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Los conflictos sobre la tenencia de la tierra atraviesan la historia familiar de campesinos, pequeños agricultores y pueblos originarios. La llamada ley veinteañal, regulada por el Código Civil y Comercial, le otorga a una persona el derecho de quedarse con la tierra donde vive y cultiva. Esto es definido en la normativa, aunque en la práctica es más conflictivo. A través del Programa Nacional de Titulación de Tierras y Arraigo Rural, que depende del Ministerio de Agricultura, el Estado resolvió durante el año pasado la situación dominial de 500 familias de Misiones, Mendoza, Chaco y La Rioja. Además, a través de esa cartera entregó recursos por casi seis millones de pesos para que puedan financiar mensuras, obras de infraestructura, cerramientos, estudios geoeléctricos, perforación de pozos de agua y firmas de escrituras. Lo característico de estos casos es que ninguno estaba judicializado, lo que facilitó el accionar estatal. Agricultura espera incorporar otras 1000 familias este año.
El programa fue creado a partir de la resolución 449/2013 dictada por la Secretaría de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, que depende de Javier Rodríguez. El objetivo de esta política es “contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales de la Argentina” y resolver las situaciones conflictivas junto a los gobiernos provinciales y municipales. “Estas acciones tienen que analizarse en conjunto con la ley que puso límites a la extranjerización de la tierra. Primero se avanzó en ese sentido, ahora buscamos otorgarles derechos y seguridad jurídica a los pobladores rurales”, sostuvo a Página/12 Carla Seain, subsecretaria de Coordinación Política.
En el Departamento de San Pedro (Pozo Azul), el Estado financió la realización de mensuras y la firma de escrituras por 380.876 pesos a partir de los cuales 27 familias de pequeños productores que ocupan tierras privadas pudieron resolver su situación. En total fueron regularizadas 430 hectáreas divididas en 30 lotes.
En el área conocida como Mojón Grande I, ubicada en el Departamento homónimo, 63 familias ocupaban tierras fiscales. A través del programa de regularización dominial, recibieron 1.158.735 pesos para financiar mensuras, la recuperación de vertientes, la perforación de pozos de agua y el fortalecimiento del autoconsumo. Las hectáreas regularizadas fueron 1853, divididas en 76 lotes, que también incluyó una reserva ecológica municipal y un cementerio.
El proyecto Puerto Argentino II, sobre el Departamento de San Pedro, incluyó la regularización de 75 parcelas para 70 pequeños productores y 5 parcelas para los servicios municipales. En total se entregaron 660.000 pesos que cubrieron las escrituras, recuperación de vertientes y perforación de pozos sobre un total de 374 hectáreas.
El proyecto Santa Rita regularizó la situación de 33 familias pertenecientes a la Agrupación Colonia Agropecuaria Santa Rita. Fueron 68 hectáreas ubicadas en tierras fiscales, donde también se regularizó una parcela para uso comunitario. En total, el Estado otorgó 640.000 pesos.
En el Departamento de Lavalle, Agricultura otorgó 1.500.000 pesos para el proyecto La Estación Jacoli, que regularizó la situación de 29 productores y sus familias. Fueron 250 hectáreas sobre tierras fiscales ocupadas por la Asociación Campesinos de Cuyo.
En el Departamento de Luján de Cuyo se regularizó la situación de 33 productores a los que se le entregó, a través de la Agrupación Unión Vecinal El Llano, 810.626 pesos, que sirvieron para financiar mensuras y obras de perforación.
El Proyecto Sausalito I incluyó a 320 familias de la comunidad Wichí, que ocupan un total de 1208 hectáreas. El Estado les otorgó a través de la Asociación Comunitaria Nuevo Amanecer 757.000 pesos destinados a financiar alambrado y obras de riego para uso agropecuario.
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