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El Banco Central aprobó ayer un marco regulatorio para el transporte terrestre de valores, que contempla un régimen más estricto de supervisión y control para el desarrollo de esta actividad. Las transportadoras de caudales deberán cumplir con estándares más altos que los actuales en materia de solvencia y transparencia, según comunicó el organismo. El Central difundirá una lista de empresas autorizadas.
El dictado de esa normativa era una asignatura pendiente, según expresó el propio titular del Central, Alejandro Vanoli, luego de la ampliación de las facultades del organismo establecidas en la reforma de su Carta Orgánica. La medida alcanza tanto a las empresas prestadoras de servicios de transporte de valores como cuando la actividad la realizan las propias entidades financieras. La norma explicita que las empresas prestadoras de servicios de transporte de valores podrán desarrollar, como actividad complementaria al transporte de valores, el atesoramiento y custodia de valores –con excepción del alquiler de cajas de seguridad– y el recuento y clasificación de dinero.
Según la normativa, tanto las empresas prestadoras de servicios de transporte de valores como la actividad ejercida por entidades financieras deberán contar con la autorización del Central para operar. Esto implica que las entidades financieras y cambiarias sólo podrán contratar los servicios de aquellas transportadoras autorizadas e incluidas en una nómina que difundirá la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Entre las condiciones de cumplimiento permanente para la prestación del servicio se cuentan el requerimiento de un capital mínimo de 15 millones de pesos, la constitución de una garantía de desempeño en favor del BCRA y la observación de la normativa vinculada con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Además, las prestadoras deberán observar el acondicionamiento y la trazabilidad de los valores a lo largo del proceso, el cumplimiento de un régimen informativo que incluye precisiones sobre autoridades, ejecutivos, organización y actividades que desarrollen, así como cuadros tarifarios e información sobre la cantidad de dinero transportado, su origen y destino final.
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