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El potente lobby del holding Techint está obturando la posibilidad de comenzar un debate profundo sobre estrategias de desarrollo a partir de los acuerdo con China. Detrás de su temor al ingreso de tubos con y sin costura de origen chino al mercado local que desplazarían a su propia producción ha encolumnado a fuerzas políticas de la oposición, sectores industriales vulnerables a la influencia de la familia Rocca y gran parte de los medios de comunicación en una cruzada contra la alianza estratégica integral con la potencia mundial con la que casi todos los países quieren hacer negocios. En esa resistencia predomina el beneficio particular de un conglomerado económico por encima de los intereses nacionales, grupo que siempre ha tenido la habilidad para que diferentes gobiernos los atienda, incluyendo los kirchneristas con medidas antidumping de protección a su producción, entre otras medidas. El repentino fervor antiimperialista contra China no es creíble en representantes y voceros del poder económico que se han abrazado históricamente a la dependencia primero de Gran Bretaña y después de Estados Unidos.
China tiene como principal estrategia en la región el acceso a las fuentes de materias primas, y los países latinoamericanos necesitan financiamiento para infraestructura, fondos que puede aportar China. Ese tipo de relación es la que se está desplegando en estos años. En 2014, China prestó 22.100 millones de dólares a Latinoamérica, monto superior a los 20 mil millones de financiamiento conjunto del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los principales países receptores de los fondos de China fueron Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Estos datos son parte de un informe del centro de estudios Diálogo Interamericano de Washington, coordinado por Kevin Gallagher, de la Universidad de Boston.
Ese documento forma parte del lobby estadounidense desplegado en varios frentes con la misión de comenzar a construir el peligro chino sobre Latinoamérica. De todos modos, la información proporcionada es relevante para saber que el vínculo con el gigante asiático no es una excentricidad del gobierno de CFK. El año pasado, Brasil recibió 8600 millones de dólares, seguido por Argentina con 7000, Venezuela con 5700 y Ecuador con 820 millones. Esos fondos se canalizaron a sectores extractivos (minería y energía) y de infraestructura (transporte y transmisión eléctrica). En 2013, el monto girado por China a la región ascendió a 12.900 millones de dólares, concentrado fundamentalmente en Venezuela, que recibió 10.100 millones, y más atrás México con 1000, Jamaica con 749, Ecuador con 691, Honduras con 298 y Costa Rica con 101 millones de dólares. El informe estima que, desde 2005, China ha concedido préstamos a América latina por un total de 119.000 millones de dólares, la mayor parte procedente de las entidades estatales China Development Bank (83.000 millones) y China Export-Import Bank (20.900 millones). Venezuela concentra casi la mitad de esa financiación, con 53.600 millones, seguida por Brasil (22.000 millones de dólares), Argentina (19.000 millones) y Ecuador (10.800 millones). Con Nicaragua existe el proyecto de abrir un canal bioceánico que demandará de 60 a 80 mil millones de dólares.
Los acuerdos con China son un desafío para los responsables de gestionar políticas nacionales que definen el paradigma de desarrollo. La opción conocida es la de una economía argentina cumpliendo el papel de proveedor de materia prima en una integración pasiva a la división internacional del trabajo, como quieren grupos dominantes con diversas expresiones en fuerzas políticas y en un amplio lote de economistas con presencia pública, o la alternativa superadora de aprovechar esa alianza para diversificar la economía con productos con valor agregado. Techint determina su opción de acuerdo a la conveniencia de sus negocios. Por eso es relevante neutralizar su lobby para poder construir una estrategia de desarrollo nacional, que incluya a ese grupo económico como a otros, pero sin quedar condicionada a los negocios particulares de los integrantes del poder económico.
Las voces de alarma de la Unión Industrial Argentina sobre el riesgo de la dependencia al financiamiento chino advierten sobre el peligro de la desaparición de ramas industriales y la invasión de trabajadores asiáticos. Esos temores expresan una doble vara de abordaje sobre cómo relacionarse con las potencias económicas. Los mismos que hoy asustan con el fantasma de China, con lecturas superficiales de cláusulas de los convenios rubricados en Beijing, son quienes festejaron la firma de más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión durante la década del ‘90 que implicaron la cesión de soberanía jurídica y económica a favor de multinacionales. Y hoy no los cuestionan.
Manifiestan preocupación por las condiciones laborales o por los puestos de trabajo locales, y fueron los que impulsaron, contando con la presión financiera del FMI y Banco Mundial, la flexibilización laboral. Hoy propondrían lo mismo. Además, promueven una fuerte devaluación en su campaña diaria de atraso cambiario para disminuir el costo laboral, lo que significaría licuar el poder de compra de los trabajadores. O sea, asustan con el desembarco de contingentes de trabajadores chinos, una fantasía que sólo puede ser expuesta por el contexto de pérdida de límites para el despropósito mediático, pero desean trabajadores argentinos con salarios chinos. Para esa tarea la UIA tiene un representante con experiencia en José Ignacio de Mendiguren, quien ocupó el Ministerio de Devaluación y Pesificación Asimétrica durante la gestión de Eduardo Duhalde. En esa militancia intensa vale todo, hasta dejar trascender a la prensa que la hija de Juan Carlos Lascurain trabaja en Techint, como venganza porque el dirigente de Adimra relató una anécdota del ámbito político ocurrida durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
El artículo 6 del convenio marco con China establece que “con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional aplicable, cada Parte otorgará a los nacionales de la otra, facilidades para la realización de actividades lucrativas (...) en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo para el ejercicio de dichas actividades”. Las condiciones de contratación de eventuales trabajadores chinos (por ejemplo, técnicos para las obras ferroviarias, de las represas o de las centrales nucleares) serán bajo la legislación local, o sea que no vendrían por salarios miserables y normas de extrema flexibilidad laboral, como publicita la campaña antichina. La conducción de la UIA dominada por Techint debería saber que en China ha comenzado una tendencia al alza de los salarios reales como parte de un pausado cambio en el paradigma de desarrollo, que apunta a fortalecer el mercado interno como motor del crecimiento.
Algunos de los máximos dirigentes empresarios dicen que están inquietos por actividades económicas que podrían verse afectadas por la producción china y por el peligro de la extranjerización. En los noventa, algunos vendieron sus empresas a multinacionales y otros participaron de privatizaciones para luego vender su parte a grupos del exterior. Aunque parezca paradójico, la UIA no puede ofrecer antecedentes rutilantes de críticas a la extranjerización y de defensa de la industria y el empleo nacional. La década del ‘90 los condena. El artículo 2 del Convenio Complementario de Cooperación en Materia de Infraestructura entre la República Argentina y la República Popular China, establece que “las condiciones particulares de aplicación y ejecución de las obras de infraestructura procurarán favorecer la incorporación de empleados, bienes de capital y componentes de origen local”. En relación con esos proyectos de obras públicas de infraestructura no se les está dando a los chinos nada que no se encuentre ya previsto en la legislación nacional. Son las mismas disposiciones de tratados con otros países, como por ejemplo con España e Italia, ambos vigentes y ratificados por el Congreso Nacional y propuestos por el gobierno de Raúl Alfonsín.
Las arremetidas contra los acuerdos de cooperación con China porque el país sufrirá una invasión de trabajadores chinos, o porque se importará todo para las obras públicas con financiamiento chino han servido como pantalla para la campaña proteccionista de su mercado por parte de Techint, cuyo objetivo es cerrar el mercado local de sus productos a la competencia china. Si esa posición dominante que tiene Techint en la plaza local se reflejara en más inversiones, aumento de productividad y precios competitivos, el holding de la familia Rocca tendría un poco de legitimidad en sus reclamos. La que consigue es por su potente lobby, pero no por los números de esas variables, por caso en la de los precios. De acuerdo al relevamiento mensual de precios de insumos difundidos (que impacta en toda la cadena productiva, y finalmente en la inflación al consumidor), realizado por el Centro de Investigaciones y Gestión de la Economía Solidaria (Ciges), en el rubro Hierros/Aceros (chapas), de los ocho productos estudiados, todos han aumentado en el primer mes de este año entre 3,3 y 7,4 por ciento, con un promedio de 5,8 por ciento que supera cualquier medición de precios privados u oficiales, mientras que el alza acumulada de 2014 fue del 58 por ciento.
El proteccionismo a la producción de Techint, y al resto del sector siderúrgico, tiene más costos económicos para otras ramas industriales y trabajadores que el fantasma del peligro chino.
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