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Economía|Lunes, 19 de enero de 2015
TEMAS DE DEBATE: QUE HACER FRENTE A LA AGRICULTURA DE PAQUETES TECNOLOGICOS

Costos y beneficios de los agronegocios

La utilización masiva de semillas transgénicas, herbicidas y técnicas de producción desarrolladas por multinacionales provocó una fuerte expansión rural, pero con perjuicios de diversa índole. Las autoras los señalan y plantean caminos alternativos.

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Por Fernando González * y Tamara Perelmuter **

“Un modelo insostenible”

Los agronegocios son hoy nuestra agricultura hegemónica. Son una de las herencias más fuertes del neoliberalismo y se han visto legitimados por los 10 años de gestión kirchnerista. Este modelo agroalimentario potencia los aspectos netamente extractivos de la actividad agrícola. Hace uso en grandes cantidades de recursos como el agua (incluso en zonas con déficit hídrico), que en grandes cantidades se exporta con las commodities producidas (lo que los científicos llaman “agua virtual”). Lo mismo sucede con la tierra fértil, la biodiversidad y otros recursos que no son ilimitados y no todos son renovables. Estas “externalidades” engruesan la deuda ecológica del Norte con el resto del mundo.

A la hora de dar impulso a este modelo tampoco se contabiliza el uso que hace de los hidrocarburos. Fuertemente dependiente del petróleo, el modelo de los agronegocios cada vez es más caro en términos de insumos (fertilizantes, pesticidas, maquinarias de gran porte) y de traslados. Tampoco se tiene en cuenta su incidencia significativa en el medio ambiente (inundaciones, afectaciones a la salud). Costos que son asumidos socialmente, o sea, más “externalidades”.

Más allá de algunas políticas impulsadas para la agricultura familiar, durante los años de gestión del kirchnerismo se continuó con los lineamientos generales de este modelo. La diferencia es que (devaluación mediante) el agro volvió a ser una actividad sustancial para la economía argentina, proveedora de divisas y por ende productora de commodities. Esto es notorio en el Plan Estratégico Agroalimentario, que busca incrementar aún más la producción para exportación.

A casi 20 años de imposición de este modelo, los datos hablan por sí solos: cerca de 60 por ciento de la superficie cultivada del país es soja, y más de 90 por ciento de su producción se exporta; más del 50 de esa producción es controlada por el 3 por ciento del total de productores; desaparecieron un tercio de los pequeños productores; el uso de agrotóxicos se incrementó en un 1190 por ciento con respecto a 1996, generando procesos de contaminación; los desmontes avanzan a pesar de la sanción de la Ley de Bosques; los desalojos y otras situaciones de violencia no cesan, como muestra el asesinato de Cristian Ferreyra y Miguel Galván, entre otros.

Para que los sectores dominantes de este modelo agrícola sigan elevando su rentabilidad, requieren de la modificación de ciertas normativas. Por ello, la presión para modificar la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenética Nº 20.247 que tomó un nuevo impulso en 2012; y la de Fitosanitarios (agrotóxicos), como ya lo ha expresado la Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA) a fines de 2014.

La Ley de Semillas actual, que data de 1973, legisla sobre toda la producción, certificación y comercialización de semillas (no sólo las transgénicas), y establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada Derechos de Obtentor. La ley vigente reconoce que no lesiona ese derecho quien reserva y siembra semilla para su propio uso. La reforma lo que intenta es restringir cada vez más esa posibilidad, al tiempo que busca incrementar sanciones, otorgando a las empresas el poder de policía para controlar y fiscalizar los campos en el caso de que se presuma que la ley no se cumple.

La ley de agrotóxicos flexibilizaría las reglamentaciones de control de esos productos. Se eliminaría la posibilidad de “cancelación de un registro otorgado o la reclasificación de un producto” ante evidencia científica sobre efectos adversos y nocivos sobre la salud, desconociendo el “principio precautorio” establecido en la Ley General de Ambiente.

El modelo en los términos planteados se ha vuelto insostenible. La convivencia entre los agronegocios y otras formas de hacer agricultura no es la salida, ya que sólo llevan a la subordinación de esas agriculturas por los esquemas de producción y comercialización dominantes. Es urgente y necesario avanzar en políticas de transición hacia otro modelo agroalimentario, que vuelva a poner el eje en la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados; y en el cuidado de la biodiversidad y el resto de los recursos naturales, que son antes que nada bienes comunes.

* Becario doctoral del Conicet. Integrante del Espacio de Ecología Política del Movimiento Popular Patria Grande.

** Docente FSOC UBA. Integrante del Espacio de Ecología Política del Movimiento Popular Patria Grande.

Por Anabel Marín*, Lilia Stubrin** y Antonella Perini***

“El desafío es diversificar”

La importancia de la diversificación productiva para el crecimiento de los países ya casi no se discute. La historia muestra que el crecimiento y la expansión en el número de productos producidos y exportados van de la mano. La pregunta más importante, sin embargo, permanece elusiva. ¿Cómo incentivar un proceso de diversificación productiva en América latina? ¿Qué tipo de actividades incentivar y con qué tipo de incentivos?

La respuesta parece no ser sencilla, pues las experiencias y condiciones del pasado difícilmente se repitan. El éxito de los cuatro Tigres Asiáticos ha demostrado que la diversificación y el desarrollo son alcanzables, pero la ventana de oportunidad utilizada por aquellos ya no está disponible para los nuevos entrantes. Además, América latina tiene dotaciones de factores y una historia de inserción en el comercio mundial muy diferentes a las de los países asiáticos.

Una idea nueva está ganando al momento: los recursos naturales pueden ser utilizados como plataforma para el desarrollo de nuevas actividades productivas y tecnológicas basadas en conocimiento. Estos no sólo están utilizando crecientemente nuevo conocimiento y tecnologías sino también desarrollándolos. Además, las diversas condiciones agroecológicas generan demandas de actividades de innovación a nivel local que pueden incentivar el desarrollo del entramado productivo doméstico.

El sector agrícola en la Argentina y Brasil es un buen ejemplo, pues su dinamismo en los últimos años ha traccionado a otros como el de maquinaria agrícola, servicios informáticos y semillas. En este proceso han emergido algunas empresas domésticas de cierta envergadura. Sin embargo, si no se establecen políticas de apoyo a estas empresas y al tipo de capacidades que están desarrollando, no está claro que puedan continuar su expansión y ser base de un proceso de diversificación sostenible. En esto, el caso de las semillas es paradigmático.

Junto con la expansión masiva en la agricultura, la tasa de innovación en semillas se ha expandido significativamente en la región. Las semillas se han transformado en un bien intensivo en conocimiento. Pese a la importancia de unas pocas empresas multinacionales que desarrollan eventos transgénicos, algunas empresas e instituciones domésticas están jugando un papel central. Sus soluciones tecnológicas son altamente demandadas a nivel local y explican gran parte de las mejoras en producción y productividad. En la Argentina y Brasil, para los principales cultivos industriales, tres de las primeras siete empresas más importantes son de origen argentino. Don Mario, por ejemplo, es líder en soja en los mercados más importantes de la región: 50 por ciento en la Argentina y cerca del 40 en el sur de Brasil.

Esto les ha permitido permanecer y negociar con las grandes multinacionales las condiciones de reparto de la renta y acceso a tecnologías. Sin embargo, las condiciones institucionales actuales amenazan su supervivencia. Los regímenes de propiedad intelectual, por ejemplo, crean una situación de desequilibrio, ya que favorecen a las empresas multinacionales frente a las domésticas. Dentro de éstos, los propietarios de variedades vegetales (típicamente firmas domésticas) no pueden acceder a los genes protegidos por patentes sin licencia, mientras que los propietarios de genes (típicamente multinacionales) pueden legalmente acceder a las variedades vegetales sin la autorización de los obtentores y sin compensación.

Estas asimetrías hacen que Monsanto, propietario de los genes, pueda captar el 66 por ciento del valor de las semillas de soja, mientras que el otro 33 se reparte entre los desarrolladores del germoplasma (por ejemplo, Don Mario) y las empresas que multiplican las semillas. Esta situación ha llevado a muchas empresas a desaparecer o ser absorbidas.

Una visión negativa de los recursos ha militado en contra de políticas para incentivar la acumulación de capacidades en sectores de recursos naturales. Aún hay importantes desafíos que pueden y deben ser abordados por políticas públicas para que las empresas domésticas puedan ocupar un lugar importante en las cadenas de valor globales de innovación en semillas. De lo contrario, hay riesgo de perder una interesante oportunidad.

* Investigadora de Conicet y Cenit/Untref.

** Investigadora del Cenit/UNL.

*** Investigadora del Cenit.

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