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El directorio del Fondo Monetario Internacional se reunió ayer para analizar la situación económica de la Argentina. El organismo de crédito realiza una vez por año esta clase de “encuentros informales” para revisar la coyuntura de los países que no aceptan la revisión de las estadísticas a través del artículo IV.
La institución decidirá en las próximas semanas si acepta los cambios metodológicos del Indec en materia de medición de precios y actividad, lo que implicaría levantar la moción de censura sobre indicadores oficiales que aplicó en febrero de 2013.
La Argentina pagó en efectivo cerca de 10 mil millones de dólares al Fondo en 2006, con el objetivo de liberarse de los condicionamientos económicos del organismo internacional de crédito. Desde la entidad insistieron ayer en que “el país hace 90 meses que rechaza el diálogo”.
El FMI realizó una evaluación del panorama macroeconómico del país, tarea que ya había repetido unas semanas atrás con la publicación del documento Perspectivas Económicas para América. La necesidad de devaluar para recuperar la competitividad, la apertura comercial irrestricta (levantar los controles a las importaciones) y el cambio del sistema de administración cambiara para posibilitar libre compra de divisas fueron las recomendaciones centrales de la institución para la economía argentina. El diagnóstico respecto de la situación del mercado interno también contempló la propuesta de avanzar en un recorte de la inversión del sector público, con el objetivo de recuperar los equilibrios fiscales y evitar presión de precios. Las recetas no fueron distintas a las que se plantearon en los ’90, cuando el país alcanzó un desempleo de más del 20 por ciento y la mitad de la población era pobre.
“Los desequilibrios macroeconómicos de Argentina siguen siendo importantes, tras un período prolongado de expansión fiscal basada cada vez más en el financiamiento del Banco Central”, afirmó el Fondo Monetario Internacional, en un diagnóstico que apunta a disminuir los gastos del sector público y, por tanto, la capacidad de intervención del Estado en la economía. El planteo del FMI contempla una lectura convencional respecto del rol de los bancos centrales en materia de política económica. La lógica del organismo de crédito es que la autoridad monetaria no debería concentrar sus iniciativas para promocionar la producción y la estabilidad del mercado de trabajo, objetivos prioritarios en la Carta Orgánica del Banco Central argentino, sino que debería centrarse en las medidas asociadas al control de precios.
Los técnicos del Fondo también apuntaron contra la “ineficiencia” que genera el Estado cuando interviene para administrar la compra de dólares y cuando regula los bienes de importación que ingresan a la economía. “Las restricciones invasivas sobre el comercio y los mercados cambiarios crearon un nivel de brecha importante entre el tipo de cambio oficial y el informal”, mencionaron, para que agregar que frente a estas distorsiones “la flexibilidad cambiaria (la devaluación) juega un rol fundamental”. Además del pedido de devaluación, se mencionó la necesidad de “liberar” el intercambio comercial.
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