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La ansiedad acerca de cuáles pueden ser los cambios o continuidades en la gestión económica es dominante en los meses previos a la elección del nuevo presidente. Especular con qué medidas aplicará o debería instrumentar el próximo gobierno es el deporte preferido de analistas inclinados a reproducir deseos de diferentes lobbies. Las áreas preferidas para volcar toda la capacidad de presión para condicionar a la futura administración son la cambiaria (advierten sobre la inevitabilidad de una devaluación), la impositiva (proponen bajar retenciones y Ganancias para trabajadores en relación de dependencia), el conflicto judicial con los buitres (aconsejan cerrar un acuerdo rápido) y la fiscal (reclaman subir tarifas para reducir subsidios con el objetivo de limitar la expansión del gasto público), entre las principales. Es la agenda habitual que hombres dedicados a la comercialización de información económica distribuyen en círculos empresarios y mediáticos. Más allá de declaraciones de campaña electoral, la orientación que elegirá el nuevo presidente ante esas exigencias desplegadas en el terreno económico por ahora es una incógnita. En uno de los frentes sin embargo no hay dudas. El nuevo habitante del principal despacho de la Casa Rosada deberá obligatoriamente realizar algunos cambios en la administración del comercio exterior. Las modificaciones no serán por propia decisión sino forzadas por la resolución de una controversia en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio.
Las resistidas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) empezarán a tener pequeñas correcciones en los próximos meses para satisfacer las demandas de Estados Unidos, Unión Europea y Japón. El plazo de adecuación vence el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, si el próximo gobierno pretende continuar con la estrategia de administración del comercio exterior tendrá que encontrar instrumentos efectivos que reemplacen a las DJAI o reformularlas de tal modo que no despierten nuevas observaciones y cumplan con las normas de la OMC.
La administración del comercio exterior, siendo las DJAI una medida importante pero no única, tiene como objetivo la sustitución selectiva de importaciones, el manejo prudente de las reservas en divisas y el incentivo de inversiones en el mercado local para impulsar el empleo y las exportaciones. Es la estrategia básica del proteccionismo para el desarrollo industrial que las actuales potencias económicas han aplicado con éxito y que, alcanzada esa meta, luego se convirtieron en promotores del libre comercio internacional. Para esta última tarea tienen de aliado a la OMC, institución multilateral donde Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tienen una marcada influencia.
La OMC difundió un primer informe crítico sobre las DJAI el 22 de agosto de 2014 sentenciando que Argentina debía eliminarlas. Ese fallo fue apelado el 26 de septiembre pero pocos meses después (15 de enero pasado) el planteo argentino fue rechazado. El Gobierno manifestó entonces la intención de aplicar las recomendaciones realizadas por el panel arbitral de la OMC que se ocupó de las DJAI. En forma conjunta definieron hasta fin de año el plazo para implementar los cambios. No existe una exigencia de su eliminación pero ese mecanismo de regulación del comercio debe ser adecuado a los principios del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio firmado en 1994) que, en la práctica, reduciría su actual alcance.
En el último año, con la amenaza latente del fallo de la OMC, la administración del comercio exterior adquirió más complejidad que la sola aplicación de las DJAI atadas a planes 1 a 1 (la autorización para la importación de bienes estaba vinculada a la exportación por un monto equivalente). Descartado ese esquema rústico que generó un mercado secundario informal de compraventa de cuotas de exportación sin ningún incremento de las ventas al exterior, la nueva gestión económica liderada por Axel Kicillof empezó a implementar un sistema más preciso de acuerdos con objetivos detallados y planificados con las empresas necesitadas de importar.
En 2014 se alcanzaron 633 acuerdos con grandes empresas, que representaban 52.491 millones de dólares de importación en ese año, y 3086 con pymes por 4677 millones (en 2015 se sumaron otras 1500). En total, excluidas las compras al exterior de combustibles, aviones y trenes, el nuevo régimen de administración del comercio abarcó el 87 por ciento de las importaciones de 2014 (se ha elevado al 90 por ciento en este año). Los acuerdos con las empresas tienen el objetivo de una sustitución selectiva de importaciones definiendo metas mensurables de producción, empleo, exportación e inversión. El seguimiento es con informes mensuales y trimestrales por sector y empresa, y quienes no cumplen con los objetivos comprometidos tienen como consecuencia la reducción del monto permitido de importación. De esa forma se ha diseñado un mecanismo aceitado de administración del comercio que sólo provoca fastidio en el mundo empresario pero que no ofrece flancos de críticas fundadas porque las condiciones de los acuerdos son precisas en base a indicadores previamente determinados y consensuados.
El régimen de administración de comercio ha fijado pautas diferenciadas de importación. Ha priorizado el uso de divisas para importar insumos y bienes de capital que no se producen en el país y cuyo ingreso resulta fundamental para el desarrollo de la actividad industrial y el crecimiento del empleo. A la vez, ha reducido la autorización de importaciones de productos terminados suntuarios para la comercialización en el mercado doméstico o de bienes correspondiente a sectores donde se ha detectado capacidad de producción local. De esa forma el equipo económico ha pretendido impulsar proyectos de inversión sustitutivos de importaciones como también alentar una mayor integración local en la cadena de producción.
Los resultados de esa estrategia han sido sustancialmente mejores que el sistema anterior: el ahorro en divisas fue de 1230 millones de dólares en 2014 sin incluir el resultado del rubro electrónica ni el de autos de alta gama (el alza impositiva implicó un ahorro de 70 millones de dólares por el menor flujo importador de esas unidades). Sin contar a la industria automotriz, el ahorro de divisas en el resto de la actividad productiva ascendió a 497 millones de dólares. Teniendo en cuenta la actual estructura productiva con una elevada concentración y extranjerización, el saldo es importante con un criterio de corto plazo (un año de vigencia del nuevo régimen) pero debería ser más abultado en los próximos años con la maduración de las actuales inversiones como así también si se consolida esta política en el próximo gobierno. Más relevante que el ahorro en divisas, la política de administración del comercio en este período ha sido una herramienta esencial para preservar el nivel de empleo industrial en un contexto local e internacional desfavorable. Por caso, el equipo económico estimó que si en el rubro heladeras hubieran permitido el ingreso de importadas según el pedido de las principales empresas fabricantes y comercializadoras se habría incrementado un 10 por ciento la capacidad ociosas de las plantas locales con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
Uno de los rubros donde ha habido un intenso cambio en la tendencia importadora fue en la industria de maquinaria agrícola. El último reporte del Indec acerca de la evolución del sector destaca que en el primer trimestre de este año la facturación de máquinas de origen nacional cubrió el 87,7 por ciento del total del mercado. En el caso de tractores, desde 2004 al 2008 más del 80 por ciento de las unidades correspondía a productos importados, y ahora participa sólo del 12 por ciento. Con las cosechadoras, las importadas eran el 70 por ciento de la plaza hasta el 2010 y ahora no alcanza el 10 por ciento para el primer trimestre de este año.
La política de sustitución selectiva de importaciones, en caso de continuar durante el próximo gobierno, deberá desplegarse sin la actual estructura de las DJAI e incluir entonces formas de protección sutiles como una reformulación light de ese instrumento de regulación, los derechos antidumping, la introducción de normas técnicas, de calidad, sanitarias y fitosanitarias o el regreso de las licencias no automáticas. Todo este arsenal de protección a la producción local no debería escandalizar a los sectores conservadores que siempre convocan a imitar a los países desarrollados porque son las mismas medidas que esas economías aplican con intensidad.
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