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Las entidades de defensa de los consumidores celebraron el comienzo del Sistema de Conciliación Previa Obligatoria entre usuarios y compañías, que comenzará a regir el próximo lunes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, según adelantó en su edición de ayer Página/12. La conciliación reemplazará al entramado de posibilidades para iniciar los trámites que rigen en la actualidad, todas ellas lentas y poco resolutivas, y su principal mejora radicará en los tiempos y en la efectividad, porque el plazo de la conciliación no deberá superar los dos meses y la concurrencia de las empresas será obligatoria. Si el conflicto no encuentra arreglo en la conciliación, debería pasar a los auditores administrativos o al fuero judicial del consumidor, pero la implementación de esas instancias será más adelante. El Gobierno confía en que la mayor parte de los reclamos se resuelvan en esa etapa inicial.
La presentación del sistema fue anteayer, en un acto encabezado por el secretario de Comercio, Augusto Costa, y su par de Justicia, Julián Alvarez, en donde se inauguraron 19 mesas de ayuda del programa “Consumo Protegido” en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Se prevé que estos centros sirvan como mesa de ayuda para que los consumidores acerquen reclamos y consultas sobre conflictos con empresas comercializadoras de bienes o prestadoras de servicios.
Las entidades de consumidores, que en su momento participaron en la confección del proyecto de ley de creación del “fuero del consumidor”, aprobaron el lanzamiento de la etapa de conciliación. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, resaltó que “la gran novedad es que ahora va a haber cientos de conciliadores en muchos espacios institucionales. Eso permitirá dar asistencia a la alta conflictividad que tiene nuestro sistema, que en la actualidad no satisface las necesidades de los consumidores”. Advirtió también que “la implementación del sistema de conciliación previa es un paso importante, pero sólo el primero. El Gobierno tiene que seguir avanzando en la definición de los auditores y de los jueces específicos que integrarán el fuero del consumidor”.
En la misma línea, Pedro Bussetti, de Deuco, dijo que es positivo que el consumidor tenga la instancia de conciliación para resolver sus conflictos y pidió que “se implemente rápidamente el fuero federal de Defensa del Consumidor, para que esta medida que comenzará a regir en la Capital logre adhesión en las provincias y llegue a todos los habitantes del país”. “Ojalá que el sistema se replique en las provincias”, expresó Bussetti. Por su parte, Beatriz Buitrago, de Consumidores Argentinos, destacó que si la empresa no asiste a la instancia de conciliación, será sancionada y que si la inasistencia es injustificada parte de la multa la cobra el consumidor. “Si las empresas son buenas, no van a tener inconveniente en concurrir a la conciliación y resolver el problema”, indicó.
En tanto, Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores de la Argentina, planteó que “el hecho de que la asistencia de la empresa sea obligatoria hace que la resolución de los confictos no quede librada al arbitrio de los más poderosos, sino que tiende al equilibrio de la relación entre empresa y consumidor”.
La Secretaría de Comercio ya capacitó a 250 conciliadores, que estarán distribuidos en los distintos barrios porteños.
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