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Las acciones legales iniciadas en Inglaterra contra el Bank of New York Mellon (BoNY) por grandes fondos de inversión que poseen bonos argentinos en euros arrojaron sus primeros resultados. La Justicia británica determinó que los 225 millones de euros depositados por el país en las cuentas del BoNY en el Banco Central están regidos por la legislación británica y son propiedad de los denominados Eurobondholders. Se trata del pago de vencimientos de intereses efectuado a fines de junio de 2014. Esos fondos están bloqueados por una orden del juez Thomas Griesa. El tribunal de Londres no ordenó al BoNY canalizar los euros retenidos y su decisión no tendrá implicancias inmediatas sobre la causa en Nueva York. No obstante, fortalece la presión de los bonistas, convalida la postura argentina y deja abierta la posibilidad para avanzar en sanciones al banco por incumplir con sus obligaciones. La definición del tema de fondo, una posible sanción contra el banco por incumplir con el contrato de fideicomiso, será abordada más adelante en las Cortes inglesas. “La continuidad de la situación de parálisis puede tener una serie de consecuencias bajo la ley inglesa”, advirtió el juez David Richards en el texto que se conoció ayer.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firmes las extravagantes decisiones del juez Griesa a favor de los fondos buitre, la disputa legal se ramificó a tribunales por todo el mundo. Las órdenes dispuestas por el magistrado para garantizar el cumplimiento de su sentencia a favor de los buitres prohibieron al BoNY, el agente de pago de la deuda reestructurada, transferir cualquier pago realizado por el país. Como la restricción alcanzó a los pagos correspondientes a los títulos en euros con ley inglesa, los propietarios de esos papeles se sumaron a la disputa. Los fondos Quantum Partners, que dirige el financista húngaro-estadounidense George Soros y Hayman Capital Master, cuyo titular es el multimillonario texano Kyle Bass, encabezaron la defensa de esos intereses.
Ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, los denominados Eurobondholders intentaron frenar los intentos buitres para apropiarse de esos fondos y también revertir la decisión. Con el objetivo de fortalecer su defensa frente al errático comportamiento de las Cortes norteamericanas buscaron el respaldo del sistema judicial británico. Iniciaron una demanda en Londres contra el banco pagador, ya que sus bonos fueron emitidos bajo la legislación inglesa.
Ayer el juez inglés David Richards no resolvió la cuestión de fondo, pero dio los primeros pasos en ese camino al responder un conjunto de pedidos de Soros y Bass. La High Court of Justice de Londres ratificó que los 225 millones de euros pagados por Argentina a fines de junio de 2014 están regidos por ley inglesa. Adicionalmente, indicó que los pagos realizados por Argentina están depositados en fideicomiso. De esa forma, dio por tierra con la pretensión buitre para que se declare ilegal al depósito efectuado por el equipo económico habilitando la captura de esos fondos para cancelar su sentencia.
“Los fondos están fuera del alcance del juez Griesa”, interpretó el Ministerio de Economía a través de un comunicado. Si bien el país no forma parte de esa causa, los funcionarios del equipo económico celebraron la decisión de la Justicia inglesa: “Dejó en claro que Argentina no estuvo ni está en default, ya que este dinero pertenece legítimamente a los bonistas. Esta posición se contradice con lo afirmado por los fondos buitre, el juez Griesa, su mediador Pollack y no pocos especialistas locales que no querían reconocer el pago”.
El juez inglés no accedió a emitir una declaración afirmando que las decisiones de una Corte extranjera, las órdenes del magistrado Thomas Griesa, no pueden afectar un contrato gobernado por el derecho inglés. Esa decisión hubiera sido un respaldo todavía más contundente. “Argentina, que no es parte en esta causa pues se trata de una disputa entre los fondos buitre y los bonistas argentinos, espera que éste sea un paso dirigido a que los tenedores de bonos perciban los fondos que Argentina pagó y legítimamente les pertenecen”, expresó el Palacio de Hacienda.
Como ya informó Página/12, desde la Justicia de Inglaterra no emergerá ninguna medida con efectos prácticos inmediatos contradiciendo al sistema judicial estadounidense. Sin embargo, un desarrollo favorable en esa instancia tiene repercusiones en la puja con los buitres: si Griesa estuviera presionado a habilitar al BoNY a canalizar los pagos de los bonos con legislación europea –como sucedió con el caso del Citi por los bonos con ley argentina–, el cerco que han montando los buitres sobre el gobierno argentino para forzarlo a pagarles se debilitaría un poco más.
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