Universal que el Estado aporta hoy tanto al sistema público como al privado.
La clave es que toda reformulación del sistema previsional debe estar en manos del Estado (mas allá de que los seguros privados puedan funcionar como complemento voluntario). Así ocurre en países tan insospechados de “estatizantes” como Estados Unidos o las naciones de la Unión Europea.
La clave para cualquier solución es resguardar la situación de los grandes damnificados, los 9.300.000 afiliados de las AFPJ, eliminar todo tipo de impunidad y generar un nuevo sistema solidario que respete el pacto intergeneracional.
* Area de la Tercera Edad. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
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