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La disputa judicial entre Argentina y los fondos buitre tiene un nuevo round el próximo miércoles. La audiencia con el juez Thomas Griesa será en el marco de una de las causas denominada discovery, una ramificación de la batalla que sustenta la capacidad buitre de hostigamiento legal contra el país y terceras partes. Los demandantes encabezados por NML Capital fueron habilitados a requerir información sobre bienes del país localizados en cualquier parte del mundo con el objetivo de embargarlos. Como los buitres afirman que Argentina incumplió con esos pedidos de datos, Griesa accedió a discutir posibles sanciones que les facilitarían avanzar con sus intentos de ejecución de activos del Banco Central, YPF y Enarsa. Esa línea argumental ya fue rechazada por tribunales estadounidenses. Desde el equipo económico precisaron que la audiencia del miércoles no está vinculada al caso donde los inversores carroñeros solicitaron al juez extender su bloqueo al mecanismo de pago de los bonos emitidos durante el canje a toda la deuda externa del país, incluidos los Bonar 2024 (el instrumento que utilizó el Gobierno para emitir en abril bonos en dólares). En este otro proceso todavía resta un extenso intercambio de presentaciones judiciales escritas antes de llegar a un cara a cara con el magistrado. Ese encuentro recién sucedería hacia fin de año.
La estrategia buitre no es novedosa. Aunque hasta ahora nunca pudieron apropiarse de un activo argentino, las facultades legales concedidas por Griesa les otorgaron una poderosa herramienta para llevar adelante una “cacería de brujas” contra bancos o individuos que supuestamente asesoran o hacen negocios con el país, como el Deutsche Bank o JP Morgan Chase. La audiencia del próximo miércoles no mantiene ningún vínculo con la pretensión buitre de extender el alcance de las órdenes del magistrado que bloquearon el mecanismo de pago de los bonos en moneda extranjera emitidos durante el canje. “Años de litigio en este caso han demostrado que Argentina no posee propiedad en Estados Unidos que pueda ser ejecutada, ya que sus bienes se encuentran protegidos por las leyes de inmunidad soberana o se trataba de bienes que no pertenecían al país”, explica el escrito presentado ante Griesa.
“Los demandantes realizaron decenas de pedidos de discovery a la Argentina y terceros sin encontrar propiedades legalmente ejecutables, pero les ha permitido acosar a la República y llevar adelante una cacería de brujas de terceras partes e individuos que supuestamente hacen negocios o asesoran al país”, advierte el texto donde aclara que, de todas formas, se han respondido los pedidos en la medida en que no se trate de datos confidenciales o protegidos. “Es evidente que no buscan localizar activos sino que es una herramienta auspiciada por la Corte para castigar aquellas entidades que son identificadas como parte de las transacciones financieras del país”, sostienen los letrados al referirse a los avances contra bancos, como el Deutsche, que habrían intervenido indirectamente en la emisión de 1415 millones de dólares del Bonar 2024 en abril.
Demostrada la ineficiencia material de esa estrategia, los buitres aprovechan sus herramientas extorsivas para redoblar la presión política y mediática sobre Argentina. Afín a los pedidos de los letrados carroñeros, Griesa accedió a evaluar sanciones ante los supuestos incumplimientos a los pedidos de información de los demandantes. Los hedge funds propusieron que el magistrado “prohíba que Argentina refute los hechos que alegó NML”, y “que se establezca que esos hechos son considerados como ciertos por la Corte”. Específicamente, pidieron que se establezca que la propiedad argentina situada en Estados Unidos es usada con fines comerciales, a los fines de su ejecución, y que se prohíba a la Argentina alegar lo contrario.
Los miembros del equipo económico explican que, de ser convalidadas por Griesa, las excesivas pretensiones buitres reclamando que se establezca que el Banco Central, YPF y Enarsa son el alter ego de la Argentina, gatillarían un aluvión de presentaciones judiciales de esas mismas entidades en legítima defensa (el BCRA ya se impuso en una disputa similar años atrás). Pero, además, podría tener consecuencias sistémicas para Estados Unidos, ya que echaría por tierra la valiosa “seguridad jurídica” que ofrece su sistema financiero para las colocaciones de entidades públicas de todo el mundo.
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