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El Citibank se decidió por la puerta de salida. El holding estadounidense envió ayer una carta al juez Thomas Griesa en la que comunica que dejará el negocio de custodia de los bonos argentinos ante la imposibilidad de cumplir con su orden de bloquear el circuito de pago de los servicios de deuda bajo legislación argentina sin infringir las leyes bancarias del país. Eso lo enfrentaría al riesgo de perder su licencia y a que se inicien causas penales contra sus directivos. De todos modos, en la misiva al magistrado el banco reiteró la solicitud de una suspensión de la orden de bloqueo y una audiencia para analizar el impacto de su negativa del 12 de marzo pasado a permitir los pagos. El Gobierno había emplazado horas antes del envío de esa carta al Citibank para que informe si canalizará los próximos vencimientos: “Se intima nuevamente a esa entidad para que en el término de 48 horas informe a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía la actitud que adoptará en relación con la distribución de los pagos efectuados y próximos a realizarse”, señaló el Palacio de Hacienda en una dura carta enviada al holding bancario, en la que lo responsabiliza por haber consultado a Griesa sobre cuestiones de índole doméstica.
“Citibank ha decidido instruirle a su sucursal en Argentina desarrollar y poner en práctica un plan para retirarse de la actividad de depositaria llevada a cabo en la Argentina tan pronto como sea posible”, comunicó la casa matriz del banco a Griesa. El holding fundamentó la decisión en la negativa de ese tribunal a “permitirles procesar el pago del 31 de marzo (de los bonos PAR) a sus clientes que poseen títulos con legislación argentina”, para el cual fue contratado, y a la eventualidad de que, en caso de cumplir con su orden, “la Argentina le retire la licencia para operar como entidad bancaria e imponga sanciones penales, civiles y administrativas”.
El Citi quedó en una situación incómoda que, según explica Economía, se autoinfligió. Cuando el magistrado neoyorquino sentenció que el país debía pagarles a un grupo de fondos buitre 1330 millones de dólares en efectivo y en un solo pago junto con los servicios de deuda reestructurada. El 28 de julio, Griesa decidió bloquear el cobro de esos vencimientos depositado por el país en el Bank of New York Mellon (BoNY) hasta que se les pagara a los buitres. En ese momento la filial argentina envió una carta consultándole al juez de Manhattan cómo actuar con la deuda bajo legislación argentina, tanto en pesos como en dólares. Esa consulta, que recriminan en Economía, habilitó a Griesa a traspasar con sus órdenes su jurisdicción.
“Cualquier pedido de aclaración en la causa devenía innecesario, por lo que Citibank debió abstenerse de formular pedidos de nuevas aclaraciones que tuvieron el efecto, por un lado, de confundir al mercado y a los tenedores sobre el alcance de sus derechos y los efectos extraterritoriales de las medidas pari passu dictadas por el juez Griesa en los Estados Unidos y, por el otro, de abrir la posibilidad de que el juez vuelva a dictar medidas judiciales que exceden su jurisdicción y vulneran el orden público argentino”, señala la carta que lleva la firma del secretario legal y administrativo de Economía, Federico Thea. La carta insiste con que la entidad se encontraba “registrada, constituida y autorizada para operar en la República Argentina conforme la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 para proceder al pago de los intereses de los bonos sujetos a ley y jurisdicción argentina para su distribución a los tenedores”.
Las decisiones del magistrado son de imposible acatamiento sin incumplir las leyes financieras argentinas, dado que se trata de “una sentencia de tribunales extranjeros en la Argentina, sin que la misma cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, detalla el comunicado de Economía. El texto agrega que ese incumplimiento además afecta el orden público argentino. “En este sentido, se le recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tuvo oportunidad de pronunciarse (caso Claren), estableciendo que las órdenes judiciales dictadas por el juez Griesa, al instituir una mecánica que bloquea el procedimiento de cobro de la deuda pública reestructurada, resultan contrarias al orden público argentino”, recuerda el comunicado, en el que reitera que “el incumplimiento de su obligación (a canalizar los pagos) puede derivar en la suspensión y revocación del registro (para operar)”.
Con el objetivo de evitar que la reprimenda legal alcance a todas las operaciones del banco en el país, la casa matriz decidió apartarse del proceso. “La manera exacta en la cual Citibank Argentina se retirará de sus actividades de depositaria todavía no se han determinado de forma acabada, pero puede que incluya la venta de ciertas fracciones de su actividad de depositaria o la extinción con aviso previo de contratos de cuenta que mantiene con sus clientes”, explica en el escrito a Griesa, en el cual reitera la necesidad de “llamar a audiencia cuanto antes” para abordar las cuestiones que se suscitaron como resultado de las órdenes de su tribunal. En un comunicado, el Citi reitera que el negocio de custodia no tiene relación material alguna con los negocios bancarios en general”, con el objeto de dejar en claro su intención de mantener su actividad en el país.
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